A casi dos años del cierre del ejercicio fiscal 2024, solo la mitad de los municipios de Mendoza cuenta con sus balances aprobados por el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC), mientras que el resto continúa bajo análisis del organismo de control.
A casi dos años del cierre del ejercicio, nueve municipios cuentan con fallos aprobatorios. El resto continúa bajo análisis del organismo de control.
A casi dos años del cierre del ejercicio fiscal 2024, solo la mitad de los municipios de Mendoza cuenta con sus balances aprobados por el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC), mientras que el resto continúa bajo análisis del organismo de control.
En diciembre de 2025, el Tribunal publicó cinco nuevos fallos mediante los cuales aprobó las rendiciones de cuentas de los municipios de Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Malargüe y Rivadavia.
En el departamento del Este, si bien el ejercicio fue avalado, se aplicaron sanciones económicas al intendente Ricardo Mansur y a funcionarios de su gabinete por irregularidades administrativas. Con estas resoluciones, ya en 2026 son nueve las comunas que tienen aprobados sus balances correspondientes a 2024.
A principios de diciembre, el diario Los Andes había revelado que hasta ese momento solo cuatro municipios contaban con sus ejercicios aprobados por el organismo que preside Néstor Parés: Ciudad de Mendoza, San Martín, Junín y Tupungato. En estos casos, los fallos fueron emitidos en distintas fechas del mes de octubre.
Los 18 municipios están obligados, por la Ley de Administración Financiera, a presentar sus balances anuales al Tribunal de Cuentas una vez finalizado el ejercicio fiscal. Además, la normativa establece la presentación de informes mensuales, lo que permite al organismo realizar un seguimiento continuo y formular observaciones durante el año.
En la mayoría de los casos recientemente aprobados, el Tribunal detectó irregularidades administrativas que fueron consideradas subsanables.
Las observaciones se vincularon principalmente a errores de procedimiento, rendiciones fuera de término o deficiencias en registraciones contables, que fueron corregidas durante 2025 mediante la presentación de documentación respaldatoria o ajustes contables, evitando así sanciones.
En Lavalle (Fallo 18.348), se observaron faltas en la rendición de viáticos por $250.000 y el uso de fondos para fines distintos a los autorizados, como el pago de sonido para la Feria del Libro. Al haberse presentado la documentación justificativa fuera de término, pero de manera completa, no se aplicaron sanciones.
El Tribunal instruyó además a mejorar los controles internos vinculados al consumo de combustible del parque automotor del municipio que encabeza el intendente peronista, Edgardo Gónzalez.
Por su parte, Luján de Cuyo, mediante el Fallo 18.341, la auditoría detectó registraciones incorrectas de comisiones bancarias y la ausencia de convenios con entes recaudadores como Red Link. Las observaciones fueron subsanadas con ajustes realizados durante 2025.
Siguiendo el Gran Maipú, en Maipú, en el Fallo 18.343, se señalaron demoras en la depuración de partidas en conciliaciones bancarias y dilaciones en la rendición de subsidios por parte de beneficiarios, situaciones que fueron corregidas en el ejercicio siguiente.
Ya en el sur provincial, en Malargüe, el Tribunal observó en el Fallo 18.349 discrepancias en el inventario de terrenos por ventas por $4.3 millones y deficiencias en la base de datos de comercio, donde el 48% de los registros carecía de CUIT.
No se aplicaron multas debido a la actitud proactiva del municipio que dirige Celso Jaque, para regularizar estas situaciones mediante decretos.
Si bien todas las rendiciones analizadas fueron técnicamente aprobadas, Rivadavia fue el único municipio al que se le aplicaron sanciones económicas. El fallo 18.347, con fecha del 17 de diciembre de 2025, avaló el ejercicio 2024, pero señaló múltiples falencias en contrataciones, registraciones contables y controles internos que no fueron totalmente subsanadas.
Entre las irregularidades sancionadas, el Tribunal observó la ampliación fuera de plazo de una licitación pública para la compra de luminarias LED, en incumplimiento del artículo 149 del Decreto 1000/15, que establece que las ampliaciones deben realizarse al momento de la adjudicación.
Como resultado de las irregularidades detectadas en la rendición del ejercicio 2024, el Honorable Tribunal de Cuentas aplicó sanciones económicas a funcionarios del Departamento Ejecutivo de Rivadavia. Los montos y responsables son los siguientes:
Además, el Tribunal aplicó una multa adicional de $300.000 al contador municipal por incumplimientos en la registración presupuestaria y en el tratamiento del impuesto de sellos relacionados con contrataciones artísticas.
Durante el proceso de revisión, la Auditoría y la Secretaría Relatora detectaron otras irregularidades que, tras los descargos y la documentación presentada, fueron consideradas subsanadas.
Entre ellas, se incluyeron omisiones en el registro patrimonial de bienes y obras públicas por más de $261 millones, ajustes en la registración de fondos de coparticipación por $13.911 millones y deficiencias documentales en contrataciones específicas.
En estos casos, el Tribunal decidió no aplicar sanciones, aunque formuló instrucciones para evitar la reiteración de las irregularidades en ejercicios futuros.
El Tribunal también sancionó a funcionarios por irregularidades en la compra de cubiertas para vehículos municipales, realizadas sin justificación técnica adecuada y con deficiencias en el control de stock, una falencia reiterada de ejercicios anteriores.
Además, se analizaron las contrataciones de artistas para el festival “Rivadavia Canta al País”, donde se detectaron deficiencias en la imputación preventiva del gasto, contratos firmados antes de la autorización correspondiente y falta de acreditación de exclusividad de representantes.
El ejercicio fiscal cierra el 30 de diciembre y las comunas tienen plazo hasta el 30 de abril del año siguiente para presentar sus balances finales. Desde ese momento, el Tribunal dispone de un año calendario para emitir el fallo.
Si bien todas las gestiones municipales cumplieron con la presentación en tiempo y forma, actualmente hay nueve departamentos que todavía no tienen aprobado su ejercicio 2024: Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y General Alvear.
Desde el organismo de control explicaron que las demoras responden a la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de cada ejercicio y a las consultas que se formulan ante cualquier duda, aunque reconocieron como desafío la reducción de los plazos de fiscalización.
El proceso se inicia con la presentación de la rendición anual, que ingresa al sistema interno Sigesco. A partir de allí, un contador auditor realiza un análisis inicial y elabora un pliego de observaciones, que luego es revisado por la Secretaría Relatora y notificado al responsable del organismo.
Tras el período de defensa, el auditor emite un dictamen que determina si las observaciones fueron subsanadas o si persisten irregularidades, con o sin daño patrimonial. Finalmente, el expediente es sorteado para fallo y resuelto por los vocales del Tribunal.
El organismo puede aplicar multas por procedimientos administrativos irregulares o cargos cuando se verifica un daño a la Hacienda pública, que obliga al funcionario a resarcir al Estado.
El Tribunal clasifica las cuentas municipales según su nivel de riesgo como alto, medio o bajo, en función de variables como control interno, complejidad administrativa y sistemas contables. Actualmente, siete municipios se encuentran en riesgo alto y once en riesgo medio.
Si bien la Constitución fija un plazo máximo de un año para emitir los fallos, el promedio actual ronda los nueve meses, una mejora atribuida al avance de la digitalización y al fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.