Detienen a los líderes del clan “Liquitay”, tercera generación de narcos que transportaban cocaína a Mendoza y otras provincias

La Justicia de Jujuy detuvo a dos hermanastros acusado de liderar una banda de narcotraficantes que opera desde 1978 en el Norte argentino y que transportaba cocaína a varias provincias, entre ellas, Mendoza.

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Los detenidos son Abel Liquitay y David Liquitay Choque, quienes están señalados como los líderes actuales del clan de “Los Liquitay”, una organización familiar, según información del Ministerio Público Fiscal.

Ambos fueron detenidos el miércoles pasado en el marco de una investigación conjunta desarrollada por los titulares de las Áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Jujuy y Salta, Federico Zurueta y Ricardo Toranzos, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, junto al responsable de la región NOA de esa área, Eduardo Villalba, y al fiscal de feria, Carlos Amad Martín.

Días después, las juezas federales de Garantías -en feria- de Salta y Jujuy, Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk, respectivamente, les dictaron prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes y lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por su habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado.

De acuerdo con la investigación realizada por las Unidades de Procedimientos Judiciales y de Reunión de Información de Jujuy, de la Gendarmería Nacional, y del Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico NOA, se determinó que Liquitay y Liquitaya Choque serían los líderes de la organización que fundó su padre.

El clan operaba en Jujuy y Salta desde 1978, y de acuerdo a lo planteado por el MPF, ya lleva tres generaciones implicadas en actividades del narcotráfico en la región del Noroeste Argentino.

En febrero de 2020 el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a Alberto Estanislao Liquitay, Darío Alejandro Acevedo, Raúl Ricardo Farías y Ariel Estelino Georgevitch, a penas de entre 4 y 10 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes. Estos integrantes de clan movían 11,672 kilogramos de cocaína dentro de encomiendas, decomisadas ocurrido en julio de 2019.

Por otra parte, en junio de 2020, fue juzgada a la pareja de Liquitay, María Virginia Quispe, a quien se le impuso una condena de 3 años de prisión condicional por traficar cocaína de Salta a Córdoba a través de encomiendas.

Volviendo a los hermanastros detenidos, se determinó que la droga se obtenía a través de proveedores en la zona de frontera, a la altura de La Quiaca. Luego, con la intervención de otros eslabones de la organización, se coordinaba el traslado de la sustancia hacia San Salvador de Jujuy. Una vez allí, se acondicionaba la droga en otros vehículos que la transportaban hacia Salta, Tucumán, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

De este modo, la organización obtenía grandes ganancias, con las que luego adquirían bienes, tales como automóviles, camionetas y motocicletas.

Así, el miércoles pasado, se realizaron allanamientos simultáneos, en domicilios y locales comerciales de Salta y Jujuy, en los que se logró detener a los cuatro hombres. También, se secuestraron 49 vehículos, 4.718.000 de pesos, 13.603 dólares, 100 euros, 420 pesos bolivianos y documentación de interés para la investigación.

La investigación derivó en una causa por lavados de activos en la cual la jueza jujeña Carina Gregoraschuk imputó a Liquitay y Liquitaya Choque por el delito de “lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por la habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado”.

Según las pruebas obtenidas, se enumeró un listado de vehículos adquiridos o administrados por los acusados o intermediario, entre los que se incluían siete camiones, al tiempo que destacaron el hallazgo de un Honda Civic SI, un automóvil Seat, dos camionetas Toyota Hilux y una S.W4, una camioneta Volkswagen Amarok, cuatro cuatriciclos y otros rodados encontrados en un galpón de la localidad jujeña de Palpalá.

La fiscalía destacó que, pese al enorme volumen de dinero necesario para la adquisición de estos vehículos, ninguno de los acusados registraba trabajo formal, ingresos registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni tampoco tenían sus declaraciones juradas actualizadas.