El ministro de Desregulación y Transformación del Estado citó una publicación de la vicegobernadora Hebe Casado referida a la tercera etapa de la Ley Hojarasca.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
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Con vistas a un debate en el Congreso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dejó un elogio para la gestión de Mendoza por la aplicación de la llamada Ley Hojarasca III, que elimina normas vetustas y ordena el marco normativo de la provincia. Básicamente, leyes que fueron superadas por legislaciones más modernas u otras que quedaron obsoletas.
Todo comenzó con un posteo en la red social X realizado este sábado por la vicegobernadora Hebe Casado, quien destacó con un gráfico los resultados de avanzar con la tercera parte de la legislación, similar a la impulsada a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei.
"En Mendoza vamos por la Hojarasca 3 y reducimos la cantidad de leyes a menos de la mitad hasta 1990. Somos la única legislatura que deroga más leyes de las que sanciona", dijo la vicemandataria de la provincia.
"Y también pretendemos derogar el Círculo de Legisladores de Mendoza (sí, tienen estructuras provinciales también). Que a pesar de su inactividad conlleva un gasto de más de 40 millones de pesos al año", anticipó sobre el próximo recorte.
La publicación despertó el interés de Sturzenegger, el "ministro de la motosierra", quien utilizó la depuración de leyes aplicada en Mendoza para reimpulsar el debate en el Congreso de la Nación y citó a Casado con la siguiente frase: "Mendoza, faro de occidente. VLLC!".
La tercera etapa de la Ley Hojarasca fue propuesta a principios de año por Casado, presidenta del Senado, para la que se analizaron 303 leyes generales vigentes sancionadas entre 1976 y 1990, de las cuales se puso como meta derogar 134.
Según la vicegobernadora, la sobrerregulación generaba trabas administrativas y dificultaba el cumplimiento y la consulta de normas por parte de ciudadanos y funcionarios.
El exceso de normas incrementa el desconocimiento, favorece la discrecionalidad administrativa, estimula la judicialización de conflictos y deteriora la calidad institucional.
Entre las normas vetustas figuran leyes que ya no tienen aplicación práctica o cuyos efectos están consumados, como la Ley N° 4.143 (1977), que fijaba remuneraciones y procedimientos administrativos con referencias institucionales hoy inexistentes y montos en una moneda fuera de curso legal.
O la Ley N° 4.214, vinculada a la creación de la Corporación Financiera Regional Oeste (Cofiro), estructura que dejó de operar en los términos originalmente previstos.
En cuanto a la Nación, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el pasado jueves su propio proyecto de Ley Hojarasca, orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.
Originalmente fue enviado en 2024, pero nunca fue tratado por los legisladores en el recinto.