Jubilados, marchas antimineras y reclamos sectoriales explican el crecimiento de las convocatorias. En total, fueron 126 movilizaciones durante el año pasado.
La calle Patricias Mendocinas, con la Policía de un lado y los manifestantes detrás de un vallado. Foto: Ramiro Gómez.
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Durante 2025 se registraron 126 movilizaciones sociales en el Gran Mendoza, lo que representó un incremento cercano al 40% en comparación al 2024, cuando se contabilizaron 91 protestas. El aumento se dio en un contexto marcado por tensiones sociales vinculadas tanto a decisiones del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, como a políticas impulsadas por la gestión de Alfredo Cornejo.
El dato surge de un relevamiento oficial del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que analiza la evolución de las manifestaciones públicas en los departamentos que integran el Área Metropolitana.
El informe da cuenta no solo de un crecimiento en la cantidad de convocatorias, sino también de una diversificación de los reclamos, que abarcaron desde cuestiones previsionales y educativas hasta conflictos ambientales, laborales y de seguridad barrial.
Según el informe, las movilizaciones más frecuentes durante 2025 fueron las protagonizadas por jubilados y pensionados, que se concentraron todos los miércoles en la Plaza San Martín, en la Ciudad de Mendoza.
Estas protestas, orientadas principalmente contra políticas del Gobierno nacional, se repitieron en 49 oportunidades, convirtiéndose en el reclamo sostenido más constante del año.
En segundo lugar se ubicaron las marchas antimineras, con 34 movilizaciones registradas. La mayoría de estas se concentraron en el último tramo del año, tras la sanción definitiva del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que habilita la explotación minera en la zona de Uspallata.
A diferencia de otros reclamos, estas protestas derivaron en episodios de mayor conflictividad, con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía de Mendoza, que dejaron como saldo personas detenidas, efectivos heridos y daños en bienes públicos y privados.
El relevamiento también incluye otras manifestaciones, como la marcha universitaria, convocatorias impulsadas por gremios estatales y privados, protestas de agrupaciones feministas y reclamos vecinales en distintos barrios del Gran Mendoza.
En estos casos, los pedidos estuvieron vinculados a mayor seguridad, deficiencias en servicios públicos o problemáticas puntuales de cada zona, aunque con una participación más acotada.
Ante la convocatoria de movilizaciones de gran magnitud, la Policía de Mendoza aplica un protocolo específico cuyo objetivo es garantizar el derecho constitucional a la protesta, preservar el orden público y evitar incidentes que puedan afectar a terceros.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que el eje del dispositivo es preventivo y se basa en la planificación anticipada y el diálogo permanente.
El método de organización de los operativos comienza antes de cada marcha. Personal del área de Relaciones con la Comunidad mantiene contacto previo con los referentes de las distintas movilizaciones, con quienes se acuerda el recorrido, los horarios y las condiciones de circulación.
Según indicaron fuentes oficiales, en la gran mayoría de las protestas se logró este diálogo previo y el respeto por la media calzada, lo que permitió el desarrollo ordenado de las manifestaciones.
Desde el Ministerio señalaron que la excepción a esta modalidad se dio en las marchas antimineras, cuyos organizadores, según la versión oficial, rechazaron sentarse a dialogar con las autoridades y no aceptaron acordar recorridos ni pautas de circulación.
Esta falta de coordinación previa fue uno de los factores que, de acuerdo con el Gobierno provincial, incidió en los episodios de tensión registrados durante esas protestas.
El operativo se completa con monitoreo en tiempo real a través del sistema de videovigilancia y la presencia de personal policial en puntos estratégicos.
“Cuando existe diálogo previo, las manifestaciones suelen desarrollarse de manera ordenada y sin conflictos”, indicaron desde la cartera que conduce Mercedes Rus.
El informe oficial señala que existe un esquema de actuación destinado a neutralizar conductas delictivas cuando, en el marco de una manifestación, algunas personas intentan vulnerar la ley o afectar derechos de terceros.
En ese contexto, durante 2025 se aprehendió o detuvo a 31 personas vinculadas a distintos hechos ocurridos en movilizaciones. De ese total, a 15 se les iniciaron causas penales, algunas de las cuales ya concluyeron con condenas, incluso de cumplimiento efectivo.
Además, se registró un acuerdo contravencional. Salvo un caso ocurrido en Las Heras, el resto de las actuaciones estuvo relacionado con protestas antimineras.
Uno de los antecedentes citados es un fallo de la Justicia Contravencional de San Carlos, que aceptó un resarcimiento simbólico ofrecido por un manifestante que participó de un escrache frente al domicilio del diputado provincial Mauricio Torres, ocurrido el 12 de diciembre en el departamento del Valle de Uco.
Desde el edificio ministerial ubicado en calle Salta 672 aclararon que el relevamiento no incluye sanciones municipales ni otras contravenciones administrativas, ya que esas actuaciones se tramitan por carriles paralelos y no forman parte del registro centralizado.
El informe también detalla que el Ministerio de Seguridad y Justicia inició dos expedientes, uno penal y otro administrativo, contra un efectivo policial, a raíz de un incidente ocurrido en octubre durante una movilización antiminería en las inmediaciones de la Legislatura provincial.
Según se informó, la conducta del agente tras la detención de un manifestante, registrada dentro del edificio legislativo mientras cumplía funciones de custodia, no se ajustó a los lineamientos ni a lo requerido al personal policial.
Por ese motivo se dio inicio a una causa penal, a cargo de la UFI de Homicidios y Violencia Institucional (P-113748/25), y a un sumario administrativo interno (EX-2025-8548339-GDEMZA-IGS#MSEG).
Desde el Ministerio remarcaron que fue la propia cartera la que aportó evidencia digital para la investigación y subrayaron que “este episodio no representa la actuación policial en general”.
Desde el Gobierno provincial explicaron que los casos que derivaron en causas penales por cortes totales de calles o rutas no están necesariamente vinculados con la cantidad de manifestantes, sino con una intención deliberada de interrumpir la circulación, independientemente del desarrollo general de la protesta.
De acuerdo con el relevamiento oficial, las actuaciones judiciales incluyen delitos como intimidación pública, lesiones, daños, amenazas, entorpecimiento de servicios públicos e incluso incendios, cometidos por grupos reducidos que, según señalaron las fuentes, no representan a la mayoría de quienes se movilizan.
En ese análisis, el Ministerio indicó que la mayor concentración de episodios violentos se dio en manifestaciones antimineras, donde se registraron agresiones a efectivos policiales, daños a bienes públicos y privados, ataques a vallas de contención y obstrucciones prolongadas del tránsito, lo que motivó aprehensiones, imputaciones y condenas.
También se documentaron amenazas y acciones intimidatorias, tanto presenciales como a través de redes sociales, que derivaron en investigaciones específicas.
A mediados de diciembre, tras los hechos de violencia reiterados en protestas antimineras, la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia elaboró un documento con recomendaciones para la actuación de la Policía de Mendoza frente a manifestaciones públicas.
El texto generó un fuerte cruce institucional. El gobernador Alfredo Cornejo cuestionó públicamente a la Dirección y puso en duda su rol dentro de la estructura judicial, mientras que la ministra Mercedes Rus expresó su rechazo al contenido del informe.
“Esos son unos ñoquis que ganan muy bien y esa oficina es un gasto innecesario que no tiene ningún sentido”, enfatizó el mandatario en su momento a Los Andes.
El mandatario defendió el accionar de la fuerza de seguridad y afirmó que, como responsable político de la Policía, brindará respaldo para que se haga cumplir la ley, aunque aclaró que eventuales excesos deben ser sancionados.
El documento propone lineamientos para la “intervención policial ante el ejercicio del derecho a la protesta”, define el uso de la fuerza como excepcional y toma como referencia estándares de Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional.
La Dirección de Derechos Humanos, que depende del ministro Omar Palermo y es conducida por María Milagros Noli, sostuvo que el objetivo es monitorear el uso del monopolio de la fuerza del Estado.
En declaraciones radiales, Noli señaló que durante las protestas del 11 de diciembre se registraron 13 detenciones y que se advirtieron conductas que podrían considerarse excesivas, como detenciones de periodistas o la exhibición de armas de fuego durante los operativos.
Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron esas observaciones. Rus afirmó que el protocolo policial es la ley y el Código Penal, y aseguró que en ninguna manifestación democrática en Mendoza se utilizó un arma de fuego.
“El arma no es un elemento para reprimir protestas, sino una herramienta legal para proteger derechos fundamentales ante situaciones extremas”, finalizó la funcionaria.
