La vicegobernadora presentó una nueva tanda de leyes obsoletas que apuntan a eliminar. Fueron sancionadas en el período de 1976 hasta 1990.
La vicegobernadora Hebe Casado presentó la nueva etapa de la Ley Hojarasca.
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Prensa Senado Mendoza La vicegobernadora Hebe Casado presentó la tercera etapa del proyecto “Hojarasca”, que busca modernizar el sistema normativo eliminando leyes obsoletas en la provincia. En esta instancia se analizaron 303 leyes generales vigentes sancionadas entre 1976 y 1990, de las cuales se derogarán 134.
Además, se plantea la derogación parcial de una ley y la eliminación total de 16 normas vigentes de períodos previos que no habían sido incluidas en revisiones anteriores.
En el acto participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure; y la secretaria Legislativa de Diputados, Carolina Letri.
Casado explicó que el proceso comenzó con la elaboración de un digesto jurídico para ordenar y clarificar el marco normativo provincial.
Señaló que la sobrerregulación genera trabas administrativas y dificulta el cumplimiento y la consulta de normas por parte de ciudadanos y funcionarios. En ese sentido, destacó que el trabajo apunta a simplificar el sistema legal y facilitar su aplicación.
La vicegobernadora subrayó que el relevamiento se realiza ley por ley, con consultas al Poder Ejecutivo y a los actores vinculados a cada materia antes de definir su derogación total o parcial. También remarcó que, en el último año, la Legislatura ha derogado más normas de las que sancionó, y convocó a continuar con esta tarea.
Por su parte, Lombardi valoró el trabajo bicameral y consideró que la revisión permite eliminar disposiciones obsoletas o contradictorias que entorpecen el funcionamiento institucional, incluso del Poder Judicial.
Confirmó además el compromiso de avanzar con la sanción definitiva de la segunda etapa y acompañar el tratamiento de la tercera cuando ingrese formalmente.
Faure, quien encabezó el trabajo técnico, explicó que el objetivo central fue combatir la sobrelegislación, un problema estructural de las democracias modernas.
Indicó que el exceso de normas incrementa el desconocimiento, favorece la discrecionalidad administrativa, estimula la judicialización de conflictos y deteriora la calidad institucional.
Detalló que la metodología para determinar el desuso de una ley se basa en tres criterios: normas superadas por legislación posterior; leyes obsoletas por el paso del tiempo o el avance tecnológico; y disposiciones vinculadas a organismos inexistentes.
En relación con las etapas anteriores, recordó que la primera revisión abarcó el período 1896-1950, con 102 leyes analizadas y 75 derogadas, convertidas en la Ley 9653. La segunda comprendió 1951-1975, con 172 leyes revisadas y 91 derogadas.
Con esta tercera etapa, el total de normas analizadas asciende a 574, lo que representa cerca del 25% del marco jurídico provincial, evidenciando que el proceso continuará.
Durante la presentación se informó que esta fase incorpora una corrección, restituyendo la vigencia de la Ley 1118, que había sido derogada por error y era necesaria para tareas de fiscalización del Ministerio de Producción.
Advirtió que cuando existen más leyes de las necesarias aumenta el desconocimiento normativo y el menor cumplimiento, además de abrir la puerta a interpretaciones contradictorias y ampliar los márgenes de discrecionalidad.
Entre las normas incluidas figuran leyes que ya no tienen aplicación práctica o cuyos efectos están consumados. Dentro del primer grupo se encuentra la Ley 4143 (1977), que fijaba remuneraciones y procedimientos administrativos con referencias institucionales hoy inexistentes y montos en una moneda fuera de curso legal.
También se incluye la Ley 4189, que ratificaba la transferencia de institutos terciarios provinciales a la Universidad Nacional de Cuyo. Sus efectos jurídicos ya fueron cumplidos.
En la misma línea aparece la Ley 4214, vinculada a la creación de la Corporación Financiera Regional Oeste (COFIRO), estructura que dejó de operar en los términos originalmente previstos.
En el segundo grupo figuran normas sustituidas por legislación posterior, mientras que en el tercero se incluyen disposiciones referidas a organismos que ya no existen, cuya vigencia carece de sentido jurídico y práctico.
