El Juzgado Penal Colegiado N° 2 aceptó el hábeas corpus correctivo presentado por la población del penal de Almafuerte I, y hoy un juez fue hasta Cacheuta para interiorizarse de la grave situación denunciada por los internos.
Luego de que los 1.900 internos presentaran un hábeas corpus, la Justicia hizo lugar al pedido donde se denuncia la falta de servicios básicos como agua, colchones, calefacción y sistema de comunicaciones, así como la sobrepoblación, entre otros puntos, además de requisas violentas. Polémica por los “referentes”. Inminente resolución judicial.
La cárcel de Almafuerte. Archivo Los Andes.
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El Juzgado Penal Colegiado N° 2 aceptó el hábeas corpus correctivo presentado por la población del penal de Almafuerte I, y hoy un juez fue hasta Cacheuta para interiorizarse de la grave situación denunciada por los internos.
Esta mañana, el juez Diego Flamant hizo una inspección de las instalaciones y habló con algunos internos, y "entre hoy y mañana emitirá un dictamen" al respecto, explicó una fuente judicial.
El viernes pasado, la abogada María Elena Quintero, en representación de las 1.900 personas privadas de libertad que se encuentran alojadas en la cárcel ubicada en Cacheuta, Luján de Cuyo, advirtió sobre la falta de servicios básicos como agua potable y agua caliente, carencia de colchones, servicios médicos, educación, comunicación y la práctica de violentas requisas, entre otros temas.
Tras aceptar la medida, el magistrado solicitó a la Dirección del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I un informe sobre buena parte de la queja de los reclusos.
Flamant quiere conocer la capacidad de cada módulo y ala, detallando los casos de sobrepoblación. Según la denuncia, los pabellones que son para 72 plazas alojan actualmente a entre 110 y 140 personas, y, sobre una población de 1.900 internos, “un número significativo duerme directamente en el piso por la falta de colchones, camas y frazadas suficientes”.
También solicitó información sobre el funcionamiento del sistema de provisión de agua y si actualmente se registran problemas de suministro y turbiedad, además de la logística empleada cuando la bomba de agua del complejo presenta desperfectos.
Asimismo, pidió detalles sobre el funcionamiento del sistema de calefacción para cada módulo y si actualmente existen problemas en sectores particulares, así como la logística aplicada a la distribución de elementos de higiene y aseo, tanto para el personal de las PPL como para el cuidado de las celdas, detallando su periodicidad, contenido, faltantes y otros datos que considere oportuno informar.
En cuanto a la salud, quiere saber la logística empleada para la atención de las personas privadas de la libertad (PPL) por parte de la División Sanidad: días y horarios para cada módulo y ala, tiempo de suministro de medicamentos, prótesis e insumos de enfermería.
Además, solicitó conocer el estado de la implementación de la guardia sanitaria permanente, el régimen de esparcimiento y recreación, y el sistema de comunicación telefónica para cada módulo y ala, teniendo en cuenta la resolución que dispuso el retiro de los teléfonos celulares.
También quiere saber el procedimiento establecido para la recepción de visitas, con el horario de apertura de las instalaciones, la duración de la requisa y los días y horarios habilitados para cada módulo y ala.
En cuanto a la educación, solicitó un informe sobre la capacidad del establecimiento para brindar actividad educativa a los internos y los cupos disponibles para CENS, CEBJA y CCT.
Incluso en el último punto el juez pidió que “se comisione personal a su cargo a fin de efectivizar el traslado a esta judicatura (Secretaría en Complejo Almafuerte I) de las PPL referentes de cada módulo y ala, a fin de ser personalmente entrevistados hoy entre las 10 y las 11”.
Este último punto fue contestado por Rodolfo Valdez, director de Almafuerte, quien señaló que este punto “será de imposible cumplimiento, atento a que no existe una normativa que regule la figura de referente de PPL en la población penal, ni avala el Servicio Penitenciario la existencia de tal figura”.
Ante este planteo, la abogada Elena Quintero envió una contestación indicando que “si bien es cierto que no existe una norma jurídica que reglamente la figura del “referente”, en la práctica cotidiana y estructural del penal cada módulo y pabellón cuenta con referentes o “plumas”, tratándose de internos que ejercen un poder y control real sobre la vida diaria de los distintos sectores”.