Los bloques del PJ en Diputados y el Senado presentaron proyectos de resolución sobre la polémica de la vicegobernadora Hebe Casado.
El bloque del PJ en Diputados pidió una sesión especial para tratar la situación de Hebe Casado
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Archivo Los Andes
Después del conflicto diplomático en el que quedó envuelto Mendoza por la vicegobernadora Hebe Casado, declarada “persona non grata” por la Embajada de ese país en Argentina, el peronismo reaccionó con un pedido de repudio institucional de la Legislatura a sus dichos discriminatorios contra la selección francesa.
En la Cámara de Diputados, el presidente del bloque PJ, Germán Gómez, presentó un proyecto de declaración para expresar la "preocupación institucional" por la repercusión diplomática y reputacional que generaron los dichos de Casado.
Además, el diputado solicitó la convocatoria a una sesión especial para debatir las implicancias institucionales del caso y el rol que deben asumir los representantes de la provincia cuando sus manifestaciones trascienden el ámbito local.
La fecha que solicitaron para realizarla es este lunes 20 de julio, pero requiere la aprobación de presidencia o de la cámara y la primera sesión será recién el miércoles, por lo cual no se realizaría, informaron fuentes del oficialismo a este diario.
Mientras que en el Senado, el peronismo hizo lo propio con un proyecto de resolución impulsado por la jefa del bloque, Adriana Cano, para "expresar el más enérgico repudio" a las declaraciones de Casado.
La iniciativa que presentó el sanrafaelino Gómez sostiene que las declaraciones de la vicegobernadora afectaron la imagen de Mendoza en el plano internacional luego de que la representación diplomática francesa resolviera declararla "persona non grata". El proyecto está acompañado por las firmas del resto del bloque peronista.
En los fundamentos del proyecto, el legislador sostiene que el episodio "empezó como un comentario futbolero y terminó convertido en un problema diplomático que afecta la imagen de Mendoza puertas afuera".
También remarca que, más allá de las intenciones de la vicegobernadora, la declaración de la Embajada de Francia constituye "un asunto de gravedad institucional que merece un pronunciamiento".
El texto también advierte sobre los vínculos históricos que unen a Mendoza con Francia en materia de vitivinicultura, inversiones, turismo, cooperación académica e intercambio cultural, y señala que un deterioro de esa relación puede impactar sobre intereses estratégicos para la provincia.
Asimismo, destaca que el propio Gobierno provincial consideró necesario enviar una respuesta formal a la Embajada francesa.
En el articulado, el proyecto propone que la Cámara exprese su "preocupación institucional", reafirme que quienes representan a Mendoza deben mantener un estándar de responsabilidad acorde con los principios de igualdad y no discriminación, y exhorte a los funcionarios provinciales a actuar con prudencia en sus relaciones con otros Estados y representaciones diplomáticas.
En tanto el bloque del Partido Justicialista, presidido por Adriana Cano, presentó un proyecto de declaración para que la Cámara Alta que preside Casado exprese "el más enérgico repudio" a las manifestaciones públicas de la vicegobernadora, al considerar que tuvieron un "inequívoco contenido racista y xenófobo".
En los fundamentos, la iniciativa sostiene que el mensaje publicado por Casado el pasado 4 de julio, en el que calificó a la selección de Francia como un "equipo africano flojo de modales", excede el ámbito del debate deportivo y reproduce "prejuicios y estereotipos discriminatorios" basados en el origen étnico y racial de los jugadores.
El proyecto también hace foco en las consecuencias institucionales del episodio. Señala que la declaración de "persona non grata" dispuesta por la Embajada de Francia no afecta únicamente a Casado en el plano personal, sino que alcanza a la representación institucional de Mendoza, ya que la funcionaria ejerce la Presidencia constitucional del Senado.
En ese sentido, el texto advierte que la decisión diplomática lesiona "la dignidad, el decoro, el prestigio y la capacidad de representación internacional" de la Cámara Alta y remarca que quienes ocupan las máximas magistraturas del Estado tienen un deber de prudencia superior al de cualquier ciudadano, debido al impacto que sus expresiones pueden generar sobre las relaciones internacionales y la imagen de la provincia.
Por último, el proyecto sostiene que el Senado debe fijar una posición institucional para dejar en claro que esas manifestaciones "no representan la identidad de Mendoza ni el sentir de sus instituciones" y reafirmar el compromiso con los principios de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos.
