En medios de reuniones presenciales y telefónicas, con los ánimos alterados, la principal duda es en qué fuero será presentado el recurso de apelación. La medida del juez Raúl Horacio Ojeda pausó 82 artículos clave.
El equipo de Javier Milei ultima detalles para "ir a fondo" contra la suspensión provisoria de más de 80 artículos de la Reforma Laboral.
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El Gobierno nacional intensificó las gestiones para revertir la suspensión judicial de parte de la Reforma Laboral, luego del fallo que dejó en pausa 83 artículos de la Ley 27.802. En la Casa Rosada avanzan con reuniones -presenciales y telefónicas- y consultas para definir cómo será la apelación.
La principal incógnita pasa por determinar “en qué fuero presentar el recurso”, una decisión que todavía no está cerrada y que se analiza entre distintas áreas del Ejecutivo, con el objetivo de recuperar la vigencia de los puntos cuestionados por la Justicia.
En tanto, por estas horas y con ánimos alterados, sigue el foco en definir la estrategia para apelar el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63. La medida fue dictada por el juez Raúl Horacio Ojeda tras una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.
Detrás del tema están la Procuración del Tesoro, que comanda Sebastián Amerio, y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, con el total respaldo del ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques no aparece en conversación para revertir el escenario judicial por el momento.
Por el momento, no hay definición sobre en qué fuero apelar la decisión. Podría ser el fuero laboral, pero también se habla del avance de una presentación en el fuero contencioso administrativo. “Todavía no está definido, lo estamos hablando”, dijo una voz al tanto de la estrategia a Noticias Argentinas.
El martes fue un día de reuniones en Balcarce 50 en torno a la problemática y desde el asesor Santiago Caputo hasta el propio Amerio estuvieron analizando las posibilidades.
Un dirigente de la CGT dio por descontado que el oficialismo debería acudir al fuero contencioso administrativo que ya le dio una buena noticia al oficialismo hace escasas tres semanas.
Fue cuando el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, Enrique Lavié Pico desestimó la medida cautelar solicitada por la CGT para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley. Estas normas establecen el inicio del proceso de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción porteña.
Un dirigente de la calle Azopardo avisó que, pese al análisis en las filas libertarias, la gestión Javier Milei no va a correr riesgos y se inclinará por el fuero que fue contra el pedido de la CGT. También ven que la interna entre Karina Milei y el asesor presidencial se está jugando en el campo de la Justicia.
A propósito del ecosistema gremial, vale destacar que, además de celebrar el fallo del lunes, muchos dirigentes recuerdan que el viernes el Juzgado Federal N° 2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133 de la normativa a raíz de una presentación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
El fallo ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. De esta manera, la justicia asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
El Secretario General de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “El fallo fue un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar. No vamos a permitir que, bajo la excusa de una modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos. Defender el financiamiento de nuestra institución es defender la salud de la familia de comercio y nuestra capacidad de diálogo para proteger el salario en todo el país”.