9 de marzo de 2026 - 13:30

La advertencia de una Taser 7 fue suficiente para reducir a un hombre armado en Malargüe

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la primera intervención preventiva con una Taser 7 por parte de un efectivo que no pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

La Policía de Mendoza realizó en Malargüe la primera intervención preventiva con una Taser 7 por parte de un efectivo que no pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), luego de haber completado la capacitación y certificación correspondiente para el uso de estos dispositivos de baja letalidad.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el procedimiento se produjo a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados se encontraba armado con un cuchillo y mantenía una actitud amenazante, por lo que se aplicó el protocolo de intervención con dispositivos electrónicos de control.

Ante la situación, el efectivo activó la función disuasiva de la Taser 7, que emite una advertencia sonora y visual sin efectuar la descarga eléctrica. Fue suficiente para que el agresor desistiera de su actitud y se entregara, lo que permitió su reducción sin que se registraran personas heridas.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que se trata de un hecho relevante dentro del proceso de incorporación progresiva de estas herramientas en la fuerza policial.

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“En Malargüe se registró la primera intervención preventiva de la Policía de Mendoza con una Taser 7 por parte de personal policial que no pertenece a las Fuerzas de Operaciones Especiales, tras haber completado la capacitación y certificación correspondiente”, señaló la funcionaria.

Rus recordó que, hasta ahora, estos dispositivos estaban reservados para los grupos especiales de la fuerza. “Con la formación que impulsamos, comenzamos a ampliar su uso a efectivos convencionales, siempre bajo protocolos estrictos y con preparación específica”, explicó.

La ministra también remarcó que los nuevos dispositivos incorporan mejoras tecnológicas respecto del equipamiento con el que contaba la provincia anteriormente. “Las nuevas Taser 7 incorporan tecnología que permite realizar advertencias disuasivas previas, algo que los dispositivos con los que contaba la provincia anteriormente no tenían, lo que brinda más herramientas para evitar la descarga eléctrica cuando la situación lo permite”, sostuvo.

Sobre el procedimiento, Rus subrayó que la intervención se resolvió gracias a esa capacidad preventiva. “En este caso, la función disuasiva del dispositivo fue suficiente para que una persona armada desistiera de su actitud y pudiera ser reducida sin que nadie resultara herido”, afirmó.

Actualmente, el sur provincial cuenta con diez dispositivos Taser 7 distribuidos entre Malargüe, San Rafael y General Alvear, operados por personal policial que completó el proceso de capacitación y certificación para su utilización.

“Hasta el momento, el Sur cuenta con 10 Taser 7 distribuidas entre Malargüe, San Rafael y General Alvear, operadas por personal policial capacitado. De manera progresiva se irán incorporando en otros departamentos de la provincia, a medida que más efectivos completen la capacitación y certificación correspondiente”, detalló.

La incorporación de estas herramientas forma parte del proceso de modernización y profesionalización de la Policía de Mendoza, que busca ampliar las opciones de intervención ante situaciones de riesgo mediante el uso de equipamiento de baja letalidad.

“Seguimos fortaleciendo la seguridad en Mendoza con más capacitación, tecnología y herramientas para que la Policía pueda intervenir con firmeza y sin recurrir a armas letales cuando la situación lo permite”, concluyó la ministra.

Protocolo estricto para el uso de las Taser

De acuerdo a Seguridad, el instructivo establece criterios claros de aplicación, orientados a que el uso de esos dispositivos se ajuste a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando los estándares vigentes en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Se prohíbe disparar hacia la cabeza, el cuello, el rostro, la entrepierna y el torso superior, y se recomienda apuntar hacia áreas de mayor masa muscular. Además, sólo se puede operar estos dispositivos personales con al menos dos años de antigüedad en la Policía o tres años en el caso de civiles que trabajen como preventores o en seguridad privada. Y deben estar certificados y habilitados por la cartera de Seguridad.

Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados. Y en situaciones críticas se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente. El protocolo establece responsabilidades administrativas para las entidades que adquieran los dispositivos y responsabilidades operativas directas para quienes los utilicen y sus superiores.

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