Se trata del legislador Nicolás Mayoraz (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que faltó a una reunión y demoró por lo menos 20 días el tratamiento.
Nicolás Mayoraz junto a Javier Milei. (archivo)
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El caso del fentanilo adulterado sufrió un nuevo retraso en el Congreso, al no poder conformarse una comisión investigadora. El jueves, durante la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no pudo emitirse dictamen. La razón: la ausencia del diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza - LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, la falta de convocatoria a un plenario conjunto demorará al menos 20 días más el inicio de la investigación. El trabajo es considerado fundamental para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia para las familias de las víctimas.
En una carta enviada a Mayoraz, los familiares afectados por la tragedia reclamaron un compromiso institucional. Además destacaron que la presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, Silvia Lospennato (PRO), había manifestado su intención de coordinar con Mayoraz un plenario conjunto de ambas comisiones para poder avanzar con el dictamen.
Sin embargo, la convocatoria nunca llegó y la reunión del 4 de septiembre se limitó únicamente a la comisión presidida por Lospennato. De acuerdo a lo informado por Clarín, la falta de coordinación imposibilitó dar el paso necesario para llevar la iniciativa al recinto.
Ante ese escenario, los familiares de las víctimas advirtieron que cada día de demora significa mayor incertidumbre y dolor. También alertaron que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el recambio legislativo.
Tras la distribución de miles de ampollas de fentanilo clínico contaminado, el país acumula una cifra de víctimas que no deja de crecer. A mediados de mayo se habían confirmado 14 muertes y medio centenar de personas infectadas. Apenas dos semanas después, el número de fallecidos ascendía a 34 y los casos de infección superaban los 60.
En agosto, la Justicia reconocía al menos 87 muertes confirmadas, con otros casos bajo investigación. Hoy las estimaciones se acercan al centenar de víctimas fatales.