El escándalo por el fentanilo contaminado sumó este lunes un nuevo capítulo: la Justicia secuestró el teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el marco de la investigación que busca determinar la responsabilidad de organismos públicos en la tragedia que ya provocó al menos 96 fallecidos.
La medida fue dispuesta por la fiscal federal Laura Roteta, quien investiga la posible injerencia de la ANMAT y de otros entes estatales en el circuito del opioide adulterado.
Además de la ANMAT, la lupa judicial alcanza al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y al Ministerio de Salud, que en los últimos días se retiró como querellante en la causa. En el caso del INAME, su titular Gabriela Mantecón Fumadó fue apartada tras conocerse su presunta vinculación.
Según la fiscal Roteta, los organismos actuaron con “negligencia, connivencia o complicidad” durante los procesos de control e inspección en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes a Ariel García Furfaro, imputado en la causa.
ariel garcía furfaro
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, imputado por las muertes de pacientes tras el consumo de fentanilo contaminado.
Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que aún se definen las indagatorias y las situaciones procesales de los acusados. Mientras tanto, los investigadores trabajan para comprobar nuevos casos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, aunque la información llega con escasa depuración, lo que dificulta avanzar con rapidez.