Cornejo contra la Nación: “Es ilegal que manoteen recursos coparticipables”

Los fondos que se recibirán son $8.300 millones, menos de la mitad de los perjuicios económicos que ya ha tenido Mendoza por los cambios en el impuesto a las Ganancias. El gobernador electo manifestó que seguirán adelante con la demanda ante la Corte Suprema por la baja en los recursos coparticipables.

Alfredo Cornejo Gobernador electo por al provincia de Mendoza
Foto: José Gutierrez / Los Andes
Alfredo Cornejo Gobernador electo por al provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

El Gobierno Nacional enviará a la provincia recursos como compensación al aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que ha mermado significativamente el ingreso de dinero en las arcas provinciales, teniendo en cuenta que es un impuesto coparticipable con las 24 jurisdicciones. Sin embargo, hubo quejas por parte de la provincia, al indicar que los fondos “ni siquiera llegan a la mitad de lo que Mendoza ha dejado de percibir por el incremento del mínimo no imponible de Ganancias”.

El gobernador Alfredo Cornejo ratificó este jueves a radio Mitre Mendoza que persistirán con la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, al expresar que “no hemos renunciado a promoverla porque es una pérdida importante, y además es ilegal que manoteen recursos que son coparticipables”.

De la reunión entre el ministro de Economía, Sergio Massa; y los gobernadores provinciales, se blanqueó que a Mendoza le llegarán $8.356 millones, según informó el ministerio de Hacienda a Mendoza, un número sensiblemente menor al costo fiscal que ha asumido la provincia producto del recorte coparticipable de Ganancias, que ha sido de alrededor de $20.000 millones sólo en este último trimestre, comentó el ministro Víctor Fayad.

De esta manera, esta cantidad de recursos representa menos de la mitad de lo que ya ha perdido esta jurisdicción. Además, también representa alrededor del 40% de lo que se deberá abonar para el pago del medio aguinaldo a los trabajadores estatales.

“El gobierno nacional nos convocó para informar que compensaba una parte de esa pérdida a través de distribuir los ATN no distribuidos y una deuda que tiene la Nación con las provincias por el consenso fiscal. Pero compensa una parte, no es todo”, marcó Cornejo.

Además, consiederó que “hay que reformar la ley del Impuesto al Cheque y debe ser coparticipado. No se debe crear un nuevo impuesto sino distribuir en las provincias el impuesto al cheque, y eso también hay un acuerdo de todos los gobernadores para impulsarlo en breve”, adelantó. “Esa sería la reforma que mejoraría la sostenibilidad fiscal de las provincias, porque cada provincia tiene que hacer su ordenamiento de gasto, optimización y demás”, aclaró

Menos dinero que el previsto

De los $8.356 millones que llegarán a la provincia, $5.600 provendrán en concepto de ATN; mientras que el ajuste por la compensación del consenso fiscal es de $2.756 millones.

Massa con los gobernadores
Massa con los gobernadores

Recordemos que en el Consenso Fiscal firmado en 2017 entre las provincias y la Nación, hubo compromisos que se debían asumir pero que no se cumplieron del todo. Uno de ellos fue por parte de la Nación, que se comprometió en su momento a “compensar a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque”.

Además, se establecía que “la compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial”. También hubo un compromiso a “actualizar trimestralmente en los años siguientes las compensaciones previstas en el inciso anterior con base en la inflación”.

Consenso Fiscal. Los Andes
Consenso Fiscal. Los Andes

El problema fue que, si bien se compensó a las provincias, la actualización se dio con la estimación de la inflación (siempre subestimada en los presupuestos nacionales) y no con la inflación real, lo que provocó un fuerte desfasaje en los montos que realmente debían recibir las provincias, con las que realmente recibieron.

No obstante, estos $2.756 millones de ajuste corresponden hasta el 2022, por lo que quedará pendiente de pago toda la diferencia del 2023.

Ajustar cinturones

Según consideró el ministro Fayad sobre los recursos provinciales y la baja de recursos por Ganancias, dijo que en 2024 “los fuertes impactos van a seguir y de alguna forma eso obligará a la provincia a ser mucho más rigurosa con el tema del gasto en un año que va a ser muy complejo para todos, no solo para el gobierno sino para las familias y las empresas en un contexto complicado que se avecina de cara a las potenciales mejoras que han trascendido y que va implementar el próximo gobierno”.

“Nosotros para el 2023 estimamos unos $20.000 millones de pesos de caída en la coparticipación y eso se arrastra a 2024, estimando un impacto en todo el año equivalente a 2 masas salariales. Es decir 2 meses entero de sueldo provincial, que es la magnitud del impacto de esta modificación al impuesto a las ganancias que, para colmo, tiene muchísimo más efectos nocivos, ya que no solo es retroactiva porque elimina un impuesto que es progresivo, es decir, un impuesto que pagan los que más tienen; sino que es totalmente antifederal porque los mayores beneficiados se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que es donde están los sueldos más altos y la mayor cantidad de trabajadores que pagan ganancias”.

Y agregó: “Nación no puede hacer política tributaria con los fondos de las provincias, porque fue una modificación unilateral del Gobierno Nacional inconsulta, totalmente arbitraria y electoralista y esto tiene un impacto en la masa coparticipable. Ni siquiera se consultó con las provincias esta modificación, por lo cual el reclamo sigue, este es un paliativo que de alguna manera sirve pero de ninguna manera solucione la totalidad de los problemas generados”.

Sobre el 2024 también habló Cornejo, quien insistió en que será “complejo y turbulento porque el gobierno tiene un mandato de cambio de modelo económico; y todo cambio de modelo económico va a tener turbulencias en la primera parte, y si se hace bien, luego va a empezar a dar resultados positivos”.

“Yo ya lo vengo diciendo. En la propia campaña electoral traté de hablar muy claro, yo anticipé que el 2024 iba a ser, viniera el gobierno que viniera, muy complicado, porque tenía que hacer un cambio de modelo económico”, afirmó.

Y finalizó: “Hay que estar bien preparado para eso. Un mal diagnóstico no llega a ningún buen puerto. Pero un buen diagnóstico permite soluciones y permite ver las soluciones. Pero después hay que ejecutarlas y todo eso está en tránsito, en proceso”, cerró.

La demanda en la Justicia contra la Nación

El gobernador Rodolfo Suárez anunció el 10 de noviembre la acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar ante el Máximo tribunal; es decir, por un lado se cuestiona la suba del mínimo de ganancias por considerarlo contrario a los postulados de la Constitución nacional y por el otro, que la Nación cubra el recorte de recursos hasta que la Corte de la Nación resuelva la si efectivamente la medida de Massa es constitucional o no.

La presentación fue elaborada por el Ministerio de Gobierno, la Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado.

El 11 de septiembre, Massa se subió a un escenario montado frente al Ministerio de Economía. Allí lo esperaba la cúpula de la CGT. En ese acto, el ministro-candidato anunciaba que el impuesto a las ganancias dejarían de pagarlo los trabajadores que cobraban más de 770 mil pesos y que el nuevo piso era de 1.770.000 pesos.

Allí se conoció que entre octubre y diciembre de este año el nuevo piso se fijaría por decreto y que mandaría una ley para eliminar la cuarta categoría del impuesto que tendría vigencia a partir del 1 de enero de 2024. El problema es que ese impuesto se coparticipa a las provincias, por lo que, al disminuir la cantidad de personas que lo pagan, cae la recaudación y en consecuencia, los recursos que perciben las provincias.

“Presentamos una acción de inconstitucionalidad junto con una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en respuesta al decreto y a la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, medidas que impactan negativamente en las finanzas de Mendoza”, publicó el mandatario provincial en redes sociales.

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