Finalizado el receso de verano, la Justicia Federal también retoma en Buenos Aires el juicio conocido como de los Cuadernos de las Coimas, una de las causas por corrupción más impactantes por involucrar a la ya detenida ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, a muchos de sus ex funcionarios y a empresarios.
El caso, que ya se tramitó en noviembre y diciembre, es considerado como una de las mayores investigaciones por corrupción en el país, puesto que se estima en más de 42.500 millones de dólares el monto sistemáticamente destinado a coimas y retornos por obra pública.
Lamentablemente, todo indica que el desarrollo del juicio seguirá girando en torno a las audiencias remotas y no orales, dos por semana, lo que ya generó planteos y muchas dudas el año pasado y hasta la intervención de la Cámara de Casación Penal y de la Corte Suprema sugiriendo solucionar esa situación.
La preocupación radicaba en la poca celeridad que el sistema no presencial podría generar en la tramitación de una causa de semejante envergadura. En cambio, el argumento de los jueces actuantes para insistir con la práctica virtual fue la falta de comodidades en salas de audiencias para poder contar con la presencia física de los 87 imputados, incluyendo a la ex presidenta de la Nación.
Bien señalan los expertos que la oralidad es uno de los pilares del derecho penal acusatorio, pero todo indica que a pesar de las inquietudes de las instancias máximas de la Justicia todo se mantendrá, al menos por un tiempo, en el uso de una plataforma digital en la que los implicados en el caso aparecen a la vista de los magistrados sólo en pequeños rectángulos tipo carnet.
Sería penoso que por falta de comodidades o por escasa predisposición para contar con un lugar físico adecuado, se trastocara el importante desarrollo judicial que tuvo el caso desde su etapa de instrucción hasta la elevación a juicio.
Quienes condujeron la investigación hasta la actual instancia tuvieron en cuenta la gravedad de la trama consumada, llegando incluso a rechazar con convicciones propuestas de “reparación integral” presentadas por decenas de imputados con el objetivo de intentar acordar impunidad.
En la actual etapa del país, en la que entraron en sana revisión metodologías conducentes a desbaratar tramas delictivas vinculadas con el Estado, la inquietud por la celeridad y calidad de la instancia de juicio oral es muy válida, ya que las causas por corrupción deterioran la imagen de un país y su abordaje pone bajo la lupa la calidad e imparcialidad de las instancias de la justicia.
En por ello que la mayor rapidez e inmediación que garantiza la modalidad presencial debería adoptarse y priorizarse en tan importante proceso.