El juez Ariel Lijo evalúa avanzar antes de la feria judicial de invierno en el marco de una investigación por supuestos vínculos irregulares con Marcelo Grandio y movimientos patrimoniales bajo sospecha.
La Justicia analiza citar a indagatoria a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
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Claudio Fanchi / NA La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, podría complicarse en las próximas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo analizara convocarlo a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y posibles irregularidades vinculadas a contratos con la TV Pública.
La investigación, que lleva adelante el magistrado junto al fiscal Gerardo Pollicita, se centra principalmente en la relación entre Adorni y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con medios estatales.
Según trascendió en tribunales federales, la Justicia espera el resultado de nuevas medidas de prueba antes de definir una eventual citación a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una decisión de ese tipo implicaría que el expediente alcanzó un nivel de avance relevante y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.
Uno de los puntos centrales de la causa es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.
Aunque el funcionario aseguró públicamente que el traslado fue abonado con fondos propios, documentos incorporados al expediente contradicen esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio a través de la productora Imhouse.
Según la investigación, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3.000 dólares a Grandio.
“El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, aseguró Issin Hansen en sede judicial, de acuerdo con fuentes vinculadas a la causa.
En paralelo, el juzgado ordenó cruces telefónicos entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para determinar si existieron contactos coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los teléfonos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.
Entre los convenios bajo sospecha aparecen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales, entre ellos “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.
La investigación también apunta al patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya compra y remodelación despertaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
Según el expediente, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por unos 120.000 dólares y posteriormente se habrían realizado remodelaciones y compras de mobiliario por aproximadamente 245.000 dólares. Parte de esas obras, según consta en la causa, se habría efectuado sin facturación formal.
Los investigadores sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, más considerando la existencia de hipotecas vinculadas a operaciones inmobiliarias.
Otro de los aspectos bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario.
La hipótesis judicial sostiene que, si se comprobara que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.