El proyecto aprobado por unanimidad en el Senado faculta a los intendentes para que decidan qué parte del arbolado público mantienen y cuál erradican.
La necesidad de reformar la ley de arbolado público se origina en los trastornos que genera cada tormenta.
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Ramiro Gómez / Los Andes El Senado aprobó por unanimidad este martes un proyecto que descentraliza en los intendentes las tareas de mantenimiento, protección y eventual erradicación del arbolado público. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su ratificación.
La reforma de la ley 7874 de Arbolado Público surgió por propuesta del senador radical Marcelino Iglesias, pero contaba con impulso del Gobierno y recibió el apoyo de todas las bancadas de la Cámara Alta, ya que con ella están de acuerdo la mayoría de los intendentes.
Sucede que el mal estado del arbolado es un riesgo para la gente en cada tormenta. En muchas ocasiones hay personas que han perdido la vida porque se les cayeron árboles encima. Ante esta realidad, tomó impulso el proyecto que traslada a los jefes comunales la potestad de cortarlos cuando representan un riesgo.
Durante el debate en el recinto, Iglesias explicó: “Esta ley prevé numerosos recaudos no solo para el cuidado, sino también para la expansión del arbolado. Lo que proponemos es una actualización que respeta el espíritu de la norma y los organismos que crea, como el Consejo del Arbolado Público, pero otorgando a los municipios una facultad de la que hasta ahora carecían: constituirse en autoridad de aplicación dentro de su territorio”.
El legislador señaló que el objetivo es evitar trámites innecesarios ante la órbita provincial en casos como erradicaciones u otras intervenciones, lo que permitirá mayor agilidad en la toma de decisiones. Además, aclaró que los municipios deberán rendir cuentas anualmente sobre lo actuado y presentar previamente un plan cuatrienal que incluya acciones de erradicación, poda, mantenimiento y forestación.
Por su parte, los senadores Armando Magistretti (Partido Demócrata/La Libertad Avanza), Duilio Pezzutti (Podemos- Encuentro Peronista) y Pedro Serra del Partido Justicialista, también manifestaron el acompañamiento de sus respectivos espacios políticos a la propuesta.
El eje central de la reforma consiste en facultar a los municipios para que, mediante ordenanza de sus concejos deliberantes, se constituyan como autoridad de aplicación en sus territorios.
La medida permitirá que las comunas gestionen de manera directa las tareas de poda, mantenimiento y erradicación, reduciendo los tiempos de respuesta ante reclamos vecinales. En tanto, el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Ambiente, conservará la potestad de fijar lineamientos generales y supervisar las jurisdicciones correspondientes a entes viales e Irrigación.
El proyecto establece que cada municipio deberá presentar un plan de manejo integral del arbolado público cada cuatro años, ajustado a criterios técnicos provinciales. También deberán remitir informes anuales detallando las acciones desarrolladas y sus resultados.
Este esquema permitirá consolidar un registro provincial unificado que incluya tanto las extracciones como las nuevas forestaciones y el mantenimiento en zonas rurales.