El Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó planteos de nulidad de la causa y el juicio se muda a Comodoro Py con indagatorias presenciales.
La Causa Cuadernos investiga presunta corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
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Los Andes En una jornada de alta tensión en los tribunales de Retiro, el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) dictó este martes un fallo clave que despejó el camino para la continuidad del juicio oral en la denominada "Causa Cuadernos" y dejó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa en su departamento, obligada a declarar de forma presencial el martes próximo.
Los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron rechazar de manera unánime todos los planteos de nulidad que las defensas presentaron durante las 13 audiencias preliminares del proceso. Esto representó un duro golpe para la estrategia legal de la expresidenta , quien enfrenta el proceso señalada como la supuesta jefa de una asociación ilícita.
La decisión del tribunal permitió que el juicio avanzara hacia la etapa de indagatorias en la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública que operó, según la acusación, entre los años 2003 y 2015.
La resolución judicial que desestimó los planteos para frenar el debate oral habilita formalmente la instancia de defensa material de los imputados. En este marco, se estableció un cronograma de declaraciones donde la expresidenta Cristina Kirchner será la primera en declarar el 17 de marzo. Su comparecencia presencial en Comodoro Py será el punto de partida para las indagatorias.
El foco del conflicto durante las audiencias previas estuvo puesto en la validez de las pruebas recolectadas durante la instrucción. El abogado defensor de la exmandataria, Carlos Beraldi, sostuvo con firmeza que los cuadernos que dieron origen a la investigación fueron objeto de manipulaciones, lo que los invalidaba como elementos probatorios fehacientes.
Asimismo, Beraldi cuestionó duramente la figura de los imputados colaboradores.
El letrado argumentó que las declaraciones de las 31 personas calificadas como "arrepentidos" carecieron de legitimidad, ya que se obtuvieron bajo condiciones de extorsión. Estos planteos buscaron atacar el corazón del expediente, argumentando que las irregularidades en la instrucción viciaron todo el proceso posterior. Entre los otros imputados que acompañaron estas críticas figuró el exministro de Planificación, Julio De Vido, cuya defensa también señaló inconsistencias en los testimonios que lo involucraron.
Para contrarrestar los pedidos de las defensas, la fiscal Fabiana León intervino de manera activa durante las jornadas de debate. León respondió punto por punto a los cuestionamientos de las 68 personas imputadas que buscaron frenar el avance de la causa.
Su postura fue ratificada por el TOF 7, que finalmente decidió dar validez a todo lo actuado hasta el momento.
A partir de este fallo, los jueces Canero, Méndez Signori y Castelli quedaron ratificados como los responsables de llevar adelante el juicio que analizó la supuesta estructura de recaudación de fondos ilegales provenientes de la obra pública.
El tribunal consideró que las objeciones presentadas por los abogados defensores no resultaron suficientes para anular las actuaciones realizadas durante la etapa previa conducida por el fallecido juez Claudio Bonadio.
Son, en total, 86 imputados, de los cuales 19 son exfuncionarios y en su mayoría, por primera vez, empresarios del rubro de la construcción, energía, transporte, corredores viales. Están acusados de cohecho activo, es decir: haber pagado coimas a integrantes del ministerio de Planificación Federal.