La Corte volverá este lunes a la actividad tras la feria de enero con la urgencia suprema de resolver dos causas relacionadas con las inminentes elecciones municipales.
La Corte tiene que resolver con urgencia si admite o no a candidatas para las elecciones porque corren el riesgo de que sus nombres no aparezcan en la boleta.
Los integrantes de la Corte junto al gobernador Alfredo Cornejo.
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Foto: Prensa Gob. de Mendoza La Corte volverá este lunes a la actividad tras la feria de enero con la urgencia suprema de resolver dos causas relacionadas con las inminentes elecciones municipales.
Una de ellas tiene máxima prioridad. Es la que se originó en el bloqueo de la Junta Electoral para que se presenten como candidatas tres concejalas que quieren ir por la re-reelección, a pesar de la reforma de lay Orgánica de Municipalidades de 2024, que limita a dos los mandatos consecutivos.
Se trata de Paloma Scalco (Frente Patria) en Luján, Deborah Quiroga (Ahora Santarrosinos) en Santa Rosa y Romina Barrera (Frente Elegí Gestión La Paz) en La Paz.
Un fallo muy reciente las alienta, pero los tiempos apremian. Tanto que, este viernes, la Junta Electoral -de la cual forman parte los propios miembros de la Corte- se reunirá para resolver si puede adecuar la resolución del pleito judicial a los tiempos de impresión de la Boleta Única Electoral, que están a punto de agotarse.
"Hay que ver si se pueden empalmar los tiempos porque entramos en un periodo crítico para la impresión de boletas", reconocieron en este sentido en la Junta Electoral. Si no hubiera tal empalme y la Justicia las autorizara a competir, las boletas saldrían sin los nombres de las candidatas que hasta aquí no tienen aprobadas sus candidaturas.
La Corte, por su lado, si bien habilitó la feria judicial de enero para el tratamiento de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron las concejalas, todavía tiene la causa en trámite.
Según pudo saber este diario, este jueves se vencen los tiempos para que presente su posición la Fiscalía de Estado y el viernes empezarían a correr los plazos para emitir sentencia, la cual se calcula que podría producirse la semana que viene.
Este tipo de presentaciones tienen que ser resueltas por el pleno de la Corte y, en ese ámbito, la jurisprudencia y la propia composición del alto tribunal juegan a favor de las mujeres que quieren volver a ser candidatas.
En efecto, en setiembre, el concejal de La Cámpora Martín González, quien transita su segundo mandato en Godoy Cruz, también fue bloqueado por la Junta Electoral. Pero al final la Corte lo habilitó para competir y en la elección consiguió los votos para permanecer otros cuatro años en la banca.
La votación de la Corte fue dividida: 4 a 3. El presidente Dalmiro Garay, María Teresa Day y Norma Llatser votaron en contra de la candidatura del edil, mientras que, en cambio, Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio; se expresaron a favor. El argumento de la mayoría fue que no existía en la ley una cláusula expresa que admitiera aplicarla en forma retroactiva.
Debido a este problema, Scalco, Quiroga y Barrera no serán oficializadas como candidatas para la elección del 22 de febrero en la reunión que tendrá la Junta Electoral este jueves para tratar este y otros temas.
Según se informó desde la Junta, todos los demás candidatos quedarán formalmente en carrera, mientras que la definición de estos tres casos en particular se diferiría para la semana que viene por lo menos.
Al margen de este caso, la Junta Electoral, además, deberá resolver conflictos que subsisten entre los frentes en disputa.
La pelea en este caso remite a la interna del justicialismo, ya que el PJ oficial impugnó en San Rafael el logo para la boleta única papel de "San Rafael futuro", la opción que presentarán La Cámpora y sus socios.
En tanto, la Junta también tiene que resolver presentaciones respecto de los colores que enfrentan a las dos opciones peronistas en Luján y Rivadavia.
Además de estos tres departamentos, el 22 de febrero habrá elecciones en Luján, Santa Rosa y La Paz. Se renovarán en el comicio la mitad de los concejos deliberantes de los seis departamentos.
En los otros 12 departamentos no habrá elecciones de concejales, ya que eso ocurrió el 26 de octubre debido a que sus intendentes mantuvieron unificada la elección local con las de legisladores provinciales y nacionales.
El desdoblamiento municipal es una opción de la ley electoral de la provincia, pero en ese caso, los gastos de logística e impresión de boletas corren exclusivamente por cuenta de los intendentes. En este sentido, los seis jefes comunales deberán gastarse una suma superior a los 3.000 millones de pesos en total.
La otra causa judicial pendiente está originada en la convocatoria a elecciones para designar 24 convencionales constituyentes en San Rafael.
Además de concejales, el departamento sureño elegirá a los 24 representantes que deberán reformar la Carta Orgánica municipal en el marco de un novedoso procedimiento para ampliar las facultades de ejercer su autonomía.
Pero un diputado provincial busca frenar ese proceso en la Justicia. José Luis Ramón, de Protectora, elevó a la Corte una medida cautelar para frenar este aspecto de la elección, bajo el argumento de que la convocatoria estuvo plagada de irregularidades.
El dato en contra de la presentación fue que la Corte no consideró urgente el tratamiento de esta acción de inconstitucionalidad y por eso no habilitó la feria para discutirla. Rechazó, entre otras cosas, la solicitud de una audiencia de conciliación con el intendente justicialista Omar Félix.
Si bien la denuncia tiene algunos elementos a su favor, debería ser muy contundente el planteo como para suspender una elección que ya fue oficializada en el cronograma por la Junta Electoral.
Sin embargo, se cree que igual la demanda tendrá una resolución antes del 22 de febrero. Muy probablemente la Corte la provea al comienzo de la semana que viene para la incorporación de pruebas y luego tendrá que definir cómo la vota, ya que algunos integrantes del alto tribunal podrían excusarse, debido a que antes habían votado a favor de la convocatoria en la Junta Electoral. En ese caso, el expediente terminará en manos de conjueces de la Justicia Civil.