La Pastoral Social, Cáritas y Endepa expresaron su rechazo al proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y advirtieron sobre posibles consecuencias para la soberanía territorial, los recursos naturales y las comunidades rurales.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social emitió una carta a los legisladores sobre la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
Foto:
Cepas
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresaron su rechazo al proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" promovido por el Gobierno nacional. Al respecto, solicitaron a los legisladores que voten en contra de la iniciativa durante su tratamiento parlamentario.
A través de una carta abierta dirigida al Congreso, las organizaciones advirtieron que la propuesta podría afectar la soberanía sobre los recursos naturales, el acceso a la tierra y la capacidad del Estado para intervenir en cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial y el interés público.
Los organismos señalaron que la normativa podría favorecer la concentración de tierras y facilitar la adquisición de grandes extensiones por parte de actores extranjeros, incluyendo áreas vinculadas a reservas de agua y otros recursos estratégicos. También manifestaron preocupación por la eventual eliminación de restricciones ambientales relacionadas con terrenos afectados por incendios forestales.
En el documento, las entidades sostuvieron que el proyecto debilitaría herramientas estatales destinadas a la planificación territorial, la ejecución de obras públicas y la protección de sectores vulnerables frente a intereses privados.
Además, remarcaron que la tierra no debe ser considerada únicamente como un bien económico, sino también como un elemento central para la identidad, la cultura y el desarrollo de comunidades rurales, campesinas e indígenas.
Las organizaciones citaron además conceptos atribuidos al papa León XIV para reforzar la idea de que los bienes de la tierra deben estar orientados al bienestar colectivo y no únicamente al beneficio de sectores particulares.
Otro de los puntos destacados del pronunciamiento estuvo relacionado con la situación habitacional. Las entidades plantearon la necesidad de avanzar en políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna y promuevan un marco legal equilibrado para propietarios e inquilinos.
Según señalaron, cualquier reforma vinculada a la propiedad debe contemplar no solo los derechos individuales, sino también el interés general y las necesidades sociales vinculadas al acceso al suelo y la vivienda.
Sobre el cierre de la carta, las organizaciones llamaron a diputados y senadores a priorizar el bien común y las necesidades de las futuras generaciones durante el debate legislativo, y reclamaron que las decisiones políticas se orienten a garantizar un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.
