La expresidente cumple prisión domiciliaria por dicha causa, donde tiene tiempo hasta mañana para devolver la exorbitante suma de dinero.
Cristina Kirchner en el balcón de su departamento en Constitución
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Gentileza A un día de que se venza el plazo para devolver U$S530 millones, Cristina Kirchner se negó a pagar el decomiso ordenado en la causa Vialidad, expediente por el cual cumple prisión domiciliaria. Además, busca frenar las disposiciones del Tribunal Oral Federal 2 relacionadas con su patrimonio.
El recurso presentado ante la Cámara de Casación pide que se declare la “nulidad absoluta” del cálculo realizado por el tribunal para actualizar el monto. Esto sucede a pocas horas de que se cumplan los diez días que se le otorgó a los condenados para depositar el dinero en una cuenta de ahorro.
Por el momento, ninguno de los acusados ha emitido el pago solicitado.
La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, lo que provocó un perjuicio millonario al Estado, por lo que la ex mandataria fue sentenciada a 6 años de prisión e habilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Si la transferencia no se concreta, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una alternativa: destinar parte de esas propiedades a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura. La resolución firmada por los ministros habilita también su cesión temporal a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para programas de utilidad social.
En el caso de la expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos departamentos en el complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos pasibles de subasta. Algunos de estos bienes están cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y embargados en otra causa, Hotesur - Los Sauces, lo que abre un conflicto legal sobre la prioridad en su ejecución.