Dante Vega: “La banda sigue activa porque Bento permanece en libertad”

Dante Vega condujo la instrucción de la causa contra el juez suspendido Walter Bento, que llegó a juicio. Ese juicio está a punto de entrar en su etapa más intensa: hablarán Bento y el resto de los acusados y los abogados intentarán derribar sus pruebas.

Esto se empezará a ver desde la semana que viene. Pero el fiscal federal se muestra tranquilo: cree que se probará “sobradamente” que el magistrado conducía una asociación ilícita que sobornaba a presos para darle beneficios.

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Sin embargo, en el largo mientras tanto, Vega tiene una preocupación que sintetiza en una frase: “La banda permanece activa porque Bento sigue en libertad”.

-Diego Barrera reconoció el crimen de Diego Aliaga, ¿eso tiene alguna repercusión en el juicio a Bento?

-No tuvo, hasta donde sé, ningún impacto en la causa de Bento. Yo no soy el fiscal de esa causa, se concentró Barrera en la relación con Aliaga y él mismo aclaró que de ese tema no iba a hablar. En este juicio es testigo y declaró en tres oportunidades en la instrucción. Declaró por segunda vez el mismo día que el ex abogado de Bento, (Mariano) Cúneo Libarona, presentó un supuesto audio en el que decía que toda la causa estaba armada por mí. Pero Barrera nos hizo saber que quería aclarar algo, hicimos una audiencia formal y nos dijo que no había tenido ninguna comunicación con el abogado de Bento y que con el único abogado que se comunicaba era el de él. Es un testigo más de la causa, Bento lo quiere elevar a testigo estrella e inventa una relación entre Barrera y el fiscal que no existe.

-¿Qué aportó Barrera a esta causa?

-Aportó muchos datos de la relación entre Aliaga y Bento. Sin ir más lejos, que Aliaga le decía a Bento en las conversaciones “primo”. En una prueba que pidió el fiscal (Fernando) Alcaraz, dimos con un SIM card. Lo pedimos por las vías formales y ahí detectamos las 265 conversaciones de ida y vuelta entre Bento, agendado como “Primo”, y Aliaga. Las llamadas fueron durante siete meses. Se detectó también que durante los casos de cohecho, las llamadas se intensifican. Esto ocurre cuando se está por definir una situación ilícita respecto de algún imputado.

-¿En la organización están Bento, luego Aliaga y después los abogados, no?

-Sí, en la investigación también hemos considerado como organizadores a (Jaime) Alba y a (Luciano) Ortego. De la investigación surge que estos abogados tienen un rol más importante en la banda que el resto de los abogados. Hicimos tres divisiones. La jefatura, que estaba a cargo del juez, que era quien ponía la firma para consumar la maniobra delictiva, los organizadores, Aliaga, Alba y Ortego, y abajo la banda de abogados que ingresaban y salían de las causas, policías y un acusado por delito de estupefacientes. La base de la banda era más amplia. Estoy en condiciones de decir que hemos desbaratado esta banda en cuanto a los delitos que consumaba. He dicho que la banda permanece activa, pero no en cuanto a su actividad delictiva, permanece activa en cuanto a su significado. La banda está activa en cuanto a la posibilidad de fuga de parte de Bento, que tiene un rol preponderante, los recursos económicos y una posición de poder para hacerlo. También tiene la posibilidad de desnaturalizar el proceso. Bento ha perturbado el proceso desde que estaba secreto. Nosotros no estamos en condiciones de aseverar que esas perturbaciones hayan terminado, al contrario, han continuado en el tiempo. En ese sentido razonamos. La banda sigue activa en su capacidad de perturbar y la posibilidad de facilitar la fuga del jefe o de otros.

-¿Cómo se puede evitar que la banda siga activa mientras se desarrolla el juicio?

-Va a ser importante el desarrollo del juicio y Bento además está atravesando otro proceso de carácter administrativo/político, que es el Jury de Enjuiciamiento, que tiene que decidir su suerte antes que el juicio penal. Yo no sé qué va a decidir el Jury (NdR: ante el Jury Bento enfrenta un juicio de remoción), pero eso puede tener alguna influencia, porque ahí se va a decidir la investidura de Bento, y él tiene cinco órdenes de prisión preventiva que vienen de la instrucción, que están suspendidas esperando la decisión de ese órgano.

-¿Entonces la banda podría desactivarse antes si el Jury toma una decisión?

-Tendría impacto. No sé si desarticula la banda, pero una eventual remoción del juez tendría impacto. Pero eso está en el terreno de las hipótesis. Hoy en día, en la situación en la que estamos, aseveramos que es una banda que permanece activa porque el jefe permanece en libertad. Las medidas que se toman al respecto son las que se pueden tomar: hacerlo saber. Todavía no es momento de tomar medidas de aseguramiento respecto del juez en particular porque es prematuro. Evaluaremos cuándo tomaremos esas medidas.

-¿Cuáles son esas medidas de aseguramiento?

- El control concretamente para evitar una opción de fuga. Todavía no, pero lo tenemos pensado eso.

-Ese temor está muy arraigado en la fiscalía.

-Nosotros hace unos meses detectamos una maniobra de la familia en el consulado de España, en la cual dos imputados, su esposa y dos de los hijos del juez, fueron a tramitar la ciudadanía en febrero de este año ¿Cuál es el significado de que tres personas que están enfrentando un proceso penal activen la ciudadanía española? Todos sabemos que detrás de la ciudadanía viene el pedido del pasaporte. Esto lo hemos interpretado como un signo de alarma. Esto no es que digamos que se va a fugar toda la familia, porque es imprudente decirlo, pero nos llama la atención este movimiento.

-¿Están en alerta a pesar de que el juez se ha sometido a proceso y viene a todas las audiencias?

-Estamos en alerta porque es lo que corresponde en el proceso.

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-¿Puede ser una fachada que asista al juicio?

-Yo no me animaría a decir tanto, pero tenemos la postura más responsable como fiscales. Hay que estar al tanto de esta situación y tratar de evitarla. Si no ocurre, no ocurre. Y si llega a intentar la fuga, que la ciudadanía comprenda que los fiscales no estamos con los brazos cruzados, estamos atentos.

-¿La preocupación deriva de que no hay una definición sobre Bento ni en el juicio penal ni en el Jury?

-El sistema institucional está organizado así. La circunstancia de un juez sometido a juicio penal es gravísima. Entonces la república prevé instituciones que se encargan de esto y que llevan su tiempo. Primero interviene el Consejo de la Magistratura, luego el Jury, que tiene fijado un plazo por la Constitución nacional. Tan importante es esto que la Constitución prevé un plazo, vencido el cual, si no toma una medida, el juez debe ser repuesto en el cargo, sin lugar a dudas. También dice que la resolución del Jury es irrecurrible. El constituyente ha tomado nota de la gravedad. Mientras tanto estamos en el proceso penal que es distinto, hay muchas más personas involucradas, tiene otros tiempos. Lo que pasa es que están coexistiendo ambos procesos. Nosotros estamos abocados al juicio penal pero no desconocemos las repercusiones del otro proceso que se lleva adelante el Buenos Aires. El otro proceso sigue su suerte independientemente de este.

-¿Hubo influencia política en la demora de la decisión del Consejo de la Magistratura respecto de suspender a Bento?

-No lo descarto, pero hasta donde sé, se mezclaron cosas. Es un órgano político el Consejo y su composición, tanto la anterior como la actual, está atravesada por la política. Tampoco hay que desconocer que existió un fallo de la Corte que obligó a cambiar la composición del Consejo, se llamó nuevamente a elecciones y se rearmó. Eso acarreó una demora en todos los procesos. Una vez que se activó, avanzó el caso de Bento y terminó el 31 de mayo con un dictamen unánime. Que los 19 consejeros, incluido el presidente de la Corte, hayan votado por la suspensión (de Bento) es un dato muy relevante en ese ámbito. Eso influyó en el proceso penal porque con esa decisión se evitó una situación insólita y de gravedad institucional: que una persona que tenga a cargo la investigación penal sobre los ciudadanos y encima el control del proceso eleccionario, a la vez esté enfrentando un proceso penal como jefe de una asociación ilícita que pedía beneficios o sobornos para mejorar la situación de las personas. En esto reparó la Cámara Federal de Apelaciones y lo hizo saber al Consejo de la Magistratura. Eso terminó el 31 de mayo. El Consejo dio un paso muy importante en orden de resguardar la institucionalidad.

-¿No le preocupa que la figura de la asociación ilícita sea difícil de probar?

-No, eso lo tuvimos en cuenta. Es una figura que tiene una estructura muy compleja, que acarrea dificultades de prueba. Sabiendo de antemano las dificultades encaramos la investigación para probar la existencia de la banda. No nos quedamos con un curso probatorio. Cada hecho que cometía la banda, con la relación entre sus integrantes y cómo operaba, lo probamos por distintos medios de prueba. En algunos casos tenemos entre tres y cuatro medios probatorios que nos dan la razón. Teléfonos, expedientes, dichos de testigos y las contradicciones entre los imputados, han formado un caudal probatorio enorme. Ahora toca la palabra de los defensores en las cuestiones preliminares y qué imputados van a hacer uso del derecho de declarar. No sé qué le van a decir al tribunal, pero sé qué le dijeron al tribunal en la instrucción. Detectamos contradicciones, los dichos de los imputados tienen un valor en sentido desincriminativo como también cuando no logran refutar la acusación. Es una manera de apuntalar la prueba del hecho.

-¿Es importante la declaración de Bento?

-Bento ha declarado largas horas en la instrucción sin responder preguntas. También largas horas en el Consejo de la Magistratura, sin que le hicieran preguntas. Ha ido variando lo que decía, al principio empezó con una teoría conspirativa, de lawfare, luego se concentró en mi figura como enemigo. Cuando terminó la declaración (Pablo) Tonelli le preguntó si pensaba que todos los magistrados estaban involucrados en esta conspiración. Hay al menos 20 magistrados que han intervenido en distintas instancias. Lo cerró con una frase dogmática y no sé qué va a decir ahora. Lo que sí sé es que hasta el momento declaró 23 horas en distintas instancias. En ningún caso ha logrado refutar los hechos de la acusación. Hemos corroborado una y otra vez que no ha dado explicaciones razonables. Esto no implica negarle el derecho de defensa ni invertirlo. No no no. Ante una acusación del Ministerio Público, alguna explicación tiene que aportar. Pero si se maneja con frases dogmáticas, perturbaciones y amenazas al fiscal, la conclusión es que no logra refutar la acusación.

-El abogado de Bento ha sostenido que no hay pruebas concretas de sus conversaciones con el resto de la banda.

-No quiero ingresar ahí porque no quiero emplear los medios para establecer litigios. Yo puedo decir lo que está en el expediente. Ahí está una copia del SIM card de una persona que por entonces estaba desaparecida, y hoy sabemos cuál fue su final, que ordenó el fiscal federal que llevaba esa investigación. De ese procedimiento no hay nada que objetar y nosotros acudimos a esa investigación para obtener una prueba en nuestra investigación. Punto. Eso dice la prueba incorporada válidamente ¿La pueden atacar Bento y los abogados? Pueden hacerlo. Pueden decir que es una creación mía artificial, que no existen las comunicaciones y que las he inventado yo. Frente a eso está el expediente. No es una cuestión de dichos contra dichos. Es cierto que muy posiblemente esto sea uno de los temas iniciales de planteo, me animo a decir que lo será la semana que viene, pero bueno, responderemos cómo se incorporó esa prueba y el tribunal decidirá. Esa es la dinámica que hace a todo juicio.

-¿Qué relevancia hubiera tenido que Bento entregara su teléfono celular?

-Está probado en la causa que desde la línea de teléfono provista por el Consejo de la Magistratura el juez se comunicó en reiteradas oportunidades con Aliaga (265 veces en un lapso de siete meses), circunstancia que aún no explica. También está probado que en el procedimiento del 4 de mayo de 2021 el imputado no entregó el aparato a las autoridades que se lo requerían, desobedeciendo una orden del juez de la causa.

-¿Por qué se tuvo que conformar un tribunal con juezas de otras provincias para este juicio?

-Se dio por la misma dinámica de apartamientos y recusaciones.

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-¿Nadie de acá lo quería juzgar a Bento?

-A ver…cada juez local expuso sus razones por las que entendía que no podían intervenir, convalidadas luego por la Cámara de Casación; algunos jueces fueron recusados por el Ministerio Público y ese trámite terminó. Y finalmente se constituyó el tribunal con juezas que no son de la provincia pero que son de Cuyo. Eso puede darse.

-¿Podrían haberlo juzgado jueces de acá a Bento?

-En principio no hubiera existido ningún inconveniente. La ley es muy específica cuando un juez debe intervenir o se debe apartar. Así se llegó a la conformación de fiscales del juicio. Estoy en el juicio por una decisión del Procurador general de la Nación, no es que yo levanté la mano para estar, esto es institucional. Que estemos cuatro fiscales no es gratuito. Está la fiscal del juicio (María Gloria André), el fiscal que coadyuva con la fiscal, que soy yo porque estuve en la instrucción, junto con fiscales de la Procelac que se dedican a la parte patrimonial, para darle la mayor seriedad y objetividad, y el mayor volumen jurídico a la acusación.

-O sea que usted no está persiguiendo a Bento.

-Claro, entre tantos insultos que me han dirigido, uno de los abogados, no de Bento, me acusó de que yo voy a defender mi cargo, mi patrimonio y hasta mi libertad. Ese fue un argumento antojadizo y un insulto. Yo estoy en el juicio para cumplir con mi función. No soy parte interesada, como dijo este abogado. Pretendo que se cumpla con la ley.

-¿Qué pasaría si Bento sale inocente del juicio?

-Lo que ocurre en cualquier juicio cuando alguien sale absuelto. El juicio tiene etapas. Ya terminó la instrucción. Los 20 magistrados que intervinimos concluimos que este era un caso que debía ser elevado a juicio. Ahora estamos transitando esa etapa. Confiamos en demostrar sobradamente todos los extremos de la acusación, por lo que es seguro que el tribunal decidirá en consecuencia. Hay que transitar el juicio, que es la última etapa.

-No lo imagino no apelando un eventual fallo absolutorio…

-Falta mucho…estamos concentrados en las pruebas y en cada etapa. No tiene sentido adelantarse.

VIVIR CON CUSTODIA POLICIAL

-¿Esta investigación le cambió la vida a usted?

-No. Tengo la opinión de que hay dos factores que han contribuido a hacerle mucho daño a este país: el autoritarismo y la corrupción. Y esta función de fiscal me ha permitido combatir a los dos. Al autoritarismo, con mi intervención en los juicios de lesa humanidad. Estamos haciendo el alegato de apertura en un juicio muy importante en contra del D2, que era el principal aparato policial del terrorismo estatal. Este caso (Bento) me ha servido para enfrentar el otro flagelo que es la corrupción. Punto. Ese es el significado personal que tiene. Es cierto que he sufrido ataques como nunca. No es un caso más. He enfrentado una virulencia que no pensaba que iba a enfrentar, pero lo he hecho con tranquilidad de ánimo y no me he apartado un solo centímetro de la legalidad. Uno al meterse en un caso como este se mete en fricciones, pero bueno, para eso la gente nos paga el sueldo como fiscales. De lo contrario nos tenemos que dedicar a otra cosa.

-Igualmente las amenazas deben haber sido un tema

-Sí sí, por las amenazas tuve custodia policial y actualmente la tengo. La custodia no es cómoda, pero es necesario.

-¿Usted cree que corre un riesgo personal real?

-Sí sí, porque han habido amenazas concretas en mi contra. Por lo tanto, parte de la seriedad con que encaro esto es que la Policía me custodie a mí y a mi grupo familiar, para que esto transite por los carriles que tiene que transitar. Intimidar a los fiscales es algo muy grave y hay que evitarlo a toda costa. La Policía ha tomado medidas para conjurar esto y que yo pueda trabajar tranquilo.

-¿Trabaja tranquilo?

-Sí, yo puedo trabajar tranquilo en tanto tengo a la Policía atrás que me custodia.

-¿Cree que no va a necesitar la custodia en algún momento?

-No lo sé, ojalá, seguiré con la custodia el tiempo que sea necesario.

“LA JUSTICIA DEBE SER REORGANIZADA”

-¿Tiene una opinión sobre el lawfare? ¿Existe?

-Es un concepto muy poroso que se presta para distintas interpretaciones. Lo que sé es que en este caso la Justicia está dando a la ciudadanía una respuesta seria de una cuestión que causa alarma y que por supuesto no hace otra cosa que disminuir o afectar su opinión respecto de la Justicia. Estamos revirtiendo eso, estamos dando una respuesta responsable a un fenómeno gravísimo y con eso vamos en dirección a restablecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia, algo que es esencial en el estado de derecho y en cualquier república. Yo creo que hay que destacar este aspecto institucional de este juicio, y más allá de los vaivenes, el ciudadano advierte que la Justicia está respondiendo de acuerdo a su expectativa.

-Lo dice sobre este juicio, ¿pero a nivel general también pasa?

-Y, ojalá, soy parte de la Justicia, soy ciudadano como usted, y leo los diarios y pago los impuestos. No desconozco que estamos atravesando una turbulencia severa, pero yo confío en que se va a revertir esta mala imagen de la Justicia y nosotros vamos en esa dirección. La Justicia va a presentar una imagen confiable para los ciudadanos, porque si no todo paso está rodeado de sospechas. Esto involucra a la clase política.

-¿De qué manera se involucra la política?

-Como articuladora de un sistema de justicia. La política no es ajena a la Justicia. No es que la política se inmiscuya…la Justicia cumple un rol muy importante y la política va a entender en algún momento y va a contribuir a su organización. La Justicia debe ser reorganizada. La Corte se tiene que integrar con sus miembros lo mismo que la Procuración, los recursos no pueden durar tanto tiempo y debe haber un sistema más ágil de cobertura de vacantes. Yo creo que en algún momento la política va a tomar nota de todos estos temas y va a dar una respuesta que permita a la Justicia integrarse y a la vez ser más confiable para la ciudadanía. Si no creyera esto sería muy difícil venir todos los días a trabajar. Creo en esta institución, si no me dedicaría a otra cosa.