La iniciativa busca establecer un marco regulatorio para prevenir ataques informáticos, proteger datos y fortalecer la respuesta del Estado ante incidentes digitales.
El proyecto contempla la protección de infraestructuras críticas, la creación de protocolos y mecanismos de coordinación entre organismos públicos y privados.
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El gobernador Alfredo Cornejo anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad destinado a fortalecer la protección de datos, prevenir ataques informáticos y establecer protocolos de respuesta frente a incidentes que afecten a ciudadanos, empresas y organismos públicos.
La iniciativa fue presentada durante el cierre de la White Hat Conference 2026, el encuentro internacional sobre ciberseguridad e investigación digital que reunió en Mendoza a especialistas y hackers éticos de más de 15 países.
Según adelantaron desde el Ejecutivo, el texto ingresará en las próximas semanas a la Casa de las Leyes y su debate parlamentario quedaría para la segunda mitad del año, una vez finalizados el receso invernal y la Copa del Mundo.
Durante su intervención, Cornejo sostuvo que el crecimiento de las amenazas digitales obliga a los Estados a anticiparse a los riesgos y construir herramientas específicas para proteger tanto a las instituciones como a la ciudadanía.
“Queremos una Mendoza preparada para proteger a sus ciudadanos, también en el ámbito digital”, afirmó el mandatario provincial al explicar que la futura norma buscará consolidar un marco institucional que permita coordinar organismos, fortalecer capacidades técnicas y mejorar los mecanismos de prevención, investigación y respuesta frente a los ataques informáticos.
Tras el anuncio del Gobernador, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindó precisiones sobre los principales lineamientos del proyecto, elaborado durante casi un año junto a un comité ejecutivo integrado por especialistas.
La funcionaria explicó que uno de los ejes centrales de la iniciativa será la identificación y protección de las denominadas infraestructuras críticas, es decir, aquellos servicios esenciales cuyo funcionamiento resulta estratégico para la sociedad y cuya interrupción podría generar consecuencias significativas.
En ese marco, mencionó que el objetivo es establecer estándares y protocolos que permitan resguardar sectores sensibles, como hospitales, sistemas energéticos y otros organismos donde el Estado presta servicios fundamentales.
Rus señaló que la propuesta también apunta a generar reglas comunes y fortalecer la articulación entre el sector público y privado para contar con un diagnóstico más preciso sobre las amenazas que actualmente enfrentan las organizaciones.
La ministra ejemplificó la necesidad de estas herramientas con situaciones vinculadas al funcionamiento del sistema sanitario. Explicó que la protección de información sensible, como las historias clínicas de los pacientes, requiere planes de contingencia capaces de garantizar la continuidad de los servicios aun frente a fallas tecnológicas o ataques informáticos.
La futura ley contempla además la creación de un comité de expertos encargado de diseñar el plan provincial de ciberseguridad y definir los mecanismos de actuación frente a incidentes.
Según detalló Rus, el esquema prevé una división clara de responsabilidades entre quienes elaboran las estrategias, quienes auditan su cumplimiento y quienes intervienen operativamente ante un eventual ataque.
La funcionaria sostuvo que el escenario actual obliga a abandonar una lógica reactiva. “Todas las organizaciones recibimos ciberataques todo el tiempo”, advirtió, al tiempo que remarcó que el verdadero desafío pasa por desarrollar capacidades de respuesta y recuperación.
Para la elaboración del proyecto, el Gobierno provincial tomó como referencia experiencias internacionales debido a la escasa regulación existente sobre la materia en Argentina.
Durante la presentación, Rus también se refirió al impacto que la digitalización tiene sobre la vida cotidiana y la creciente cantidad de información personal que circula en sistemas informáticos.
La ministra sostuvo que actualmente los ciudadanos comparten de manera permanente datos bancarios, laborales, educativos y de salud, lo que amplía la superficie de riesgo frente a posibles ataques o vulneraciones.
En ese sentido, explicó que el Ejecutivo trabaja desde hace más de un año junto a la Dirección de Informática y representantes de distintos ministerios para simplificar y unificar la interacción digital entre el Estado y los usuarios, reduciendo así las posibilidades de fraude o suplantación mediante sitios falsos.
“La meta es proteger a un ciudadano que ya no es solamente una persona física, sino también una identidad digital”, sintetizó la funcionaria.
El anuncio del proyecto se realizó durante la séptima edición de la White Hat Conference, un evento que durante tres jornadas reunió en Mendoza a expertos en ciberseguridad, investigación digital y prevención del ciberdelito.
A lo largo del encuentro se desarrollaron competencias técnicas y actividades orientadas a detectar vulnerabilidades en sistemas informáticos, analizar amenazas emergentes y debatir estrategias para enfrentar fenómenos vinculados al crimen transnacional y los ataques digitales.
En ese contexto, Cornejo sostuvo que la ciberseguridad requiere una mirada integral y afirmó que la respuesta a estos desafíos no puede ser únicamente tecnológica ni exclusivamente policial.
Bajo esa premisa, confirmó el envío del proyecto de ley que buscará dotar a Mendoza de un marco normativo específico para afrontar los riesgos del mundo digital.