La Justicia avanza a paso firme en la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, centrando su atención en un departamento de cuatro ambientes ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El fiscal analiza la remodelación de la propiedad en la calle Miró, cuya reforma integral levanta dudas sobre el origen de los fondos y el precio de reventa.
La Justicia avanza a paso firme en la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, centrando su atención en un departamento de cuatro ambientes ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.
El expediente, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar si existe un incremento patrimonial injustificado, poniendo el foco en las inconsistencias de las declaraciones juradas del funcionario y en las condiciones de compra de sus propiedades.
Uno de los puntos clave de la pesquisa son las fotografías del "antes y después" de la vivienda, las cuales exponen una remodelación total realizada entre mayo y noviembre de 2025. Según las fuentes, la propiedad pasó de un estado de desorden y deterioro a una estética moderna y contemporánea.
Las reformas incluyeron la renovación completa de la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y muebles de madera clara, el cambio de cerramientos, y la actualización de dos baños donde se instalaron mamparas de cristal y grifería de primera calidad. También se destaca la colocación de nuevos pisos de madera y un sistema de iluminación empotrada en todo el inmueble.
La sospecha judicial radica en la rentabilidad del negocio: las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares y, tras las costosas obras, se lo revendieron a Adorni apenas seis meses después por 230.000 dólares. Los investigadores dudan que la diferencia de 30.000 dólares cubra siquiera el costo de las mejoras integrales observadas.
En sus declaraciones testimoniales, ambas jubiladas afirmaron desconocer los detalles técnicos de la venta, señalando como responsables a sus hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo.
Feijoo, socio de una constructora, quedó en la mira no solo por su rol en la operación, sino por haber ingresado a la Casa Rosada el 22 de octubre de 2025 bajo la autorización directa de Adorni, semanas antes de que se concretara la venta del inmueble. El fiscal busca establecer si las empresas de Feijoo estuvieron vinculadas a la ejecución de las obras en la propiedad.
Ante las sospechas de inconsistencias financieras, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti y las cuatro acreedoras involucradas en sus operaciones inmobiliarias.
Adorni financió la compra en Caballito pagando solo un adelanto de 30.000 dólares y contrayendo una deuda hipotecaria con las jubiladas por los 200.000 restantes.