El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para determinar si existen contrataciones entre el Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Por orden del juez federal Ariel Lijo, se analizan licitaciones millonarias, vínculos societarios y la concesión de Tecnópolis.
Ordenaron medidas para investigar si la esposa de Manuel Adorni es contratista del Estado
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El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para determinar si existen contrataciones entre el Estado nacional y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, busca esclarecer si hubo un "proceso de simulación" en las licitaciones que pudiera haber generado conflictos de interés o beneficios indebidos para el entorno familiar del funcionario.
Entre las disposiciones más relevantes, el magistrado requirió a diversos organismos la copia íntegra de expedientes administrativos sobre la provisión de mensajería SMS, soporte técnico de herramientas como Jira/Confluence y servicios de correos transaccionales.
Asimismo, Lijo puso el foco en la concesión para la explotación comercial del predio de Tecnópolis, solicitando que toda la documentación vinculada sea remitida a los tribunales de Comodoro Py.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien alertó sobre posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos destinada a servicios de comunicación.
Según la denuncia, las empresas participantes podrían tener vínculos entre sí, lo que sugeriría una competencia ficticia para asegurar la adjudicación de los contratos.
En este marco, la Justicia solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos societarios completos de firmas como Area Tech S.A., ATX S.A., y Tecnosoftware S.A., entre otras, para analizar su composición.
El objetivo central es determinar si la consultora +Be, propiedad de Angeletti, mantiene relaciones comerciales con estas empresas contratistas del Estado, como el Grupo Datco o el grupo Foggia.
A pesar del avance de las medidas, el fiscal Stornelli aclaró que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que, por el momento, no hay imputados.
El proceso busca recolectar evidencia suficiente para confirmar o descartar delitos de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública o asociación ilícita, en medio del escándalo que rodea a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.