En los albores de la civilización, cuando aparecen las primeras organizaciones políticas al formarse las primeras ciudades, la tarea del gobernante era asegurar la defensa e impartir justicia. Son las funciones indelegables del Estado. El Código de Hammurabi, sancionado por el rey de ese nombre hace unos 3800 años en la antigua Babilonia, actual Irak, con su conjunto de 282 leyes que regulaban la vida cotidiana en temas como la propiedad y la herencia, el matrimonio y la familia, la justicia y la condena, el comercio y establecía la ley del talión tiene la importancia de ser el primer documento escrito conocido que establece el imperio de la ley sobre la arbitrariedad.
La evolución desde esos reinos rudimentarios llevó a consagrar a la justicia en un rol clave para la convivencia social como lo apreciamos en el derecho romano y sus instituciones que son los cimientos del derecho vigente en nuestros países. La independencia del poder judicial del poder político fue la culminación de ese proceso.
Una justicia prestigiosa e independiente es esencial para la vigencia del derecho y garantizar las libertades y propiedades de los ciudadanos y de los inversores. Nuestro país contó con una justicia de esas características desde el momento que, al constituir la primera Corte Suprema de Justicia, el presidente Mitre nominó como integrantes a personas que no eran sus partidarios.
En 1947 se inició el proceso de deterioro de la independencia judicial con el juicio político a cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema buscando un tribunal adicto al oficialismo. A partir de entonces cada interrupción institucional y el siguiente proceso de normalización significaba otra vez el nombramiento de otra Corte y el recambio de los jueces nombrados en los períodos de gobiernos de facto. Debe reconocerse al presidente Alfonsín que en 1983 sólo dos de los cinco miembros propuestos eran cercanos al radicalismo, también Macri no propuso afiliados de su partido.
En las últimas décadas, la situación de la justicia se ha empeorado, tanto a nivel federal como en las provincias. La justicia federal se ha convertido en una moneda de cambio entre el gobierno nacional y los gobernadores que buscan impunidad. Casi ninguno de los designados logró las mejores calificaciones en los concursos haciendo que el Consejo de la Magistratura sea una ficción costosa para los contribuyentes. No podemos dejar de mencionar el deterioro en la calidad de los abogados que se gradúan como resultado de la proliferación de facultades de derecho, un despropósito, tanto privadas como estatales.
El problema de parte de la justicia federal no se limita a los concursos amañados o la falta de respeto a los puntajes obtenidos, sino también a la complicidad con los desmanes de los gobiernos y últimamente de algunos con el narcotráfico.
Las demoras en implementar el sistema acusatorio en algunas jurisdicciones, entre ellas la de la ciudad de Buenos Aires, muestra también como privan sobre el interés general los planteos corporativos de jueces que pierden en manos de los fiscales la instrucción de las causas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires cabe agregar las demoras en la transferencia de la justicia nacional a la jurisdicción de la ciudad autónoma en violación flagrante de lo dispuesto en la reforma constitucional.
El gobierno actual, hasta ahora, no ha dado buenas señales en relación a la justicia.
La propuesta de nominar para la Corte Suprema a un juez federal controvertido y especialista en dar impunidad a la corrupción como lo es el doctor Ariel Lijo, fue una señal preocupante.
La falta de nombramientos para cubrir vacantes tanto en la Justicia Federal como en la nacional es otra muestra preocupante del desdén por los asuntos institucionales que ha mostrado el gobierno actual transcurrida ya la mitad de su mandato. Durante estos dos años de gobierno del presidente Milei renunciaron ochenta y tres magistrados entre jueces, camaristas, fiscales.
La Justicia Nacional y Federal cuenta con un total de 1002 cargos, de ellos 596 corresponden al fuero federal y 406 al nacional. De las 337 vacantes ciento setenta y seis son en el fuero nacional, que como señalamos en otro párrafo debe ser transferido de una buena vez a la ciudad de Buenos Aires. En el fuero federal ciento doce vacantes son de juzgados y cámaras sitas en las provincias y cuarenta y nueve al fuero federal con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos entonces problemas de vacantes y los relacionados con la idoneidad y ética de muchos de los que ocupan cargos en la magistratura. Esto se agrava en muchas provincias, incluso algunas con mayor tradición institucional como es el caso de la provincia de Buenos Aires.
Asuntos tan trascendentes como este y como lo es también el problema educativo no tienen en la agenta pública la prioridad que debe asignársele. Es una de las causas de la crisis que soportamos hace tiempo.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la Historia.
