La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, habló sobre el dictamen favorable de la Procuración General de la Nación al reclamo por las tierras del pedemonte.
Los terrenos al oeste de la Avenida Champagnat que reclama la UNCuyo ante los Vila.
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Prensa UNCuyo Tras el dictamen favorable de la Procuración General de la Nación en la histórica disputa judicial por tierras ubicadas en el pedemonte mendocino, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, instó a la sucesión de Alfredo Vila a concretar la devolución física de los terrenos y aseguró que la casa de estudios continuará con el litigio si no se cumple con lo establecido por la Corte Suprema en 2012.
La funcionaria remarcó que el dictamen de la Procuración -adelantado en exclusiva por Los Andes el viernes- representa un respaldo contundente al reclamo de la universidad y sostuvo que ahora corresponde avanzar con la restitución efectiva de las tierras.
“Es una invitación a devolver los terrenos a quienes somos los propietarios legítimos. Este litigio es con la sucesión de Alfredo Vila y en este momento están ocupándolos. Estamos invitando a que hagan una entrega física porque no han cumplido la sentencia y la Procuración dice que nos corresponde”, afirmó Sánchez en una conferencia de prensa este mediodía.
El pronunciamiento de la Procuración General, conocido el viernes pasado, aconsejó a la Corte Suprema rechazar los planteos presentados por la sucesión Vila y ratificar la sentencia dictada en favor de la universidad nacional, en una causa que lleva más de dos décadas de disputa judicial.
Según explicó la rectora, el dictamen no fija plazos concretos, pero sí refuerza la obligación de cumplir con lo que el máximo tribunal resolvió hace más de una década.
“Esto es un dictamen de la Procuración y no establece plazos. Plantea que se cumpla lo que dictó la Corte Suprema en el año 2012. Por eso estamos invitando a que devuelvan esos terrenos, porque si eso no se lleva a cabo vamos a continuar con el litigio y en algún momento la Corte Suprema, frente a este dictamen, seguramente va a disponer que se cumpla lo que ya dijo”, señaló.
Sánchez vinculó además la recuperación de esas tierras con la defensa de la universidad pública y cuestionó el contexto de discusión nacional sobre el financiamiento educativo.
“La universidad, en realidad, lo que está haciendo con este acto es poner en valor la educación pública, porque no solo estamos defendiendo esos terrenos sino también la educación pública, que hoy está tan atacada”, expresó.
La rectora explicó además que una parte de la superficie ya fue formalmente entregada, aunque permanece sin acceso operativo, por lo que la restitución del nuevo sector resulta clave para hacer uso integral del predio.
“Hay seis hectáreas que ya fueron entregadas, pero no se tiene acceso. Estas nuevas hectáreas tienen salida a la calle, lo que nos permitiría acceder al resto”, precisó.
Finalmente, recordó que existen iniciativas previas para destinar esos terrenos a fines científicos y educativos. “Hay numerosos proyectos para llevar adelante allí. Incluso, anticipándonos en gestiones anteriores, hubo una propuesta para que esos terrenos fueran declarados para uso científico y diversos usos vinculados a ese espacio”, concluyó.
El dictamen, que lleva la firma de la Procuradora Laura Mercedes Monti, sostiene que el planteo de la UNCuyo contra un fallo anterior de la Cámara Federal de Mendoza, que favorecía a los Vila, es procedente. Monti señala que, en consecuencia, se debe hacer lugar a la queja ante la Corte Suprema de la Nación para asegurar el cumplimiento integral del desalojo en los terrenos en disputa.
La decisión de la Procuración General es una opinión técnica, no vinculante, pero se trata del paso previo al fallo definitivo y se convierte en un antecedente de peso para la resolución del pleito en la Corte nacional.
El conflicto es antiguo y comenzó cuando el empresario Alfredo Luis Vila promovió una demanda de usucapión (conseguir el dominio de un bien por el paso del tiempo) contra el Estado Nacional para obtener la posesión de una fracción de terreno ubicada al oeste de la Avenida Champagnat.
El 18 de septiembre de 2012, la Corte nacional rechazó esta demanda y ordenó el desalojo del actor. La Corte determinó que los terrenos en disputa son de dominio público y que no se había acreditado que el Estado Nacional hubiera realizado actos para desafectarlos de ese régimen.
Pero luego, en la etapa de cumplimiento de la sentencia, surgió una controversia porque solo se restituyó una parte del terreno (aproximadamente 6,7 hectáreas). La Cámara Federal de Mendoza consideró que el resto (alrededor del 40% del total) estaba ocupado por terceros que no fueron parte del juicio y que no podían ser desalojados sin un nuevo proceso que garantizara su derecho de defensa.
Aquel fallo rechazaba extender la sentencia a los socios de Dalvian S.A. mediante el levantamiento del velo societario.
La UNCuyo entonces apeló esa sentencia para que el desalojo fuera total y que el fallo de la Corte resultara obligatorio para todos los ocupantes, no solo para el actor original. Interpuso un recurso de queja sosteniendo que la decisión de la Cámara violaba la cosa juzgada y se apartaba de lo dispuesto por la Corte Suprema.
Pidió la institución que la restitución de terrenos fuera total e ineludible y advirtió que la porción ya entregada era algo "inútil", dado que carecía de acceso propio sin la posesión de la parte restante.
Esta semana, en su dictamen de 8 páginas, la Procuradora Monti dictaminó que este recurso era procedente, que la sentencia de la Cámara se apartaba de lo resuelto por la Corte y que limitar el desalojo sólo al actor original frustraría la solución real del pleito.
"No parece razonable considerar que la sentencia que condenó al desalojo comprendía solamente al actor y que se ha tornado imposible de cumplir en su totalidad ante la supuesta existencia de terceros poseedores –que no participaron en el proceso- en una porción de los terrenos a desalojar. De seguirse este criterio, se estaría haciendo prevalecer el texto formal del fallo soslayando así la solución real adoptada con sustento en que se trata de bienes del dominio público, la que se vería frustrada de no procederse al desalojo de la totalidad del predio en desmedro de los derechos de sus legítimos propietarios", dice uno de los últimos párrafos del dictamen.