Luego de un intenso debate durante este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Después de la victoria de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo volvió a mostrar su fuerza legislativa.
El Gobierno logró media sanción de la baja de la edad de imputabilidad
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NA Luego de un intenso debate durante este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El oficialismo había logrado el miércoles el apoyo de aliados y de fuerzas dialoguistas para firmar dictamen de mayoría a favor de ambos proyectos, lo que le permitió encarar la sesión especial de este jueves con viento de cola y generalizado optimismo.
El proyecto obtuvo 149 votos a favor, gracias al apoyo de LLA, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, y otros bloques provinciales, con 100 votos en contra y ninguna abstención
El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a trece años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre tres y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
Uno de los mayores obstáculos para la aprobación fue la incertidumbre sobre quién costearía la implementación del sistema. Ante la amenaza de los gobernadores de no acompañar la ley, el oficialismo incorporó un artículo que asigna una partida presupuestaria de $23.739.155.303. De este total, más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación y el resto al Ministerio de Justicia.
Sin embargo, figuras de la oposición dialoguista como Miguel Ángel Pichetto cuestionaron la cifra, calificándola de "recursos insignificantes" dada la complejidad y el costo de construcción de los centros de detención adecuados.
Por su parte, sectores del peronismo y movimientos sociales criticaron el enfoque, señalando que la ley no aborda problemas de fondo como la salud mental, las adicciones y la deserción escolar.
Tras esta victoria en la Cámara Baja, el proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará su sanción definitiva en una sesión prevista para el próximo 26 de febrero.