La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en los establecimientos educativos de gestión pública y privada.
La iniciativa presentada por Griselda Petri, establece restricciones diferenciadas según el nivel educativo y busca reducir distracciones y casos de ciberacoso.
La iniciativa apunta a fortalecer la concentración de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología.
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Imagen ilustrativa / IA La diputada provincial Griselda Petri presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en los establecimientos educativos de gestión pública y privada.
La iniciativa propone restringir su utilización durante la jornada escolar, establecer diferentes criterios según el nivel educativo y derogar la normativa aprobada en 2025 que flexibilizó el uso de estas tecnologías en las aulas.
El proyecto, acompañado por los legisladores Gustavo Cairo, Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce y Raúl Villach, busca crear una política de cuidado, prevención y fortalecimiento de la experiencia educativa, con foco en problemáticas como la distracción en clase, el ciberacoso, la ludopatía digital y los consumos problemáticos vinculados al uso excesivo de redes sociales.
La propuesta establece que en los niveles inicial y primario los estudiantes no podrán utilizar teléfonos celulares ni otros dispositivos tecnológicos móviles durante toda la jornada escolar.
La restricción alcanzará las actividades dentro y fuera del aula, los recreos, las horas libres, el comedor y los momentos de ingreso y egreso de la institución.
Las únicas excepciones previstas serán para actividades pedagógicas específicas previamente aprobadas por la dirección de la escuela, situaciones de emergencia y casos de estudiantes con discapacidad o necesidades de apoyo que requieran estos dispositivos como herramientas de aprendizaje, comunicación o asistencia médica.
Para el nivel secundario, en tanto, los alumnos podrán utilizar celulares únicamente cuando el docente lo disponga con fines pedagógicos y exista una justificación curricular previamente planificada.
En el resto de los casos, los dispositivos deberán permanecer apagados y fuera de la vista durante el horario de clases.
Además, cada establecimiento deberá incorporar estas disposiciones a sus acuerdos escolares de convivencia y definir reglamentos internos que promuevan el uso responsable de las tecnologías.
La iniciativa también incluye al personal docente. Durante el dictado de clases, tanto dentro como fuera del aula, los docentes deberán mantener apagados sus dispositivos móviles, salvo en situaciones de emergencia o cuando formen parte de actividades pedagógicas.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, que además deberá realizar evaluaciones periódicas cada dos años para medir el impacto de la norma en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia escolar y el bienestar de la comunidad educativa.
Entre los fundamentos del proyecto se mencionan estudios de organismos internacionales que advierten sobre los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales en niños y adolescentes.
La iniciativa cita informes de UNESCO y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señalan que las distracciones generadas por los teléfonos celulares afectan el rendimiento académico.
Según datos del programa PISA 2022, el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años reconoció distraerse con sus propios dispositivos durante las clases, mientras que un 46% afirmó verse afectado por el uso que hacen sus compañeros.
Los autores también sostienen que la presencia permanente de celulares en las aulas puede favorecer fenómenos como el ciberacoso, el acceso a plataformas de apuestas online y otros consumos problemáticos vinculados con las redes sociales.
Asimismo, remarcan que la iniciativa se inscribe en una tendencia internacional. Países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Portugal y China, entre otros, avanzaron en distintos grados de restricción o regulación del uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos.
En los fundamentos se recuerda que Mendoza ya había avanzado en una regulación similar en 2008 mediante la Ley 7.861, impulsada por el entonces diputado provincial Luis Petri.
Aquella normativa establecía que estudiantes, docentes y personal no docente debían mantener apagados sus teléfonos celulares durante el dictado de clases.
Sin embargo, en 2025 la Legislatura aprobó la Ley 9.611, que derogó parte de esas restricciones y habilitó el uso de dispositivos móviles con fines pedagógicos, dejando en manos de la autoridad de aplicación la posibilidad de establecer criterios diferenciados según los niveles educativos.
El nuevo proyecto propone derogar tanto esa ley como los artículos vigentes de la normativa de 2008 y reemplazarlos por un esquema específico que establece mayores restricciones para los niveles inicial y primario y regula su utilización en la educación secundaria.
La iniciativa también menciona el escenario que atraviesa actualmente el sistema educativo mendocino a raíz de las amenazas de tiroteos difundidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Según se señala en los fundamentos, más de 230 escuelas de la provincia han estado bajo protocolo por este tipo de amenazas desde abril de este año, situación que derivó en distintas medidas de prevención adoptadas por las instituciones educativas.
En ese marco, los autores sostienen que la regulación de los dispositivos móviles dentro de los establecimientos busca contribuir a generar entornos escolares más seguros, fortalecer la atención de los estudiantes y promover vínculos presenciales dentro de la comunidad educativa.