La abogada mendocina, Florencia Morán, destacó aspectos positivos de la provincia. Lo compartirá en la sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer
La abogada mendocina, Florencia Morán, llevará la experiencia de la Justicia mendocina a una sesión de la ONU
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Una abogada mendocina, experta en Derechos Humanos y en particular de las mujeres, llevará la experiencia de la Justicia mendocina a una sesión de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Florencia Morán lleva muchos años transitando pasillos con este tipo de causas y conoce desde adentro cómo funciona el acceso a la Justicia en Mendoza para este grupo.
Aunque reconoce que, sin dudas, hay cosas por mejorar también destaca que Mendoza está muy bien parada en cuanto a las estrategias y vías de acceso para acompañar a las mujeres que afrontan situaciones como la violencia de género o algún otro tipo de vulneración.
Incluso considera que Argentina está bien posicionada a nivel internacional en cuanto a normas de protección hacia la mujer por parte del sistema judicial.
Por eso participará de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) que se realizará entre el 9 y el 19 de marzo en Nueva York. Se trata del principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
La letrada será la única representante de la provincia e incluso será parte de la delegación nacional que envía Cancillería. En ese marco, destacó que además será la única referente del interior del país.
“Me especialicé en Derechos Humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con la violencia familiar, la violencia hacia las mujeres, he transitado los tribunales buscando respuestas para las mujeres, y he visto todos los avances”, destacó en diálogo con Los Andes. Nació en Bahía Blanca, pero llegó a Mendoza cuando tenía un año, donde estudió, se recibió y ejerce por lo que no duda en sostener que es mendocina sin lugar a dudas.
Esta comisión es parte del Consejo Económico y Social de la ONU y de ella participan los más de 180 países miembros de la entidad además de organizaciones que tienen personería o reconocimiento por parte de la ONU. Por eso destacó que la participación es multitudinaria y allí se comparten las experiencias de diferentes lugares del mundo, justamente hasta donde llevará la de Mendoza.
La Comisión fue creada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 21 de junio de 1946. Su función es promover los derechos de las mujeres, documentar la realidad de la vida de las mujeres en todo el mundo y definir normas mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
No es la primera vez que asistirá la abogada. Ya tuvo la experiencia el año pasado y por eso conoce el movimiento: explicó que se realizan diversos eventos y reuniones en el marco de esa comisión. Contó que donde ella participará es similar a lo que suele verse en las transmisiones de las comisiones de la ONU en las que hay muchos miembros, representantes de diferentes países, reunidos y se va solicitando la palabra para exponer.
Para participar se debe ser representante de un país o estar avalado por alguna de las mencionadas entidades. En su caso, ella coordina la organización internacional A21, Abolicionistas del siglo XXI, que lucha contra la trata y explotación de personas. Eso le ha permitido conectarse con muchas otras organizaciones a nivel nacional e internacional, entre ellas una que se llama Coalición de Mujeres Argentinas que pertenece a una organización que se llama Jucum, Jóvenes con una misión. La letrada explicó que es una organización internacional que prepara jóvenes para distintas misiones y es esa la que tiene personería ante la ONU y la habilitó para participar.
“Uno de los temas prioritarios que se va a hablar y que la ONU le pide a los estados, es el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva. Es lo que va como uno de los temas principales”, explicó.
Detalló que el acceso a la Justicia implica que las mujeres puedan acceder sin limitaciones, sin trabas. Esto involucra, por ejemplo, que si necesitan un patrocinio gratuito porque no pueden costearlo, lo tengan, o que sea accesible en cuanto a espacio físico, entre otras cosas.
“Hay un montón de requisitos que piden y Mendoza particularmente los tiene. Tiene un Juzgado de Familia especializado en familia y violencia, y hay en cada uno de los departamentos oficinas judiciales, funciona”, resumió. Destacó que eso evita que la mujer en situación de violencia deba trasladarse demasiado para ir a exponer su situación, lo que podría ser un obstáculo.
“Lo que hace el acceso a la Justicia es que puedan las mujeres ir a presentar su reclamo, cualquiera sea, sin trabas, y la tutela judicial efectiva refiere a, cuando ingresó esa denuncia, cómo va a ser ese proceso y cómo va a salir, requiere una respuesta útil, en un tiempo razonable”, agregó.
En definitiva resumió que deben darse ciertas condiciones: que el acceso y los procesos no tengan trabas; la accesibilidad física y económica,
En cuanto a la cuestión penal, “también están las oficinas fiscales, que en los departamentos son los primeros que toman la denuncia y está la unidad fiscal especializada en violencia de género, que es la que continúa en la parte penal investigando el tema de la violencia hacia la mujer. Entonces, hay un sistema judicial, tanto de familia como penal, especializado, con lo cual hay operadores especializados, con lo cual hay protocolos para abordar esas distintas situaciones de violencia o de emergencia”, resaltó. Esto, dijo que coincide con la recomendación de la ONU respecto a la tutela judicial efectiva.
Otro aspecto que Morán destacó de Mendoza es la existencia de canales de denuncia diversos y accesibles. Mencionó que la mujer puede ir a los juzgados de familia o llamar al 160 para pedir información.
En esa línea se ofrece información sobre medidas de protección. “Porque en definitiva ¿qué es lo que quiere? Que si yo estoy sufriendo una situación de violencia, estoy pasando una situación de vulnerabilidad, el Estado, el sistema jurídico, me de una respuesta, y esa respuesta generalmente es una exclusión de acercamiento, o una exclusión del hogar”, señaló.
Sumó que además puede realizarse el procedimiento a través de la página del Poder Judicial. Allí se puede hacer una denuncia penal, por ejemplo por delitos de lesión, y pedir una medida de protección al juzgado de familia. A partir de ello se origina un tícket y se obtiene una resolución, incluso la medida de protección, en 24 horas, según relató.
En su opinión, “las mujeres en Mendoza cuentan con herramientas que protegen, o que las protegen en situaciones de vulnerabilidad. Y después las conectan, porque obviamente eso continúa, o sea, mucha de la violencia no solo es física, a veces es psicológica y a veces es económica”. En ese marco se refirió a que se ofrece la vinculación con otras áreas que puedan contenerlas y darles los recursos necesarios como la Dirección de la Mujer o de las Direcciones de Género municipales. Enumeró que coordinan, subsidian o brindan otras herramientas de asistencia como apoyo psicológico. “Hay contención, hay una tutela efectiva”, concluyó.
La abogada consideró que además la presencia en la comisión de la ONU es una oportunidad para Argentina. “Es un país que está muy bien en normas de protección hacia la mujer, pero muy bien a nivel internacional, sobre todo con esto del acceso”, enfatizó.
Esto en un contexto de un fuerte cambio de paradigma en cuanto a las concepciones sobre estos temas por parte del gobierno nacional actual. Esto ha implicado no solo cuestionamientos por parte de la gestión sino además desmantelamiento de áreas y recortes presupuestarios. Sin embargo, para la especialista, en el área Judicial, la estructura se sostiene e incluso se mejora, mientras que dijo que en Mendoza funcionan los organismos provinciales y municipales.
Esto pese incluso a que desde la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), un tratado internacional adoptado por la ONU en 1979, se han manifestado alertas por retrocesos en el país.
Mencionó el proyecto para penalizar una denuncia falsa de violencia hacia la mujer que la Cedaw considera que podría funcionar como una barrera, ya que podría generar miedo a realizar una denuncia.