La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas declaraciones clave. Los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación afirmaron ante la Justicia que el departamento adquirido en el barrio porteño de Caballito valía significativamente más que el monto declarado.
La martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, señalaron que el inmueble se ofrecía originalmente a US$ 340.000, es decir, unos US$ 110.000 por encima del valor informado en la operación oficial.
Diferencias en el precio y modalidad de pago
Según los testimonios, la propiedad había sido refaccionada, lo que incrementaba su valor en el mercado. En ese contexto, Rucci calificó como “poco frecuente” la modalidad de compra utilizada, ya que el departamento fue adquirido en 12 cuotas sin interés, un esquema inusual en el sector inmobiliario.
De acuerdo con la investigación, la operación se cerró por US$ 230.000, con un pago de US$ 30.000 en efectivo y US$ 200.000 financiados en cuotas, con vencimiento previsto para noviembre de este año.
El rol de los intermediarios
En su declaración, Rucci también indicó que no participó en la hipoteca vinculada a la transacción. Sin embargo, la martillera mencionó haber ofrecido la propiedad a Pablo Feijoo, quien habría actuado como nexo entre las partes involucradas.
Según se desprende del expediente, Feijoo habría sido quien contactó a los vendedores —dos mujeres, entre ellas su madre— con Adorni y coordinó la operación.
El próximo miércoles 22, Feijoo deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita, donde deberá entregar su teléfono celular y documentación vinculada a la compra.
Avance de la causa judicial
La investigación continuará con nuevas declaraciones. El viernes será el turno de Matías Tabar, quien realizó refacciones en otra propiedad vinculada al entorno de Adorni, y el 27 de abril declarará Juan Cosentino, responsable de la venta de un inmueble en un country.
El expediente busca determinar si existieron irregularidades en las operaciones inmobiliarias y si los valores declarados se corresponden con los precios reales de mercado.