Así como sucedió con el caso Libra, el legislador socialista Esteban Paulón presentó un proyecto. Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica suscribieron la idea.
Diputados avanzan con una comisión investigadora por las presuntas coimas en Discapacidad.
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NA / Juan Vargas El caso que derivó en la salida del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, llegó al Congreso. Diputados de distintos bloques opositores presentaron un proyecto para crear una comisión que investigue las denuncias de supuestas coimas en la compra de medicamentos.
La iniciativa busca determinar si las declaraciones atribuidas a Spagnuolo, que mencionan a funcionarios del círculo íntimo presidencial, responden a un entramado de corrupción que involucraría a laboratorios y a altas autoridades nacionales. Entre los apuntados aparecen la secretaria presidencial, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
La iniciativa fue redactada por el diputado socialista Esteban Paulón y suscripta por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Sabrina Selva; de Encuentro Federal Mónica Fein y Margarita Stolbizer, y de la Coalición Cívica Mónica Frade.
Como sucedió con el caso Libra y está previsto que se registre con la comisión a cargo del caso por el fentanilo adulterado, este proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Los objetivos de esa comisión son “investigar y esclarecer una serie de hechos, negociaciones, gestiones, operatorias irregulares y maniobras delictivas” en el ámbito de los organismos públicos y las contrataciones de la Administración Pública.
También determinar el grado de participación y la responsabilidad política de los/as funcionarios/as públicos/as involucrados/as en este presunto entramado de corrupción.
El proyecto propone que la comisión se integre por dos miembros designados a propuesta de cada bloque parlamentario que cuente con más de 5 integrantes; y un miembro designado a propuesta de cada bloque que cuente con cinco integrantes.
Además establece que por “por cada veinte diputados/as que integren dichos bloques, se les sumará un miembro adicional”, y fija que la comisión designará a un presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de los votos.
“En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Cámara”, añade la iniciativa.
Sobre las atribuciones, el proyecto establece que podrá remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objetivo de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier órgano.
También podrá convocar a funcionarios así como como declaraciones testimoniales, que deben ser prestadas con por lo menos la presencia de tres miembros de la comisión. Otro punto es que obliga a la cámara a “proveer la estructura, la apoyatura técnica y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de la Comisión Investigadora".
En cuanto al plazo, fija que contará con tres meses desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones, y luego en 15 días debe elevar un informe a la Cámara de Diputados en el que se detallen los hechos investigados y los resultados obtenidos.