Los senadores votan dos iniciativas importantes del oficialismo, justo en el fin del período de sesiones extraordinarias.
El Senado vota hoy la reforma laboral y la reforma penal juvenil
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Claudio Fanchi / NA El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad, en lo que será la última apuesta legislativa del oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias, en la antesala del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.
La reforma de la Ley Penal Juvenil, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y establece un nuevo esquema de sanciones para menores.
El proyecto contempla desde medidas socioeducativas y sanciones breves hasta penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves. También fija que los menores no podrán ser alojados en establecimientos junto a adultos e incorpora medidas de resocialización.
Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión. En los casos con condenas de entre tres y diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves, se priorizan sanciones alternativas con un enfoque social y educativo.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones de fondo en el sistema laboral, con impacto en despidos, vacaciones, horas extras, convenios colectivos y derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado fue convocado para avalar el único cambio introducido en Diputados: la eliminación del artículo 44, que reducía el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.
El oficialismo debió acelerar los tiempos parlamentarios entre la sanción en Diputados y la emisión del dictamen en el Senado, lo que generó cuestionamientos de la oposición por el trámite exprés.
Como ya ocurrió en la votación inicial del 11 de febrero, el Gobierno cuenta con el respaldo de un grupo de gobernadores aliados, entre ellos Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), además de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
La sanción no estuvo exenta de negociaciones. La mesa política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo durante casi dos meses conversaciones con mandatarios provinciales y bloques dialoguistas para asegurar los votos necesarios.
Entre los cambios más relevantes, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse necesariamente en verano, ya que solo una vez cada tres años el trabajador tendrá garantizado el período estival. Además, podrán fraccionarse en lapsos no menores a siete días.
Se fija una jornada máxima de 12 horas, con un descanso obligatorio también de 12 horas. La extensión horaria se compensará con reducción de la jornada en otra fecha. Las horas extras dejarán de abonarse como tales y se implementará un sistema de compensación de tiempo: si un empleado trabaja 12 horas en lugar de ocho, podrá compensar las cuatro horas adicionales posteriormente.
En materia de despidos, la base de cálculo de la indemnización será el salario básico promedio de la actividad, sin incluir aguinaldo, vacaciones ni premios. Las indemnizaciones podrán abonarse en hasta 12 cuotas en grandes empresas y en 18 en pymes, al igual que las sentencias judiciales.
Respecto de los sindicatos, se mantiene el aporte obligatorio con un tope del 2%, con el empleador como agente de retención, tal como reclamaba la CGT.
Los convenios colectivos vencidos dejarán de tener vigencia automática ("ultraactividad") hasta la firma de uno nuevo. Además, se habilita que en negociaciones colectivas o incluso mediante acuerdos individuales se incorporen componentes salariales dinámicos, adicionales o variables.
El proyecto también redefine el derecho de huelga. Determinadas actividades serán consideradas “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y otras “servicios trascendentales”, con una prestación mínima del 50%.
Asimismo, se tipifican como “infracciones muy graves” las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza, mediante bloqueos, intimidaciones o amenazas.