La Junta Electoral observó a dos candidatos del peronismo que son concejales desde 2017. La ley 9.573, sancionada el año pasado, sólo admite una reelección.
Uno de los candidatos del peronismo cuestionados es Martín González, edil de Godoy Cruz que va primero en la lista de ese partido.
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El conflicto por dos candidaturas a concejales del peronismo frena la oficialización general de postulaciones provinciales para las elecciones del 26 de octubre. La Junta Electoral de la provincia resolverá entre miércoles y jueves si ambos dirigentes peronistas pueden seguir en las nóminas o si el partido tendrá que remplazarlos.
De las más de 1.000 postulaciones para diferentes cargos que se analizaron, a esta altura se encuentran observadas por la Junta solamente las de Martín González y María Lourdes Sosa, candidatos a concejales del peronismo en Godoy Cruz y Junín, respectivamente.
Los dos van por su segundo periodo como ediles y buscan obtener cuatro años en las bancas, pero la ley que restringió a una las reelecciones de los concejales -reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades sancionada en 2024, ley 9.573- les pone un obstáculo.
La nueva redacción del artículo 44 de la ley en cuestión dice lo siguiente: "Los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones salvo en el caso de integraciones extraordinarias, que lo serán por el resto del período respectivo. Podrán ser reelegidos por un sólo período consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un período".
En consecuencia, la Junta Electoral objetó las candidaturas de ambos, pero los ediles peronistas presentaron un descargo para revertir la objeción.
El descargo básicamente plantea que González y Sosa ya eran concejales cuando se sancionó la ley 9.573 y que dicha normativa no podría ser aplicada en forma retroactiva.
Los concejales peronistas también se amparan en el conflicto que se produjo en 2019 entre el gobernador Alfredo Cornejo en su primer periodo y cuatro intendentes del PJ, los cuales resistieron la promulgación de una enmienda constitucional que frenaba las reelecciones indefinidas de los jefes comunales.
Los intendentes del PJ ganaron la pulseada, gracias a que el Gobierno firmó con ellos un acuerdo en la Justicia. De esa manera, lograron postularse por un periodo más, mismo objetivo que persiguen los ediles.
La Junta Electoral está compuesta por los siete miembros de la Corte provincial, la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi. La preside el titular del alto tribunal, Dalmiro Garay.
No hay todavía indicios claros sobre la decisión final que tomará esta semana el organismo sobre González y Sosa. Aunque desde lo legal hay quienes señalan que la ley que limitó la reelección de los intendentes el año pasado "no estableció ninguna cláusula transitoria y nadie la cuestionó".
Esto último puede diferenciar el caso de los ediles que están en las bancas de sus departamentos desde 2017 y quieren otro periodo del de los intendentes de 2019, quienes en su momento sí introdujeron una medida cautelar en la Justicia que evitaba que quedara en firme la promulgación de la enmienda constitucional contra las reelecciones indefinidas.
De los dos concejales que se vuelven a postular, el que mayores expectativas electorales tiene es Martín González, militante del kirchnerismo local, quien va en primer lugar de la nómina de ediles de Godoy Cruz. María Lourdes Sosa, en cambio, va tercera en la boleta y tiene menos chances de acceder a la banca que su compañero.
En la Junta Electoral se encargaron de recalcar que las observaciones de las candidaturas del PJ se hicieron en el marco de una revisión total para todos los partidos que incluyó, además del tema de las reelecciones, el cumplimiento de la ley de ficha limpia, del régimen de deudores alimentarios, de residencia en el lugar en el que se postulan y de paridad de género. En todos los casos, las observaciones fueron atendidas por los partidos.
En cuanto a la limitación de las reelecciones, en la Junta filtraron el listado general y saltó que sólo dos candidatos peronistas a concejales iban por el segundo periodo en el mismo cargo. Por ello, el organismo avisó que ambos debían ser remplazados en la nómina actual del PJ.
La resistencia justicialista a cambiarlos ha provocado reacciones políticas en el oficialismo. Es el caso de la concejal radical de Godoy Cruz Melisa Martínez Malanca, candidata a diputada provincial por el tercer distrito, quien recalcó en una carta que la alternancia es "un principio esencial de la democracia".
"Aunque este debate suele resonar más a nivel nacional, en realidad es en los municipios donde cobra mayor relevancia. Los desafíos locales son muy dinámicos y requieren perspectivas innovadoras. Para estar a la altura, y honrar la confianza de los vecinos, es importante garantizar la renovación de las autoridades", expresó Martínez Malanca.
Y agregó: "Posiblemente existirán planteos legales respecto a la aplicación de la Ley 9573, tal como existieron años atrás, cuando los jefes comunales del mismo partido político buscaron perpetuarse en sus municipios cuestionando la validez de la norma legal que limitaba la reelección de los intendentes".
La candidata radical consideró finalmente: "Sin perjuicio de ello, tenemos el deber moral y político de preguntarnos si es sano para nuestra democracia avalar candidaturas que no hacen más que apuntar a un único objetivo, el de perpetuarse en el poder".