El gobernador Alfredo Cornejo pidió que los jueces “se pongan en el lugar de las víctimas” y reclamó mayor dureza en las penas. El juez de la Suprema Corte, Omar Palermo, salió al cruce.
Alfredo Cornejo tras sus dichos contra los jueces en Mendoza: "No quiero disciplinarlos, lo pide la sociedad"
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Prensa Gobierno El gobernador Alfredo Cornejo aclaró sus críticas hacia el rol de los jueces, luego del reclamo de algunas autoridades del Poder Judicial. El mandatario había calificado de “vergonzoso” el criterio de algunos magistrados al aplicar sanciones en casos de robos violentos.
El origen de este cruce de declaraciones fue la detención de Carlos Javier Estrada Marfiliu, ocurrida en la mañana del martes, tras asaltar de forma violenta un kiosco ubicado en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz. El hombre, de 38 años, golpeó brutalmente a la empleada del local durante el hecho delictivo.
Una vez detenido, el fiscal Juan Manuel Bancalari imputó a Estrada Marfiliu por “robo simple”, un delito excarcelable. Esta decisión provocó la reacción del gobernador, quien sostuvo que es "vergonzoso cómo actúan algunos jueces y cómo aplican las leyes".
Las declaraciones de Cornejo no fueron bien recibidas en el ámbito judicial. El juez de la Suprema Corte, Omar Palermo, respondió y afirmó que “las penas son lo más justas posibles de acuerdo a lo que establece la ley, la doctrina y la jurisprudencia”. En la misma línea, otros jueces penales acusaron al mandatario de “querer disciplinarlos”.
Este miércoles, tras la presentación de la resolución que habilita a la policía a utilizar armas de baja letalidad, Cornejo aclaró sus dichos y aseguró que “él no quiere disciplinar a nadie”, sino que es “la sociedad mendocina” la que exige ese cambio.
“Yo no acusé a todos los jueces. Dije que algunos tienen criterios muy laxos y se sacan de encima el problema. Hay actuaciones muy dignas y profesionales en la Justicia de Mendoza”, expresó el gobernador.
En esa misma línea, quien fuera ministro de Justicia y Seguridad durante el gobierno de Julio Cobos, agregó que “nadie los quiere disciplinar en el sentido político”, sino que deben “respetar a la ciudadanía, que está indignada con estos temas. Es la sociedad la que quiere disciplinar a los jueces”.
Para Cornejo, la sociedad mendocina espera que la Justicia sea más severa con las penas en casos de robos violentos. Como ejemplo, citó el robo al kiosco ocurrido el lunes entre Ciudad y Godoy Cruz.
“La gente quiere que los jueces se pongan en el lugar de la víctima, no del victimario. Que se pongan en el papel de esa chica que estaba en el kiosco y que durante casi tres minutos fue agredida por esta persona”, enfatizó el mandatario.
Cornejo volvió a poner bajo la lupa el accionar del Poder Judicial en los procesos penales, con críticas directas a la Sala Penal de la Suprema Corte. Según señaló, cuando ciertas causas recaen en determinados jueces, el Ministerio Público Fiscal se ve condicionado a negociar, lo que deriva en una proliferación de juicios abreviados.
“Cuando toca esa Sala Penal o ese tipo de jueces, el Ministerio Público Fiscal se siente obligado a negociar, y por eso hay tantos abreviados”, afirmó Cornejo. No obstante, reivindicó esta herramienta como un logro de su gestión: “Reivindicamos el juicio abreviado porque agiliza la Justicia”.
El gobernador, sin embargo, cuestionó la forma en que se aplica: “Si los abreviados se resuelven con la pena mínima, tampoco sirven tanto”. Volvió a mencionar el caso de Estrada Marfiliu, quien, pese a las imágenes contundentes, fue imputado por robo simple debido a que la víctima sufrió solo lesiones leves.
“Es muy fácil negociar por la pena mínima. El esfuerzo tiene que estar en lograr un abreviado rápido, pero no con penas mínimas”, insistió Cornejo. Y agregó: “Eso queda a criterio del juez. Por eso los hacemos corresponsables de esa decisión. Las negociaciones deben ser dignas en función del sistema de seguridad”.
La respuesta desde la Corte no se hizo esperar. Omar Palermo defendió el rol del Poder Judicial y subrayó que el juicio abreviado es una herramienta legal que depende, en gran medida, del accionar del Ministerio Público Fiscal.
“Casi el 80% de los juicios fueron abreviados, es decir, resultado de un acuerdo entre el fiscal y el defensor. Es difícil que un juez pueda intervenir ahí”, dijo en una entrevista de radio Nihuil.
Para Palermo, el juicio abreviado permite ganar eficiencia y evitar burocracia, pero también advirtió que hay límites: “Cuando el caso es grave, cuando conmociona a la sociedad, el juicio no es solo un derecho del imputado, sino también de la víctima y de la sociedad”.
“El juicio abreviado es para delitos que no son tan determinantes. En homicidios o abusos sexuales graves se necesita un juicio, no un acuerdo procesal. No solo para aplicar una pena mayor si corresponde, sino también para evaluar si corresponde una menor”, concluyó el magistrado.