La Justicia contravencional de San Carlos aceptó un resarcimiento simbólico ofrecido por uno de los manifestantes que participó del escrache realizado el pasado 12 de diciembre frente al domicilio particular del diputado provincial Mauricio Torres.
Un manifestante ofreció donar diez cajas de leche al Banco de Alimentos del Valle de Uco. El gobernador Alfredo Cornejo valoró la resolución y destacó su impacto en la paz social.
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La Justicia contravencional de San Carlos aceptó un resarcimiento simbólico ofrecido por uno de los manifestantes que participó del escrache realizado el pasado 12 de diciembre frente al domicilio particular del diputado provincial Mauricio Torres. Tras conocerse la resolución, el gobernador Alfredo Cornejo valoró la decisión judicial.
Una vez conocido el fallo, el mandatario destacó su aporte “a la paz social”, al tiempo que remarcó que no hubo denuncia de su familia ni intervención de oficio por ese lado.
La medida fue dispuesta por el juez de Paz de La Consulta, Leandro Passerini, quien admitió el ofrecimiento de Jesús Victoriano Domínguez, señalado como uno de los participantes de la manifestación.
El hombre fue imputado por una presunta infracción al artículo 55, inciso B, del Código Contravencional de Mendoza, vinculado a la alteración del orden público y la tranquilidad social.
En su resolución, el magistrado consideró que la donación de diez cajas de leche en polvo de 800 gramos cada una al Banco de Alimentos del Valle de Uco constituye “una respuesta legalmente válida, socialmente útil y preventivamente eficaz”.
Además, fijó como fecha límite el 29 de diciembre para que el resarcimiento sea efectivamente cumplido, tras lo cual el expediente quedará en condiciones de ser cerrado.
Al referirse al fallo, Cornejo señaló que la resolución resulta “saludable para la provincia” y subrayó que ni su hermana Cecilia, esposa del legislador, ni ningún integrante de su familia realizaron denuncia alguna.
“Eso habla bien de la Justicia, de hacer cumplir el Código Contravencional, porque lo tomaron como una contravención y no como un delito”, expresó.
El gobernador reconoció que el monto del resarcimiento puede parecer bajo en comparación con otras sanciones previstas en el régimen contravencional, como las aplicadas en casos de alcoholemia. Sin embargo, sostuvo que el valor de la decisión es principalmente simbólico.
“Celebro la actitud de la persona que lo hizo y celebro la actitud de la Justicia que se comprometió”, afirmó.
Finalmente, Cornejo amplió su postura y afirmó que sostendría el mismo criterio ante situaciones inversas.
“Lo celebraría también si alguien prominero escracha a alguien antiminero”, indicó, y llamó a la sensatez y al diálogo entre sectores con posiciones enfrentadas. “Que estemos en contra y no tengamos coincidencias no significa que no debamos escucharnos”, concluyó.
El hecho se produjo el viernes 12 de diciembre, cuando un grupo de alrededor de 50 personas identificadas como antimineras se concentró frente a la vivienda del diputado provincial por San Carlos, quien además es cuñado del gobernador.
A partir de testimonios recolectados, el Juzgado de Paz inició actuaciones de oficio para investigar la posible comisión de una contravención.
Durante el proceso, Domínguez se abstuvo de declarar y no registraría antecedentes. En ese contexto, ofreció reparar el daño ocasionado mediante una donación con destino social, propuesta que fue evaluada como proporcional a la entidad del hecho y adecuada para restablecer la convivencia comunitaria en la zona donde ocurrió el episodio.