Bento busca sensibilizar al Jury y prepara un pedido de prisión domiciliaria

La defensa del juez federal Walter Bento presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación un informe que advierte sobre las “trascendentales consecuencias” que podría tener su destitución en el grupo familiar del magistrado.

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La presentación se produjo pocos días antes de que se conozca el fallo del Jury en el juicio por mal desempeño, que está previsto para el 8 de noviembre. O sea, a mediados de la semana que viene.

Si el Jury destituye al juez mendocino, deberá ir a la cárcel, ya que perderá sus fueros y sobre él pesan cinco pedidos de prisión preventiva en el marco del juicio penal que se le sigue en Mendoza.

El delicado punto en el cual hacen hincapié sus abogados defensores (Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza) es que Bento tiene un hijo con parálisis cerebral que necesita tener “contacto permanente con su padre” y que el joven (de nombre Facundo) está bajo el cuidado de él y su esposa Marta Boiza, más allá de que también convive con sus hermanos Luciano y Nahuel.

El planteo señala que “la irregular decisión de suspender el pago de la remuneración al juez (…) significó discontinuar el tratamiento de rehabilitación indicado por los médicos” por la pérdida de la obra social. Y agrega: “Así las cosas, las tareas quedaron en cabeza de nuestro asistido y su esposa”.

Aunque no es el Jury el que decidirá si Bento queda o no preso, ya que eso depende del proceso penal, los abogados del juez les señalaron a los miembros del tribunal político que lo juzga en Buenos Aires que “tienen en sus manos el destino de Facundo” y por ello les solicitaron que tengan “presente” el informe. El juez también buscó impactar al Jury con la situación de salud de su hijo Facundo el 10 de octubre pasado, cuando lo llevó a la audiencia en la que dio sus últimas palabras.

Pedido al tribunal

El informe socio-ambiental que elevaron al Jury los abogados de Bento se originó en realidad en el Tribunal Oral Federal Número 2, ante un pedido de Marta Boiza, la esposa del magistrado, de no asistir al juicio penal para cuidar a Facundo Bento.

La licenciada en Trabajo Social María Alejandra Dávila acudió a la casa de la familia Bento en el barrio Palmares el 3 de octubre. También se había tratado de hacer la inspección el 26 de setiembre, pero ni el juez ni su familia estaban en la casa. Dávila detalló en su reporte que el joven tiene la movilidad reducida, se comunica con sus padres por medio de gestos y requiere que sus padres lo alimenten e higienicen.

“La presencia en el hogar tanto de Walter Bento y especialmente de Marta Boiza es necesaria en la cotidianeidad de Facundo Bento”, cierra el informe de Dávila.

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Este texto incorporado al expediente de la causa penal favoreció la petición de Boiza, quien es una de las personas acusadas en el juicio que tiene como principal protagonista al juez, por haber sido considerado jefe de una asociación ilícita que daba beneficios judiciales a cambio de coimas.

La esposa del juez ahora no tiene que asistir al debate oral y su única obligación es ir una vez por semana a tribunales para dar fe de que se sigue sometiendo al proceso.

¿Prisión domiciliaria?

Si bien el informe socio-ambiental podría no tener impacto en el Jury, en tribunales federales creen que la situación de Facundo Bento podría generar peticiones de la defensa ante el propio TOF2 para que el magistrado acceda a la prisión domiciliaria en el caso de que deba cumplir finalmente con la prisión preventiva.

Desde julio de 2021, el juez de Instrucción Eduardo Puigdéngolas viene pidiendo que su colega sea detenido en el marco de la investigación de una supuesta banda que tenía más de 30 integrantes. Solamente no se cumplen las medidas por los fueros del juez. De hecho, el fiscal de la causa, Dante Vega, advirtió hace tiempo que la “banda” que lidera Bento “permanece activa porque el jefe permanece en libertad”.

En este contexto, desde este miércoles, se reiniciarán las audiencias del juicio penal en los tribunales federales de Mendoza. Una de las últimas novedades fue que uno de los acusados , el abogado Luciano Ortego, inició una huelga de hambre tras las rejas en reclamo de que el tribunal cite a declarar a Diego Barrera, condenado a prisión perpetua por el crimen de Diego Aliaga, en el juicio. El tribunal compuesto por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá, y Carolina Pereira pidió este lunes que el complejo penitenciario federal informe sobre las medidas de control adoptadas y que evalúe si el detenido puede participar en forma presencial de las audiencias de esta semana.