El sospechoso “error” inmobiliario que Bento intentó subsanar en plena investigación

Una escribana confirmó una insólita omisión a favor del exjuez y su esposa Marta Boiza, en la venta de un departamento.

El exjuez federal Walter Bento y su esposa, Marta Boiza.
Foto: Orlando Pelichotti
El exjuez federal Walter Bento y su esposa, Marta Boiza. Foto: Orlando Pelichotti

El megajuicio que enfrenta el exjuez federal Walter Bento atravesó su segunda jornada sobre casos de delitos patrimoniales y se ratificaron maniobras sospechosas de él y su esposa Marta Boiza, en el negocio inmobiliario.

Vale recordar que tanto el exmagistrado, como la mujer y sus hijos, Nahuel y Luciano Bento, se encuentran imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. También, el matrimonio está acusado por falsedad ideológica tras excluirse como personas políticamente expuestas en transacciones de bienes.

Al principio de la audiencia de este jueves, declaró como testigo la escribana María Lucila Crivelli, quien escrituró la venta de un departamento de calle España de Ciudad, realizada por Marta Boiza a una mujer de nombre Galdina Fernández, el 8 de abril de 2021.

La escribana dijo que fue contactada por la compradora (Fernández) porque quería adquirir el departamento colindante a la vivienda que alquilaba en el edificio “Premium Tower”. La profesional se encargó de realizar todos los trámites previos a la escritura porque se trataba de una adulta mayor.

También afirmó que la “voz cantante” de la negociación no la llevó Boiza, sino el propio exjuez, aunque sólo prestó su asentimiento conyugal de manera formal. La venta se concretó por 140 mil dólares en efectivo y los honorarios de la escribana los pagó Bento, a cuenta de la compradora, dijo. Fue un 2% del total, que se pagó en pesos.

Crivelli sabía que Bento era juez federal, pero de todos modos, se omitió tanto a él como a su esposa de incluir sus declaraciones como personas políticamente expuestas ante la UIF. “¿Usted sabía a qué se dedicaba Bento”, preguntó el fiscal de la Procelac, Diego Velasco.

Y la mujer respondió: “Me enteré cuando nos reunimos la primera vez a acordar como se iba a hacer la operación, en la casa de la señora Galdina. Ella me dijo que era juez”.

Inmediatamente, aseguró que cometió un grosero error y ya con la investigación en marcha contra el exjuez, lo rectificó. “Incurrí en un error, porque puse que la vendedora y la compradora no eran personas políticamente expuestas. Entonces, después de la audiencia acá en Tribunales, el abogado del Doctor Bento me pidió que se hiciera una escritura de rectificación”, afirmó bajo juramento.

“Entonces yo la redacté y vinieron a firmarla el doctor Bento y su esposa. Esa fue la última vez que tuve relación con ellos”, agregó.

¿El abogado se la pidió y esta escritura se cobró?, repreguntó el fiscal y la escribana, señaló que no pidió dinero a cambio porque se trató de “un error” suyo.

El acta de rectificación se realizó en mi escribanía. Vino el doctor Bento y la señora Boiza, la firmaron y se fueron”, reiteró Crivelli. A la vez, sostuvo que en forma previa a la venta les había enviado vía WhatsApp una copia de la escritura a las partes, para que revisaran los datos y no hubo observaciones.

Por su parte el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Bento, le consultó a la testigo sí les solicitó a los involucrados, antecedentes vinculados a las normas de la Unidad de Información Financiera, y ella respondió que no formó legajos.

Luego, preguntó si el exjuez en calidad de prestar asentimiento conyugal, estaba obligado a declararse como persona políticamente expuesta y respondió: “Yo en ese momento pensé que no. Ahora pienso que sí y lo informaría. Después de haberme dado cuenta que había cometido el error con respecto a la señora Boiza”.

También descartó haber sido “sugerida” por alguien para omitir esa información. “Nadie me sugirió nada”, dijo la escribana.

Por último, la testigo declaró que cuando se concretó la venta del inmueble, un hombre de unos 50 años acompañó al matrimonio y contó los billetes adelante suyo. “Creo que el señor entró directamente y se puso a contar”, comentó. Desconoció de quién se trataba.

Para los investigadores, la omisión no se trató de un error porque Bento y Boiza a esa fecha, ya eran personas “habituadas” a la compra y venta de este tipo de bienes y por lo tanto no desconocían la declaración ante la UIF. “Sin ir más lejos, al adquirir ambos vehículos de alta gama como surge de la investigación patrimonial han firmado declaraciones juradas en ese sentido”, se explica en el requerimiento de elevación a juicio.

Además, indican que la venta se realizó en un momento “particular en el trámite de este expediente en el que Walter Bento ya había conseguido delictivamente datos del Registro de la Propiedad Inmueble para luego esgrimirlos en su pretensión de ingresar a la causa, sabiendo perfectamente que esta Fiscalía estaba investigando su patrimonio”.

El alquiler vigente en pleno juicio

Más tarde declaró otra testigo que hasta el día de hoy le alquila a la familia Bento un local comercial en el Edificio Independencia VI, ubicado en calle 9 de julio de Ciudad. Andrea Zufia confirmó que el local está a nombre de Facundo Bento, un joven con discapacidades que es el único integrante de la familia, fuera del juicio. Su curador es el propio Bento y por lo tanto se encargó de firmar el primer alquiler en marzo de 2021. Este año el contrato se renovó, con el exmagistrado ya tras las rejas.

Zufia comentó que las facturas llegan a nombre de Facundo y los pagos son enviados a su cuenta del Banco Nación. Durante tres años un joven de nombre “Germán” se hizo cargo de llevárselas de forma personal y también de dejarles “sobres” con dinero del por entonces juez, cuando ella se hizo cargo de algún arreglo en el local, durante los primeros meses del contrato.

La empresaria contó que nunca conoció personalmente al exjuez pero sí tuvo contacto por WhatsApp para atender esos asuntos. “La única persona con la que me he relacionado es este chico que venía a dejarme las facturas. Yo soy la dueña y estoy muy poco”, contó.

Luego, en pleno juicio, comentó que le consultó a Bento que sería del futuro del local y este le ratificó que no iba a haber problemas. Vale decir que la inhibición judicial que pesa sobre los imputados, les impide realizar ventas de bienes, no así extender un alquiler.

“Unos meses antes de que se me venza el contrato, yo me contacto con Walter por teléfono. Más que nada mi intranquilidad era que iba a pasar con mi local, por la situación de público conocimiento, y todo lo que significa montar un nuevo comercio”, narró.

“El me contesta en un mensaje que me quede tranquila, que se iba a volver a renovar. Después no tuve más contacto con él y lo que se me ocurrió fue decirle a mi empleada que me consiga el teléfono de la persona que venía todos los meses”, agregó.

“Entonces ella anota el teléfono y yo me comunico. Él me dijo, ´te voy a pasar el teléfono de su esposa, Marta´. A partir de ahí tomé contacto con ella y empecé a negociar la renovación. Llegamos a un acuerdo y me junté en una oportunidad, estaban también Nahuel y Facundo”, añadió.

“Entonces charlamos personalmente y después seguimos el tema por WhatsApp. Por lo cual llegamos a un acuerdo y me delegaron con otra persona, Germán Bragazzi y fue quien me terminó definiendo las condiciones y cláusulas, para extender la continuidad”, añadió.

El apellido Bragazzi se repite en el expediente de investigación, pero no así este nombre puntual. Es que las escribanas Miriam Bragazzi y María Fernanda Rodríguez Bragazzi formaron parte de varias transacciones de inmuebles de la familia Bento. Ambas están citadas para declarar en el juicio.

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