La Dirección de Derechos Humanos de la Corte dio recomendaciones sobre como de actuar la policía en casos de protestas que generaron críticas del gobernador.
El texto de Derechos Humanos plantea límites al uso de la fuerza policial y fue rechazado por el Ejecutivo provincial. Foto: Los Andes.
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Marcelo Álvarez / Los Andes El gobernador Alfredo Cornejo cuestionó con dureza un documento elaborado por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia que contiene recomendaciones para la actuación de la Policía de Mendoza frente a manifestaciones públicas. Para el mandatario, los miembros de dicha área son “unos ñoquis que ganan muy bien”.
El texto propone lineamientos para la “intervención policial ante el ejercicio del derecho a la protesta” y define a la fuerza como un recurso de carácter excepcional. El documento toma como referencia instrumentos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional.
Las recomendaciones, elaboradas a comienzos de diciembre, señalan que la protesta social constituye un derecho que debe ser garantizado por el Estado y que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a estándares internacionales.
Tras la difusión del contenido, Cornejo criticó públicamente a la Dirección de Derechos Humanos y puso en duda la función del área dentro de la estructura judicial.
“Esos son unos ñoquis que ganan muy bien y esa oficina es un gasto innecesario que no tiene ningún sentido”, dijo el mandatario a Los Andes. Además, cuestionó la facultad del organismo para emitir este tipo de lineamientos y afirmó que la Policía provincial ya cuenta con protocolos propios.
En ese sentido, el gobernador defendió el accionar de la fuerza de seguridad durante las recientes protestas antimineras y sostuvo que su rol institucional lo coloca como responsable político de la Policía.
“Yo soy el jefe de la policía, según la Constitución, electo por el pueblo, y le voy a dar todo el aval para que hagan cumplir la ley”, afirmó, al tiempo que señaló que eventuales excesos deben ser sancionados, pero sin afectar la autoridad policial.
Cornejo también destacó un proceso de profesionalización de la fuerza en los últimos años, aunque reconoció la existencia de errores y casos individuales que no se ajustan a los estándares esperados. En ese marco, insistió en que no considera necesario un nuevo protocolo externo para el control de manifestaciones.
La Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte depende del ministro Omar Palermo, actual vicepresidente del tribunal y con una relación tensa con el Ejecutivo provincial. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, que conduce Mercedes Rus, evitaron pronunciarse sobre el documento al señalar que “no llegó oficialmente” a esa cartera.
De manera general, tanto el Gobierno provincial como el Ministerio de Seguridad respaldaron el accionar policial durante las manifestaciones antimineras realizadas en el centro de la ciudad, donde se produjeron detenciones, entre ellas las de periodistas.
Salvo un episodio ocurrido a fines de octubre, que derivó en una investigación judicial y un sumario administrativo, desde el Ejecutivo sostienen que la actuación fue adecuada.
En ese caso puntual, el Ministerio se desentendió del accionar de un efectivo que quedó registrado por su propia cámara corporal mientras golpeaba a un manifestante dentro de la Legislatura y fue la propia cartera la que aportó esa prueba a la Justicia.
Por su parte, la directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, María Milagros Noli, explicó que el documento no constituye un protocolo obligatorio ni una respuesta coyuntural a una protesta específica, sino un relevamiento de estándares internacionales.
En una entrevista en la "Mesa Política" en Radio Aconcagua, sostuvo que el objetivo del trabajo es monitorear el uso del monopolio de la fuerza del Estado en el marco del ejercicio de un derecho constitucional.
Noli señaló que las recomendaciones buscan “propiciar la profesionalización del servicio que brinda la policía de la provincia de Mendoza” y remarcó que no se pretende impedir ni limitar la tarea de las fuerzas de seguridad.
Según indicó, el enfoque está puesto en que el accionar policial se ajuste a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y al respeto por los derechos fundamentales de las personas.
La funcionaria aclaró que la Dirección realiza relevamientos sobre determinadas situaciones durante las manifestaciones, pero que la determinación de responsabilidades y eventuales sanciones corresponde a otros organismos, como la Inspección General de Seguridad (IGS) y la Justicia.
En ese marco, mencionó que durante las protestas del 11 de diciembre se registraron 13 detenciones y que se advirtieron algunas conductas que podrían considerarse excesivas en el uso de la fuerza.
Entre los puntos observados, Noli mencionó detenciones de periodistas, la exhibición de armas de fuego durante operativos de control de protestas y procedimientos que, según señaló, no se ajustarían a los estándares relevados.
También explicó que algunas recomendaciones desaconsejan la portación visible de armas letales en manifestaciones, al considerar que puede generar escaladas de violencia.
Finalmente, la directora afirmó que el documento fue enviado formalmente a jefes distritales de la Policía el 4 de diciembre mediante correos electrónicos institucionales, a través de un oficio firmado por ella y por la subdirectora de Ejecución, Romina Cucchi, con el mismo contenido que el difundido públicamente.