Cartellone obtuvo concesiones viales de Milei y adjudicaciones en Mendoza, mientras continúa el juicio oral por la causa Cuadernos.
La constructora mendocina consolidó nuevas obras durante las gestiones de Javier Milei y Alfredo Cornejo, en un escenario judicial aún abierto.
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Luego de una etapa marcada por causas judiciales y una delicada situación financiera, el Grupo Cartellone comenzó a mostrar en el último tiempo una recuperación institucional y operativa, apalancada en nuevas adjudicaciones de obra pública tanto a nivel nacional como provincial.
El holding mendocino ha ganado una serie de licitaciones en las gestiones de Javier Milei en la Nación y de Alfredo Cornejo en Mendoza, vinculadas a peajes en rutas nacionales y en obras en caminos provinciales.
Una de las concesiones más importantes ocurrió en la primera semana del año, cuando el Gobierno nacional firmó los contratos de concesión con las empresas Cartellone y Obring para la privatización de 741 kilómetros de rutas nacionales.
La iniciativa forma parte del nuevo esquema de participación privada en la gestión vial y contempla un plan de obras prioritarias para mejorar el tránsito, como paso previo a la actualización de los peajes en corredores clave para el comercio regional del Mercosur.
En ese marco, la empresa Autovía Construcciones y Servicios (perteneciente al grupo José Cartellone) quedó a cargo del denominado “Tramo Oriental”, que abarca las rutas nacionales 12, 14, 117, 135 y la A-015, con una extensión total de 682,3 kilómetros.
La concesión incluye cuatro estaciones de peaje y establece un plazo de un año para el inicio de las obras, mientras que la duplicación de la calzada de la ruta 117, en Paso de los Libres (Corrientes), deberá completarse en un máximo de cinco años. Finalizados esos trabajos, se prevé la incorporación de una quinta cabina de peaje.
La tarifa definida para ese tramo es de $2.945 más IVA, siendo $3.563 la tarifa final para los usuarios adheridos al sistema TelePase. En cambio, quienes no utilicen el pago automático deberán pagar el doble, decisión avalada por el Gobierno nacional que generó impacto entre los usuarios.
Según datos oficiales del último año de operación estatal, el 70% de quienes transitan por la autovía mesopotámica abonaban de forma manual, frente a un 30% que utilizaba TelePase.
El nuevo esquema de cobro elimina el pago en efectivo y se apoya exclusivamente en sistemas electrónicos. En una primera etapa, sólo abonan peaje quienes cuentan con TelePase, mientras que los vehículos no adheridos son registrados mediante lectura de patentes, con un compromiso posterior de pago voluntario.
Antes de que finalice enero, la concesionaria prevé completar la instalación de tótems que permitirán pagos con tarjetas, billeteras virtuales, QR y tecnología NFC, siempre con una tarifa superior a la del sistema automático.
En el ámbito provincial, Cartellone también logró consolidar su presencia a través de licitaciones impulsadas por el Gobierno de Mendoza, incluso durante el período en el que la empresa se encontraba bajo proceso judicial.
Entre las obras más relevantes figuran los trabajos financiados con el fondo de resarcimiento, como la pavimentación y mejora de las rutas provinciales 153 y 171. En conjunto, estos contratos representan una inversión superior a los $31.197 millones.
En detalle, el Ejecutivo provincial adjudicó a la empresa el Tramo I de la Ruta Provincial 153 (Las Catitas–Ñacuñán) por $14.651.728.046 y el Tramo II (Ñacuñán–Monte Comán) por $10.125.659.858. A ello se suma la obra de la Ruta Provincial 171, entre Monte Comán y General Alvear, por $6.420.368.940. En la ruta 153 se podría aplicar el peaje por primera vez a nivel local, según lo anticipado por el Gobierno.
Además, el grupo se presentó en otras licitaciones estratégicas, como la modernización del sistema de riego Yaucha–Área Pareditas, impulsada por el Departamento General de Irrigación, con un presupuesto oficial de $15.500 millones.
También participa en la licitación para la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco y la ampliación de la ET Capiz, cuyo presupuesto asciende a 51 millones de dólares.
Otro proyecto de envergadura en el que compite es el Tren de Cercanías, una de las apuestas centrales de la gestión Cornejo, con una inversión estimada en 130 millones de dólares. En este caso, Cartellone se presentó a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a Semisa Infraestructura SA y Hugo del Carmen Ojeda SA.
A estas iniciativas se suman las recientes licitaciones de los dos tramos del Acceso Este, con presupuestos de $57.000 millones para el sector de Maipú y $70.500 millones para el de Guaymallén, donde el Gobierno provincial anticipó que no se repetirán las empresas adjudicatarias en ambos proyectos.
Un dato a destacar es que José Cartellone Construcciones Civiles S.A. estuvo a cargo de la remodelación de la Variante Palmira. La obra, iniciada en 2018 con un presupuesto original de $2.641 millones, se encuentra próxima a finalizarse con una inversión que supera los $40.373 millones. En octubre de 2025, el tránsito por ese tramo quedó habilitado.
Pese a esta reactivación, el grupo empresario mantiene abiertos frentes judiciales. Integrantes del principal accionariado de Cartellone se encuentran involucrados en el juicio oral de la causa Cuadernos, que tramita ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.
En esta causa, Gerardo Cartellone, José Cartellone y María Rosa Cartellone, junto a Tito Biagini, están acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que Hugo Kot fue imputado como partícipe necesario.
Según la acusación fiscal, los pagos realizados a funcionarios nacionales entre 2003 y 2015 habrían formado parte de un esquema sistemático destinado a obtener decisiones administrativas favorables y contratos de obra pública bajo la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, en caso de que los responsables de la constructora reciban una eventual condena, podría derivar en la pérdida de concesiones, en función de lo establecido por la Ley Nacional 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sancionada en 2018.
El presente de la compañía contrasta con el escenario que atravesó en 2021, cuando José Cartellone Construcciones Civiles S.A. solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra, frente a un pasivo que rondaba los 60 millones de dólares.
La crisis estuvo asociada a la caída sostenida de contratos de obra pública desde 2015 y se agravó tras la exposición pública derivada de la causa Cuadernos.
Cuatro años después, la empresa logró salir del concurso preventivo luego de que el Tercer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza homologara el acuerdo con los acreedores. El fallo, firmado por el juez Pablo Gonzalo González, habilitó a la compañía a avanzar en la normalización de sus finanzas.
Como parte del proceso concursal, se creó el "Comité Definitivo de Acreedores" y el directorio aprobó la emisión de bonos que serán rescatados en diez cuotas anuales y asumió un compromiso de austeridad, que incluye la no distribución de dividendos durante la vigencia de las obligaciones negociables.