Los 18 municipios presentaron sus balances al Tribunal de Cuentas, pero sólo cuatro ya fueron aprobados. Los demás continúan en las etapas de observación, defensa y dictamen.
Ciudad, San Martín, Junín y Tupungato son los únicos departamentos con el ejercicio 2024 aprobado; las demás rendiciones siguen en etapa de control posterior y defensa.
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Los 18 municipios de la provincia están obligados por la Ley de Administración Financiera a presentar sus balances anuales al Tribunal de Cuentas una vez finalizado el ejercicio fiscal. Hasta el momento, solo cuatro comunas cuentan con sus ejercicios 2024 aprobados por el organismo que preside Néstor Parés. Se trata de Ciudad, San Martín, Junín y Tupungato, cuyos fallos fueron emitidos en distintas fechas de octubre.
De acuerdo con la normativa financiera, los municipios deben presentar informes mensuales al Tribunal de Cuentas, que realiza un seguimiento continuo y formula las observaciones correspondientes. El ejercicio anual cierra el 30 de diciembre y, a partir de esa fecha, las comunas tienen tiempo hasta el 30 de abril del año siguiente para entregar sus balances finales.
Una vez presentada la rendición, el órgano de control inicia un análisis exhaustivo del ejercicio y dispone de un año calendario para emitir el fallo que lo aprueba o rechaza. Según informaron desde el organismo, los 14 departamentos restantes entregaron en tiempo y forma sus balances, que actualmente se encuentran en proceso de revisión.
Desde el Tribunal explicaron que el control que se realiza sobre los municipios es posterior y legal, aunque durante el año se desarrolla una "fiscalización permanente".
"El tiempo de demora en los fallos se debe a que se estudia exhaustivamente el ejercicio presentado y se realizan consultas ante cualquier duda. Uno de los desafíos es mejorar los plazos en el proceso de fiscalización. Si logramos acortarlos, también podrían reducirse los tiempos de los fallos", manifestaron desde el órgano de extrapoder.
En la misma línea, agregaron que este año "es particular" producto de las elecciones y que, por esa razón, han esperado en la emisión de los fallos porque en el tribunal indicaron que "no quieren que haya especulaciones políticas sobre nuestro accionar”.
Los Andes consultó a distintos municipios del Gran Mendoza sobre la demora en los fallos del Tribunal. Desde una de las comunas señalaron: “Estamos avisados de que contamos con el ejercicio 2024 aprobado, pero aún resta el fallo oficial y el acto administrativo. La demora puede deberse a cuestiones burocráticas; no vemos otro motivo. Hemos trabajado muy bien con el Tribunal”.
Otro municipio metropolitano indicó que está “tranquilo” con el funcionamiento del organismo, debido a que el control mensual permite corregir errores a tiempo.
“Los auditores vienen a los municipios a controlar todo. No vemos nada negativo en la demora, porque todos los fallos auditorios, tanto nacionales como provinciales, están demorados. No es un problema de Mendoza”, afirmaron.
El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de controlar la inversión de los fondos públicos provinciales y municipales, conforme a la normativa de derecho público y a los reglamentos de administración financiera. Entre sus funciones, se encuentra aprobar o desaprobar las rendiciones de los responsables del manejo de recursos del Estado y aplicar sanciones cuando corresponda.
El proceso comienza cuando cada organismo presenta su rendición anual. En el caso de los municipios, la Ley de Administración Financiera fija como fecha límite el 30 de abril del año siguiente al cierre del ejercicio. A partir de ese momento, el Tribunal dispone de un año para emitir un fallo, según el artículo 182 de la Constitución provincial.
Las rendiciones ingresan al sistema interno Sigesco, que establece un cronograma con todas las etapas del juicio de cuentas. El procedimiento comienza con un análisis inicial de un contador auditor, quien elabora un proyecto de pliego de observaciones.
Luego, la Secretaría Relatora revisa el documento y, una vez aprobado en acuerdo, se notifica al responsable del organismo. A partir de allí se abre el período de defensa, donde el funcionario debe presentar documentación y pruebas exclusivamente documentales para justificar o corregir las observaciones.
Posteriormente, el auditor analiza la defensa y emite un dictamen contable, que puede determinar que las observaciones fueron subsanadas o que persisten irregularidades, con o sin daño patrimonial. Con ese dictamen, el expediente regresa a Secretaría Relatora y luego pasa al sorteo para fallo, que es debatido y resuelto por los vocales del Tribunal.
Los 18 departamentos mendocinos presentaron sus rendiciones del ejercicio 2024. Según la Dirección de Municipalidades, la mayoría de los expedientes se encuentra actualmente en la etapa de análisis de las defensas.
Ese proceso continuará después de la feria judicial y, según los plazos constitucionales, los fallos suelen publicarse entre febrero y abril, dependiendo del nivel de riesgo asignado a cada cuenta. El Tribunal realiza un control posterior: es decir, analiza ejercicios ya finalizados, no procesos de gestión en curso.
El Tribunal puede aplicar dos tipos de sanciones:
Multa: cuando se detecta un procedimiento administrativo irregular que no cumple con la normativa.
Cargo: cuando existe un daño a la Hacienda pública, como falta de bienes o malversación de fondos, en cuyo caso el funcionario debe resarcir al Estado.
Cada organismo presenta una ficha inicial con información sobre control interno, sistemas contables, presupuesto, complejidad administrativa, cantidad de dependencias y probabilidad de cambios de gestión. Con esos datos, el Tribunal clasifica las cuentas en riesgo alto, medio o bajo.
Actualmente, ningún municipio está en riesgo bajo: siete departamentos fueron clasificados con riesgo alto y once con riesgo medio. Esta información es interna y solo se comunica a los municipios para la planificación de auditorías.
Las auditorías incluyen relevamientos cada dos años sobre el estado del control interno y recomendaciones para su mejora.
Durante el año, y hasta el 30 de abril, se desarrolla la etapa de fiscalización, donde se realizan auditorías de legalidad en paralelo con los procedimientos administrativos. Muchas observaciones se corrigen en esta instancia, lo cual reduce el volumen de reparos en los fallos.
Actualmente, once municipios presentan sus rendiciones mediante expediente digital, mientras que siete lo hacen en formato papel. Este último formato implica mayores tiempos operativos y costos de traslado para el Tribunal, lo que influye en la planificación y en la evaluación de riesgo.
Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran:
Gran parte de estas observaciones puede subsanarse durante la etapa de fiscalización previa.
Si bien la Constitución establece un año como máximo para emitir los fallos desde la presentación de la rendición, el promedio actual es de alrededor de nueve meses. Esta reducción se atribuye al avance de la digitalización y al fortalecimiento de la fiscalización previa.