El titular de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, brindó su opinión sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobierno.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, y el gobernador Alfredo Cornejo. Archivo
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Prensa Gobierno de Mendoza El Gobierno provincial presentó la semana pasada un proyecto de ley que plantea reformar el Código Procesal Penal, con el fin principal de incrementar el número de audiencias penales que se realizan en el horario vespertino y resolver causas de flagrancia de manera más ágil.
Más allá de las críticas que el gobernador Alfredo Cornejo venía lanzando por la baja actividad del fuero penal durante la tarde, el proyecto no cayó para nada bien en José Valerio, el juez supremo que lo coordina, ya que no fue consultado para la redacción del mismo.
“Lo que he logrado saber es lo que se ha transmitido por los medios, no conozco el proyecto ni el articulado que se propone modificar”, dijo molesto Valerio desde el Polo Judicial, minutos después de que la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentara la iniciativa en la Cámara de Diputados el miércoles pasado.
Entonces, explicó que él viene insistiendo en que es “necesario implementar franjas horarias y bloques de audiencias”, pero sostuvo que “no hacen falta reformas sino buena voluntad, predisposición y ponernos de acuerdo, porque es un sistema complejo y requiere que el Ministerio Público Fiscal, que tiene la responsabilidad de recolectar los elementos de prueba, presente al detenido y pida la audiencia en los casos de flagrancia”.
Y luego, remató: “No sé si fue un proyecto unilateral del Poder Ejecutivo; al Fuero Penal Colegiado y a mí como ministro coordinador, no me han consultado. Y, sí a otros ministros de la Corte u operadores judiciales, les han consultado o han participado del proyecto, lo desconocemos”.
En ese contexto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, aseguró este miércoles que tampoco participó en la redacción del proyecto pero dio su visto bueno a la propuesta, sin referirse puntualmente a la actividad de los jueces que critica el Gobierno.
“No he participado. Lo leí cuando se hizo público, cuando ingresó me lo mandaron”, señaló a Los Andes, tras visitar la Legislatura provincial por otro proyecto que sí surgió desde la Corte y consiste en simplificar el trámite de litigar sin gastos.
Luego, Garay aprobó a grandes rasgos la propuesta del Ejecutivo: “Todo lo que implique mejoras en los sistemas procesales para que la ciudadanía tenga un mejor servicio de justicia me parece bien. Tenemos que ver qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial para poder aplicarlo, si esto se hace ley en términos operativos y de recursos humanos, etc”.
Al titular de máximo tribunal le pareció “muy bien” las modificaciones que buscan dotar de mayor “transparencia” el funcionamiento del fuero. Se trata la publicación obligatoria en la web del Poder Judicial y en la lista diaria de todos los decretos, resoluciones y sentencias, salvo casos fundados que requieran reserva.
“Me pareció muy bien este planteo vinculado a la transparencia. No sabemos si es por historia, pero es cierto que se venían haciendo así y no se publicaban las resoluciones del fuero penal. Ahora si la ley sale, se van a tener que publicar. Eso hace también a que sea auditado el Poder Judicial y tenga el escrutinio social que es tan necesario”, destacó el magistrado.
Y cerró: “Tengo que sentarme a ver el detalle del proyecto, pero insisto en que todo lo que implique una mejora en el servicio de justicia, siempre la Corte va a estar de acuerdo”.
Entre las medidas para mejorar la gestión de la justicia penal, el proyecto establece:
El presidente de la Corte asistió a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Franco Ambrosini (UCR), para explicar los alcances del proyecto que propone modificar el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para simplificar “la tramitación judicial actual en el pedido” y otorgar “el beneficio de litigar sin gastos”. La iniciativa obtuvo despacho favorable.
El Artículo 96° del CPCCT, ya establece este beneficio. Lo que se busca es no sólo innovar utilizando una base de datos confiable, oficial, sino que además permite achicar tiempos “de tres meses a un minuto” y liberar recurso humano, indicó Garay.
En los fundamentos del proyecto se explica que hoy, la tramitación de este beneficio significa entre el 18 y el 24 % de las causas que ingresan al Poder Judicial según el fuero y tipo de proceso, y “si bien fue simplificado el procedimiento en la última reforma procesal, sigue implicando una carga para el litigante y el tribunal”.
Cuando un ciudadano inicia una demanda, debe pagar - según el proceso -, tasa de justicia y los aportes de Ley, esto es, Caja Forense y derecho fijo del Colegio de Abogados. No obstante, “ante la insuficiencia de recursos económicos de la parte litigante para afrontar tales gastos, por el tipo y la cuantía del proceso entre otras consideraciones, se puede solicitar al juzgado tramitar el proceso principal sin pagar inicialmente estos gastos de justicia”.
Para ello, debe acreditar ciertos requisitos basados en informes oficiales para que el juez dictamine si se lo concede o no. Entre ellos, de los registros de la propiedad automotor, inmobiliario, situación fiscal o de empleo. La evaluación puede demorar entre dos y tres meses, “ya que su tramitación implica el dictado de decretos y resoluciones (en promedio 6 por incidente)”, y alrededor de 9900 “horas hombre”.
Para afrontar esto, la Corte avanzó en la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se logró el acceso a las bases de datos oficiales del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SiNTyS), que nuclea acceso a los registros del ANSeS, ARCA, Registro Nacional del Automotor, Registro de Bienes Suntuosos y Registros de la Propiedad Raíz de la mayoría de las provincias argentinas.
Con el acceso a esa base de datos, “se diseñó un programa desde la Dirección de Informática de este Poder Judicial, que permite al tribunal, a través de un usuario autorizado, realizar la consulta por nombre o DNl o CUIL de las partes litigantes, obteniendo en menos de 1 minuto la respuesta automatizada de conceder o no el BLSG – Beneficio de Litigar sin Gastos-".