El Gobierno quiere convertir los planes sociales en empleo formal mediante un decreto

El Gobierno buscará incorporar al mercado de trabajo formal a unos 150 mil beneficiarios de planes sociales. Esta medida se hará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el fin de aminorar la crisis económica y achicar el gasto.

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Según fuentes oficiales del medio Clarín, los beneficiarios podrán seguir cobrando la asignación como otras prestaciones que otorgan los distintos programas por el período de doce meses y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio.

De acuerdo a lo precisado por fuentes del Ejecutivo, el ministro de Economía, Sergio Massa, buscará en los próximos días cerrar acuerdos con pymes y empresas proveedoras de servicios y contratistas del Estado a fin de comenzar a incorporar personal.

El decreto, de hecho, lo impulsa el ministro de Economía y está basado en una iniciativa que el propio Massa había presentado en Diputados el año pasado.

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Quienes motorizan el plan pretenden que las incorporaciones se den en empresas de hasta 100 empleados que son el 98 % del total de los empleadores, según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el boletín de seguridad social.

Desde el massismo anticiparon a Clarín que esta es una de las tres etapas del programa, ya que luego se apuntará al refuerzo de herramientas y maquinarias para cooperativas como para alentar al empleo formal.

Además, el gabinete económico dio la primera señal de atender el reclamo de los movimientos sociales, que desde hace meses vienen exigiendo, con mayor insistencia, una respuesta para los sectores que están en la indigencia. Fue así que en Diputados se presentó el Salario Básico Universal y en el Senado el kirchnerismo también impulsa una propuesta de características similares. En esta línea, el Gobierno estudia un programa de refuerzo de ingreso para los grupos vulnerables.

“La idea es lograr que en un año unos 150 mil beneficiarios de los planes sean incorporados al mercado de trabajo formal”, remarcaron desde el oficialismo que precisaron que el programa se llamará “Puente al Empleo” y busca transformar los planes sociales y prestaciones de la seguridad social en “trabajo formal de calidad”.

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“Este programa permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal”, se fundamentó en la medida.

Para acceder al puesto de trabajo, los beneficiarios de los planes sociales deberán cumplir con una capacitación y los cursos de formación que establezca el empleador, siempre dependiendo del tipo de tarea que se le asigne.

De esta manera, el trabajador podrá mantener de manera temporal por 1 año la estabilidad del plan, pero transcurrido ese plazo deberá decidir si mantiene la asistencia social u opta por el trabajo formal con obra social, seguro de accidente de trabajo, y todos los beneficios del empleo en blanco.

Este plan coincide con un proyecto presentado el año pasado por el oficialismo en Diputados. Lo había armado el propio Massa. Se trata del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo, que a diferencia de lo previsto en este DNU también se habilitaba a las Provincias, Municipios y organizaciones sociales a tomar al plan como parte del salario y que el trabajador tenga acceso a la obra social, aporte jubilatorio y su seguro (ART).

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Lo cierto es que todas estas medidas se suman a la auditoría que dispuso el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien con la colaboración de las universidades pretende chequear 10.000 planes por día. En tanto, el cruzamiento de las bases de datos, para que no haya bajas o errores, estará a cargo de la ANSeS a través del SIPA.

En su intención por formalizar el resto de los programas, el Gobierno solicitará al Congreso la aprobación del monotributo productivo, una iniciativa que está en tratamiento en Diputados .

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Mediante la bancarización de las actividades económicas de este segmento de la población, el Ministerio de Economía pretende blanquear esas actividades y así darle un nuevo impacto a todo el sistema. Lo cierto es que esta iniciativa fue presentada en diciembre del año pasado con las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ex ministro Martín Guzmán.