La Suprema Corte de Justicia deberá resolver una denuncia administrativa contra Rafael Escot por presuntamente haber entregado conversaciones privadas a la defensa del exsubsecretario de Justicia.
El juez penal Rafael Escot denunciado por haber filtrado chats de colegas suyos al exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
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Archivo Los Andes El caso del exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, suma nuevos capítulos y salpica a la estructura del Poder Judicial en su conjunto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia deberá analizar una denuncia administrativa contra el juez penal Rafael Escot, acusado de haber filtrado conversaciones de un grupo privado de WhatsApp integrado por magistrados, material que luego fue utilizado por la defensa del exfuncionario para recusar a una jueza.
La presentación fue impulsada por la magistrada del Tribunal Penal Colegiado, María Belén Salido, junto a otros integrantes del cuerpo, y quedó en manos de la Sala Administrativa de la Corte, integrada por el presidente Dalmiro Garay y los vicepresidentes Omar Palermo y Julio Gómez.
Las posibles sanciones van desde un apercibimiento hasta la remisión del caso al Jury de Enjuiciamiento, organismo encargado de evaluar la conducta de magistrados y eventualmente avanzar con un proceso de destitución.
Fuentes judiciales consultadas por Los Andes sostienen que la figura de "mal desempeño" podría encuadrar en los hechos denunciados, aunque también existe la posibilidad de que la Sala Administrativa decida archivar la presentación.
Mientras tanto, sectores de la oposición analizan promover una denuncia paralela ante el Jury, según pudo averiguar este diario.
Un dato no menor es que, en caso de llegar a esa instancia, el oficialismo tendría una posición determinante. El Jury está integrado por 21 miembros y Cambia Mendoza cuenta con una mayoría legislativa que le otorga 12 votos entre diputados y senadores, una cantidad suficiente para inclinar cualquier definición si actúa de manera unificada.
D'Agostino se encuentra imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. Además está denunciado por abuso sexual por su expareja, aunque la investigación sobre ese delito no ha avanzado.
La denuncia administrativa presentada ante la Suprema Corte fue firmada por jueces en actividad y jubilados del Tribunal Penal Colegiado N° 1, quienes calificaron el episodio como un hecho de "gravedad institucional".
Según el escrito, la captura utilizada por los abogados Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditti para recusar a Salido solo podía haber salido de alguno de los integrantes del grupo privado de WhatsApp denominado "Hay juec@s en Berlín", donde participan magistrados actuales y retirados del tribunal.
A partir de esa sospecha, los integrantes del grupo realizaron un cotejo técnico de las capturas de pantalla desde sus propios teléfonos y convocaron a una escribana pública para certificar el procedimiento.
La denuncia sostiene que la imagen presentada por la defensa coincidía con múltiples características del dispositivo utilizado por Escot. Entre ellas, la forma particular en que tenía agendados algunos contactos, los colores asignados por WhatsApp y la identificación de determinados usuarios dentro del grupo. Los denunciantes afirman que ninguna de las restantes capturas examinadas reunía las mismas coincidencias.
Además, remarcan que la imagen aportada en la recusación provenía de un teléfono con sistema operativo Android y que, entre los integrantes que utilizaban ese sistema, solo el dispositivo de Escot coincidía con todas las características observadas.
Otro de los puntos señalados en la denuncia refiere a la conducta posterior del magistrado. Según el relato de sus colegas, Escot habría eliminado una primera captura de pantalla que compartió durante la investigación interna y posteriormente enviado una nueva versión.
En ese lapso, habría modificado algunos nombres almacenados en su agenda telefónica, alterando datos que permitían identificar el origen de la imagen utilizada por la defensa.
Los denunciantes sostienen que esos cambios no respondían a cuestiones técnicas y los interpretan como intentos de eliminar elementos identificatorios del dispositivo desde el cual se habría obtenido la captura.
Sin embargo, el aspecto más delicado de la presentación aparece en el tramo final de la denuncia. Los magistrados aseguran que el pasado 10 de junio, durante una reunión realizada entre integrantes del Tribunal Penal Colegiado, Escot terminó admitiendo que había realizado la captura de pantalla y que posteriormente se la había enviado a D’Agostino.
De acuerdo con el texto presentado ante la Corte, el juez habría reconocido que actuó de esa manera porque el exsubsecretario de Justicia "era su amigo" y quiso ayudarlo.
Para los denunciantes, la conducta atribuida al magistrado excede una simple filtración de información privada y configura una intervención directa en favor de una de las partes de un proceso judicial en trámite.
En ese sentido, sostienen que el episodio compromete la imparcialidad judicial y afecta la confianza pública en el funcionamiento de la Justicia. Como medida urgente, solicitaron el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de Escot para determinar si desde esos dispositivos se envió la captura a D’Agostino, a sus abogados o a personas vinculadas con ellos.
También pidieron preservar evidencia digital ante la posibilidad de que se hayan realizado modificaciones posteriores en los equipos.