El esquema consistía en la entrega mensual de una caja con productos esenciales, organizada por los Consejos Escolares de los 135 municipios de Buenos Aires.
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WebLa Provincia de Buenos Aires resolvió suspender por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un programa que distribuía alimentos básicos a cerca de 2,1 millones de familias con hijos en escuelas públicas. La medida se implementa en un contexto de fuerte presión sobre las cuentas públicas y tras la decisión de recortar gastos para evitar dificultades en el pago de salarios.
El módulo incluía alimentos como huevos, aceite, arroz, harina, levadura, leche, tomate triturado, lentejas y arvejas. Aunque no resolvía la alimentación completa de los hogares, funcionaba como un complemento clave en sectores vulnerables, especialmente en el conurbano bonaerense. El costo del programa oscilaba entre 28.000 y 30.000 millones de pesos mensuales, financiados mayormente por la Provincia.
La presión sobre las finanzas se intensificó tras la eliminación del aporte nacional, que cubría el 40% del programa. Desde 2025, ese monto pasó a ser absorbido en su totalidad por la administración provincial.
Funcionarios del área económica advierten que, sin una reducción significativa del gasto, podrían surgir dificultades para afrontar el pago de los casi 600.000 empleados públicos. En ese marco, el gobierno provincial evaluó distintas alternativas y optó por un recorte directo en partidas relevantes. La decisión se tomó entre febrero y marzo, en medio de un deterioro sostenido en la relación entre ingresos y egresos.
El crecimiento del empleo estatal también aparece como un factor de presión: desde 2023 se incorporaron cerca de 80.000 nuevos trabajadores en la estructura pública bonaerense, lo que incrementó el peso del gasto corriente.
La suspensión del MESA generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo. El senador provincial Mario Ishii fue uno de los primeros en expresar críticas, al considerar que el ajuste impacta directamente en sectores vulnerables. A su postura se sumaron otros dirigentes e intendentes, que manifestaron preocupación por las consecuencias sociales de la medida.
Desde el gobierno provincial argumentan que el programa se creó durante la pandemia con financiamiento compartido con Nación, esquema que se modificó tras el cambio de gestión nacional. La eliminación de esos recursos obligó a revisar la continuidad del plan.
En paralelo, jefes comunales realizaron gestiones ante autoridades nacionales para reclamar asistencia, mientras que desde el Gobierno nacional apuntan a la necesidad de una revisión del gasto provincial. El escenario evidencia una disputa por responsabilidades en un contexto de restricciones presupuestarias crecientes.