Bonarrico: un “equipo de fiscales” investigará las denuncias y el Procurador se autoexcluyó

La Justicia mendocina ya dio los primeros pasos en una investigación que le resulta incómoda, por tratarse de un nuevo conflicto “de la política” que recae en tribunales. Se trata de la causa por el subsidio que el Gobierno provincial iba a concederle al pastor evangélico Héctor Bonarrico, pero que fue suprimido luego de que el beneficiario sostuviera que lo recibiría gracias a un acuerdo, precisamente, de tipo “político”.

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En el Ministerio Público Fiscal comenzaron a organizarse para las causas el mismo viernes, cuando se anunciaron las presentaciones judiciales de la oposición y del oficialismo. Este lunes, efectivamente, la figura principal del justicialismo, Anabel Fernández Sagasti, llevó a la Justicia una denuncia para que los fiscales averigüen si el Gobierno cometió algún delito en la entrega del subsidio de 18 millones de pesos en dos años a la fundación “Acción Social”. El convenio en cuestión apareció un día publicado en el Boletín Oficial, pero al siguiente (tras las declaraciones de Bonarrico que enardecieron a Suárez) fue suprimido.

Por la tarde del lunes, el Gobierno provincial presentó su propia denuncia, acusando a Bonarrico de “tentativa de fraude”, dado que rechaza rotundamente que la ayuda fuera fruto de un arreglo electoral. Y se sumó una tercera presentación del Partido Verde, en el que militan Mario Vadillo y Marcelo Romano.

En este caso, el Partido Verde fue contra los dos protagonistas del conflicto: el Gobierno y Bonarrico. La denuncia fue por falta de transparencia, posible acto de corrupción y comisión de delitos en el manejo de los fondos públicos.

En el medio, los fiscales de la unidad de Delitos Económicos se reunieron a puertas cerradas para prepararse ante la embestida de la política en tribunales. Fruto de estas reuniones, este martes quedó en firme la decisión de que la investigación quede en manos de dos de ellos: Hernán Ríos y Flavio D’Amore.

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Según pudo saber Los Andes, trabajará en la causa un “equipo de fiscales”, por lo cual también tendrán intervención el jefe de la unidad de Delitos Económicos, Javier Pascua; y Fernando Guzzo, quien dirige la unidad de Homicidios y es mano derecha del Procurador de la Corte, Alejandro Gullé.

También es un hecho que las diversas denuncias sobre el caso Bonarrico serán acumuladas para que los fiscales intervinientes las investiguen en conjunto.

GULLÉ, AUTOEXCLUIDO

Precisamente, el jefe mayor de los fiscales, el Procurador, se “autoexcluyó” de cualquier intervención en la causa de los subsidios. Según trascendió, el Procurador buscaría aislarse de las presiones en general, tanto del oficialismo como de la oposición.

Es obvio que la grieta política habita también en tribunales y el Procurador no quiere ser señalado, afuera y adentro, por el origen de su designación: Alfredo Cornejo lo puso en el cargo durante su gestión como gobernador para que ejecutara una parte muy relevante de su plan de reformas judiciales.

La autoexclusión de Gullé es reflejo claro de las tensiones que genera en la Justicia una causa con tanta carga política como esta. “Nosotros no queremos ser el jamón del sándwich”, dijo un fiscal, como reflejo del clima que comienza a vivirse en este ámbito.

Los fiscales a cargo buscarán mostrar que son ajenos a cualquier compromiso político y ya están definiendo sus primeros movimientos. Se dedicarán inicialmente a “solicitar medidas de prueba” y descartan por el momento la toma de declaraciones.

En consecuencia, demorará un poco de tiempo el llamado de la Justicia para que brinde su declaración el principal protagonista del expediente: Bonarrico.

La declaración del titular de la fundación Acción Social será vital. Hay quienes apuestan a que el evangélico cambie sus dichos previos cuando le toque hablar en tribunales. “No es un delito decir cosas en los medios”, blanqueó una fuente judicial.

Bonarrico, efectivamente, habló mucho con la prensa en los últimos días. El religioso contó con todas las letras que iba a recibir la millonaria ayuda social en virtud de un “acuerdo electoral” con el oficialismo y como compensación por no haber sido incorporado a las listas de candidatos de Cambia Mendoza en los comicios del año pasado, tras rechazar que lo sumaran a la gestión como funcionario.

Héctor Bonarrico, el pastor que pasó de aliado a enemigo del oficialismo provincial

Comprometió con sus dichos, en forma particular, al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y al intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR mendocina, Tadeo García Zalazar, entre otros. A ellos señaló como los propiciadores del subsidio. También aseguró que el gobernador Suárez siempre estuvo al tanto del otorgamiento, a pesar de que el mandatario desmienta cualquier vínculo con el pastor.

Con las declaraciones periodísticas del ex senador como base, el PJ pidió que la Justicia averigüe si no se cometieron una serie de delitos que van desde la malversación de fondos hasta el enriquecimiento ilícito.

Lejos de esta percepción, el Gobierno solicitó a su turno que la Justicia investigue si hubo un intento de fraude dado que sostiene que el convenio que había firmado en febrero con el religioso establece claramente para qué usará los fondos la fundación Acción Social.

Aparece allí que la fundación había prometido dar ayuda y capacitaciones a los sectores de menos recursos, además de dotar de infraestructura a los templos evangélicos.