A diez días de la sanción en el Senado, el gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley N° 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial esta madrugada.
Entre las medidas de la nueva ley, la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años.
Baja en edad de imputabilidad: pasa de 16 a 14 años
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A diez días de la sanción en el Senado, el gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley N° 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial esta madrugada.
Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.
"La presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial", aclaró el Ejecutivo.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado había aprobado la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años.
En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.
Entre las medidas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, participación en actividades deportivas, recreativas o culturales y asistencia a programas de formación ciudadana. También se contemplan tratamientos médicos o psicológicos cuando resulte necesario y la asistencia a servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen prevé además distintas sanciones que pueden ser aplicadas por la Justicia, entre ellas la amonestación judicial, la prohibición de acercamiento a la víctima, la restricción para concurrir a determinados lugares o espectáculos, la prohibición de conducir vehículos en determinados casos y el monitoreo electrónico.
Otra de las penas previstas es la prestación de servicios a la comunidad.
Cuando corresponda aplicar una pena privativa de libertad, el régimen establece distintas modalidades de cumplimiento, entre ellas la detención domiciliaria, la permanencia en institutos abiertos o el alojamiento en institutos especializados de detención para adolescentes.
Dato importante: los menores de edad detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas.
Además, se prohíbe la imposición de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y establece que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 años.
Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.
Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.