Luego de aprobar la reforma constitucional, algunos senadores votaron contra la ratificación de la presentación de conflicto de poderes con San Rafael.
Senadores que respaldaron la reforma constitucional rechazaron luego la ratificación de la demanda impulsada por Hebe Casado y Andrés Lombardi.
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Ramiro Gómez / Los Andes La sanción definitiva del proyecto de enmienda constitucional sobre autonomía municipal dejó una segunda votación que expuso diferencias políticas dentro de sectores aliados al gobierno de Alfredo Cornejo que, minutos antes, habían acompañado la reforma impulsada por el mandatario provincial.
Ocurrió la semana pasada. Además de aprobar la modificación del artículo 197 de la Constitución provincial, el Senado también votó una resolución vinculada al conflicto de poderes iniciado por la reforma de la Carta Orgánica de Municipalidad de San Rafael. Allí aparecieron votos cruzados, incluso de legisladores que habían respaldado la autonomía municipal.
La discusión se produjo durante el tratamiento del proyecto de autonomía municipal en Diputados, cuando el peronismo cuestionó que la vicegobernadora y titular del Senado, Hebe Casado, y el presidente de la Cámara Baja, Andrés Lombardi, hubieran realizado una presentación judicial en nombre de ambos cuerpos legislativo sin una autorización previa de sus miembros.
Ese planteo derivó en un cuarto intermedio solicitado por el oficialismo. Luego de la aprobación de la enmienda constitucional, Cambia Mendoza pidió tratar sobre tablas una resolución para ratificar la actuación judicial realizada en el conflicto de poderes contra el proceso de autonomía impulsado por el intendente de San Rafael, Omar Félix.
Desde el oficialismo explicaron que la resolución buscó fortalecer institucionalmente la presentación realizada por Casado y Lombardi. Según señalaron, cuando un poder “se arroga para sí mismo un poder constituyente que no tiene”, se afecta una atribución de otro poder, en este caso la Legislatura provincial.
Bajo ese argumento, ambas cámaras buscaron avalar formalmente la actuación judicial realizada. La resolución de ratificación del conflicto de poderes tuvo primero tratamiento en la Cámara de Diputados, en una sesión realizada sobre tablas antes del recambio parcial de los legisladores.
En aquella oportunidad, el proyecto de enmienda constitucional fue aprobado con 34 votos afirmativos, siete negativos del PJ y una abstención de Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde. Hubo además cinco ausencias, entre ellas las de los peronistas Juan Pablo Gulino, Valentina Morán y Natalia Vicencio, además de Edgardo Civit Evans y Cintia Gómez.
Sin embargo, al momento de votar la rectificación de la demanda por conflicto de poderes, algunos legisladores que habían acompañado la autonomía municipal cambiaron de postura. La resolución obtuvo 32 votos positivos, siete negativos del PJ y tres abstenciones: Jorge Difonso y Rolando Scanio, de La Unión Mendocina, junto a Fugazzotto.
En la Cámara Alta, la votación de esta rectificación terminó con 24 votos afirmativos y 14 negativos. Mientras que la sanción definitiva a la enmienda de la Reforma Constitucional que habilita la autonomía municipal fue de 28 a 10 a favor de la iniciativa.
El dato político fue que algunos senadores que habían acompañado el proyecto de enmienda constitucional votaron en contra de la resolución de ratificación. Entre ellos, la senadora Alejandra Gómez, vicepresidenta de La Libertad Avanza Mendoza, quien se diferenció de la postura mayoritaria del bloque libertario, aliado legislativo del oficialismo provincial.
El caso llamó la atención porque Gómez había acompañado previamente la aprobación del proyecto de autonomía municipal junto al interbloque oficialista de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. La legisladora, abogada y con armado político en Rivadavia, quedó así entre quienes respaldaron la reforma constitucional, pero rechazaron la ratificación de la presentación judicial.
Otro senador que cambió su voto al momento de tratar la resolución y que es aliado a Cambia Mendoza es Martín Rostand, del PRO. No obstante, los miembros del bloque del Frente Patria Félix González y Omar Parisi también tuvieron la misma postura.
En contra de la resolución también votaron los integrantes del interbloque Encuentro Mendocino integrado por los cinco senadores del PJ y tres legisladores de La Unión Mendocina. Además de Armando Magistretti, del Partido Demócrata, y Dugar Chappel, del Partido Verde.
Los legisladores que decidieron cambiar de postura en estas dos votaciones dejaron en claro que acompañaron, con sus reparos, la propuesta de avanzar con las autonomías municipales porque “se trata de una deuda que tiene la Provincia con los municipios” y “porque había que avanzar con el tema”.
Sin embargo, algunos cuestionaron con dureza la forma en que se impulsó la demanda judicial por conflicto de poderes. Según plantearon, los presidentes de ambas cámaras cuentan con facultades administrativas para conducir el funcionamiento interno de los cuerpos, pero no con representación judicial automática de la voluntad legislativa sin una autorización previa de los senadores y diputados.
En ese sentido, sostuvieron que la presentación ante la Justicia sin una resolución previa de las cámaras constituyó “una falta gravísima” y señalaron que “se arrogaron la representación del cuerpo ante la Justicia”.
Además, remarcaron que el planteo ya había sido advertido en el dictamen de Fiscalía de Estado de Mendoza y consideraron que, desde el punto de vista jurídico, se trató de “una aberración procesal”.
Otro de los cuestionamientos apuntó hacia la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Algunos senadores manifestaron sorpresa porque el máximo tribunal no rechazara inicialmente la demanda pese a no existir, según su interpretación, una voluntad expresa de ambas cámaras autorizando la presentación judicial.
También explicaron que decidieron no acompañar la resolución porque no querían “entrar en una pelea de guapos entre la Provincia y San Rafael”, diferenciando así el apoyo a la autonomía municipal del conflicto institucional abierto entre el Gobierno provincial y el municipio sureño.
La discusión legislativa estuvo atravesada por el dictamen emitido por Fiscalía de Estado de Mendoza, a cargo de Fernando Simón, dentro del conflicto judicial.
En esa presentación, Fiscalía cuestionó que los presidentes de ambas cámaras hubieran iniciado la demanda judicial sin una resolución previa de los cuerpos legislativos. El organismo sostuvo que la voluntad institucional debía surgir de una votación formal de cada cámara antes de realizar la presentación judicial.
Ese planteo fue uno de los argumentos utilizados por sectores opositores para cuestionar la necesidad de ratificar posteriormente la actuación judicial mediante resolución legislativa.
Desde el oficialismo defendieron la resolución aprobada tanto en Diputados como en el Senado y sostuvieron que la ratificación posterior de la presentación judicial no implicó una irregularidad institucional. Según explicaron, este tipo de ratificaciones suelen realizarse después de concretada la actuación administrativa o judicial que se busca respaldar.
Bajo ese criterio, señalaron que la intervención posterior de ambas cámaras sirvió para convalidar formalmente la actuación realizada por Casado y Lombardi en la demanda por conflicto de poderes contra la Municipalidad de San Rafael.
Además, desde Cambia Mendoza sostuvieron que la votación legislativa “sanea cualquier cuestión reglamentaria” vinculada a la representación institucional de las cámaras en la presentación judicial.
En esa línea, consideraron que, más allá de la discusión sobre si la autorización debía haberse otorgado previamente, la aprobación posterior de la resolución terminó expresando la voluntad política de ambos cuerpos legislativos de acompañar la actuación judicial.
Otro de los argumentos utilizados por el oficialismo fue que el propio dictamen de Fiscalía de Estado de Mendoza marcaba la necesidad de una resolución formal de las cámaras.
Por eso, desde el oficialismo interpretaron que la ratificación aprobada en ambas cámaras respondía a esa observación y fortalecía la posición institucional de la Legislatura dentro del expediente judicial.