El gobernador sostuvo que la reforma puede ser una herramienta útil, pero advirtió que no resolverá por sí sola problemas estructurales.
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El gobernador, Alfredo Cornejo, analizó la intención del Gobierno de Javier Milei de avanzar con una baja en la edad de imputabilidad penal, iniciativa que el Ejecutivo nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso.
Si bien consideró que el debate es necesario, el mandatario provincial puso el foco en los límites de la reforma y en las consecuencias concretas que tendría para las provincias.
Lejos de presentar la medida como una solución definitiva, Cornejo advirtió que un cambio en la legislación penal juvenil no alcanzará, por sí solo, para resolver problemáticas estructurales vinculadas a la delincuencia.
“No quiero generar expectativas de que por el solo cambio de la ley vamos a resolver problemas que son endémicos”, afirmó el mandatario, aunque reconoció que existe un sector de jóvenes que comienza a delinquir a edades muy tempranas.
Uno de los puntos centrales del planteo del gobernador fue la existencia de adolescentes que cometen delitos graves sin poder ser imputados penalmente. Según sostuvo, esa situación genera zonas grises dentro del sistema penal que son aprovechadas incluso por organizaciones criminales.
“Es cierto que hay un grupo de personas que caen en la delincuencia a muy escasa edad y que realmente no son imputables. Incluso hasta organizaciones criminales aprovechan esa inimputabilidad para cargarles delitos”, señaló Cornejo.
En ese marco, evaluó que la baja de la edad de imputabilidad podría ser una herramienta para cerrar esos vacíos, aunque aclaró que su efectividad dependerá de cómo se implemente y de las políticas públicas que acompañen la reforma.
El mandatario evitó fijar una posición tajante respecto de la edad concreta a partir de la cual los jóvenes pasarían a ser imputables penalmente. Consideró que se trata de una discusión técnica que debe ser abordada por especialistas.
“Si tiene que ser 13 o 14 años, no tenemos una opinión muy formada. Eso lo saben mejor quienes se dedican más específicamente a ese tema”, sostuvo.
Más allá del debate jurídico, Cornejo puso el acento en el impacto institucional y presupuestario que la medida tendría para las provincias. Cualquier modificación, explicó, implicará un aumento en la cantidad de jóvenes bajo tutela del Estado, con mayores demandas de infraestructura, personal especializado y recursos.
Según datos aportados por el propio gobernador, en el exCOSE (Centro de Orientación Socioeducativa) hay actualmente alrededor de 80 jóvenes con condenas, mientras que más de 300 adolescentes se encuentran bajo tutela estatal, alojados con familiares o en distintos dispositivos, pese a haber cometido delitos graves.
“El cambio va a traer un nuevo público para nuestro sistema penitenciario”, advirtió, al subrayar que la discusión tendrá efectos concretos en el corto y mediano plazo.
En sintonía con esa postura, días atrás la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, celebró que el tratamiento de la Ley Penal Juvenil haya sido incorporado al temario de las sesiones extraordinarias de febrero. La funcionaria consideró que la decisión permitirá reactivar un debate postergado sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años.
Rus sostuvo que la discusión debe darse “con responsabilidad” y remarcó la necesidad de actualizar el sistema penal a los cambios normativos vigentes. En ese sentido, recordó que el Código Civil y Comercial ya reconoce, en su artículo 25, una nueva categoría jurídica a partir de los 13 años.
“El sistema penal no puede seguir desfasado de la realidad jurídica actual”, afirmó.
La ministra coincidió con Cornejo en que la reforma no puede ser aislada ni meramente punitiva, sino que debe formar parte de un abordaje integral.
“No es la solución final, esto tiene que ser un programa integral, tiene que haber un trabajo desde el sistema penal con ese joven y también desde los sistemas penitenciarios. Si tiene que cumplir una pena privativa de la libertad, hay que trabajar para que el sistema no sea más perjudicial, sino un abordaje efectivo y eficiente para la seguridad pública”, explicó.
Cornejo indicó que el tema está siendo analizado de manera conjunta entre las áreas de Seguridad e Infancia, y mencionó el trabajo que vienen realizando la ministra Rus y el ministro Tadeo García Salazar en la evaluación del proyecto y su impacto futuro.
Para el gobernador, la baja de la edad de imputabilidad no puede implementarse sin planificación ni sin una discusión profunda sobre el financiamiento. En ese sentido, consideró imprescindible que la Nación acompañe a las provincias si decide avanzar con la reforma.
“Las provincias tienen que estar bien financiadas para cumplir con estos cambios. No es lo mismo tener 300 chicos más detenidos que tener 80”, afirmó, y recordó que en áreas como educación y vivienda el Gobierno nacional se ha retirado progresivamente, trasladando responsabilidades a los gobiernos provinciales.
Al cerrar su análisis, Cornejo volvió a poner en perspectiva el alcance de la iniciativa. Para el mandatario mendocino, la baja de la edad de imputabilidad debe entenderse como parte de una política de seguridad más amplia.
“La definición correcta sería: es una herramienta más”, afirmó.
En ese marco, destacó que Mendoza viene aplicando un plan de seguridad con resultados positivos en la reducción de delitos violentos, aunque reconoció que otros delitos se mantienen estables. Bajo ese diagnóstico, insistió en que ningún cambio legal aislado puede revertir por sí solo problemáticas complejas y de larga data.