Por la causa Vialidad, Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López tienen tiempo hasta el miércoles para devolver la exorbitante suma de dinero.
Se vence el plazo a Cristina Kirchner para devolver USD 530 millones: qué pasa si no lo hace.
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A tres días del vencimiento del plazo judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cumplió con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado.
El 13 de agosto es la fecha límite para el depósito de los fondos en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación. Hasta ahora, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López, los principales condenados, han efectuado pago alguno.
Si la transferencia no se concreta, la Justicia avanzará con la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema introdujo una alternativa: destinar parte de esas propiedades a uso institucional, ya sea para el propio máximo tribunal o para el Consejo de la Magistratura. La resolución firmada por los ministros habilita también su cesión temporal a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para programas de utilidad social.
En el caso de la expresidenta, condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos departamentos en el complejo Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país como activos pasibles de subasta. Algunos de estos bienes están cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y embargados en otra causa, Hotesur - Los Sauces, lo que abre un conflicto legal sobre la prioridad en su ejecución.
La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, provocando un perjuicio millonario al Estado.