Se escabullía en los despachos del Polo Judicial y robaba celulares secuestrados en distintas causas. Reconoció su culpabilidad y fue a la cárcel.
Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza
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Marcelo Álvarez / Los Andes Walter Morán Murúa (38), quien trabajaba como empleado de una empresa de limpieza y prestaba sus servicios en el Polo Judicial de Mendoza, fue condenado a cuatro años de cárcel efectiva por "hurto simple y acumulados por sustracción de objetos destinados a servir de prueba". Fue durante un juicio abreviado en el que el hoy condenado reconoció la autoría de los hechos por los que estaba acusado.
Moran Murúa se robó 22 teléfonos celulares que la fiscalía de robos tenía guardados como evidencia de distintas causas que estaban en curso y siendo investigadas por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Los dispositivos estaban resguardados en armarios de los despachos, y de allí fueron sustraídos por el empleado de la firma de limpieza (no es empleado judicial).
A fines de abril, la justicia ordenó que Walter Alejandro Morán Murúa quedara detenido, acusado de robarse los 22 teléfonos en oficinas del Polo Judicial que se guardaban por ser “pruebas” de distintas investigaciones judiciales.
El caso fue investigado desde el primer momento por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien calificó el expediente como “sustracción de objetos probatorios 22 hechos en concurso real y un hurto simple”.
Durante varios meses, el hombre robó los teléfonos que estaban bajo la guarda de la Fiscalía de Robos y Hurtos, distribuidos en distintas oficinas.
Se trataba de aparatos que habían sido secuestrados en distintos operativos y que son “pruebas” que comprometen a imputados en distintas causas por lo que son de gran valor judicial, más allá de lo económico.
Cuando se detectaron los faltantes comenzó una investigación a cargo de Investigaciones de la Policía de Mendoza por lo que fueron chequeadas las cámaras de seguridad del edificio de Polo Judicial.
Luego, personal de la División Escuchas telefónicas comenzó a “seguir” los teléfonos que habían desaparecido. Posteriormente, con las pertinentes órdenes judiciales, la fiscal Lazo ordenó una batería de allanamientos que se realizaron en la casa de sospechosos, además de en más de 20 viviendas ubicadas en los departamentos del Gran Mendoza y el Este, logrando recuperar los objetos robados.