El juicio que enfrenta el exjuez Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que se valía del cobro de coimas a cambio de favores judiciales, cierra una página importante.
El exjuez federal Walter Bento. Archivo Los Andes
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Archivo Los Andes El megajuicio contra Walter Bento y una treintena de acusados, involucrados en una red de coimas en la Justicia Federal, ingresa en una etapa clave esta semana. El Ministerio Público Fiscal cerrará sus alegatos y pedirá las culpabilidades de los imputados al Tribunal Oral Federal Nº 2 que encabeza la jueza Gretel Diamante.
Desde abril pasado, los fiscales generales Dante Vega y María Gloria André, desarrollan las acusaciones contra el exjuez, sindicado como líder de una asociación ilícita que operó en 15 cohechos, es decir, en el supuesto cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales.
Bento se encuentra detenido desde el 8 de noviembre de 2023 en la cárcel federal de Cacheuta, apenas fue destituido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. También está imputado por abuso de autoridad, desobediencia judicial, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.
En la estructura de la asociación ilícita aparecen acusados como organizadores los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba; mientras que sus colegas Martín Ríos, Matías Aramayo, Francisco “Chato” Álvarez y Javier Angeletti, se agregan como miembros que “entraban y salían” de la banda.
El Ministerio Público Fiscal dividió sus extensos alegatos en varios ejes: primero atacó la “conspiración” que planteó Bento en sus declaraciones indagatorias contra la fiscalía; luego expuso el funcionamiento de la asociación ilícita, integrante por integrante, y por último desgranó los 15 casos de cohechos que se pergeñaron presuntamente en el Juzgado Federal Nº 1 entre los años 2007 y 2020.
Si bien mantuvieron el grueso de sus acusaciones con las pruebas correspondientes, en algunos casos puntuales de coimas, desligaron de responsabilidad penal a imputados como “Chato” Álvarez (Caso 11) y Jaime Alba (Caso 14), lo que no modificó su calificación como miembro y organizador de la banda respectivamente.
En la audiencia de este miércoles, la Fiscalía abrirá su último eje de acusación: la etapa patrimonial, que tiene como acusados a Bento, su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos desprendidos de las presuntas coimas en la Justicia Federal.
No serán Vega ni André los fiscales que desarrollen esta parte, sino el fiscal Diego Velasco (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) quien estuvo a cargo de la investigación sobre el crecimiento patrimonial de los Bento y las maniobras sospechosas en la compra de inmuebles y vehículos, en el mismo período de las presuntas coimas.
Una vez culminada la exposición de Velasco, que será el próximo viernes, el Ministerio Público Fiscal pedirá al Tribunal Oral Federal Nº 2 la responsabilidad penal de los acusados sobre los hechos que han probado y las absoluciones sobre las acusaciones que no lograron sostener. Será por la asociación ilícita, los cohechos y la parte patrimonial en su conjunto.
Esto no quiere decir que el TOF Nº 2 vaya a tomar una decisión, ni tampoco que la fiscalía pida una condena puntual sobre los imputados, pero será importante para el desarrollo del debate y lo que expongan las defensas.
El turno de los abogados defensores está pautado a partir de la semana del 10 de septiembre y no está confirmado que empiecen los representantes de Bento. En tanto, para llegar a una sentencia, algunos optimistas creen que se logrará a fines de diciembre, pero lo más probable es que el juicio de cesura se realice directamente en 2026.